Medellín, 6 de septiembre de 2024
Como Proceso Social de Garantías, Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia y
Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos –
CCEEU, manifestamos nuestro profundo rechazó a la reestructuración
administrativa de la Gobernación de Antioquia, consignada en el decreto
ordenanzal de este 5 de septiembre, modificando la estructura, organización y
funcionamiento de la administración.
En esta reestructuración desaparece la Secretaría de Asuntos Institucionales,
Paz y No Violencia y ubica a la Dirección de DDHH en la nueva Secretaría de
Seguridad, Justicia y Paz. Este cambio, justificado bajo un discurso de
austeridad, tiene implicaciones graves para la garantía de los Derechos
Humanos y la Construcción de Paz en el departamento, afectando a
organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, así
como a los liderazgos territoriales y a los firmantes del Acuerdo Final de Paz.
Una de las principales inquietudes radica en el cambio de enfoque que esta
nueva estructura trae consigo. Al convertir la dirección de DDHH en una
subsecretaría en la secretaría de Seguridad, pasa de ser una dirección con un
enfoque de garantías a los Derechos Humanos y su énfasis se desplaza de la paz
y la no violencia hacia una lógica securitista, de mantenimiento del orden
público, militarista y policivo, conjugación que ha traído consigo represión y
violaciones a los DDHH.
Aunque la seguridad es fundamental, si no se aborda con un enfoque basado
en la garantía de DDHH y de seguridad humana, se impone una lógica de la
fuerza sobre el diálogo, del castigo sobre la reconciliación, dificultando así la
posibilidad de generar nuevos escenarios de construcción de paz.
La protección de los Derechos Humanos no puede ser relegada a un lugar
secundario cuando Antioquia es uno de los departamentos donde más se
asesinan y amenazan a personas defensoras de DDHH y donde cada día se
profundiza aún más la crisis humanitaria por el conflicto armado. En lugar de
darle un lugar prioritario y de mantener igual o mayor el presupuesto para
DDHH y Paz, es alarmante que esta gobernación lo haya disminuido en un
48.5%.
Este momento de reestructuración administrativa debió ser una oportunidad
para reforzar y no para debilitar el compromiso con la paz y los derechos
humanos. Hacemos un llamado a todos aquellos comprometidos con la defensa
de la vida digna, la justicia y la paz genuina para que no permitan que estos
cambios desvíen la misión de proteger y promover los derechos de todos los
habitantes de Antioquia. En tiempos de cambio, es esencial recordar lo que
está en juego: la dignidad, los derechos y la vida de muchas personas que
dependen de la garantía de derechos de las instituciones.
Es necesario subrayar que la austeridad en el gasto público no puede ser una
carta utilizada para debilitar la capacidad institucional en materia de DDHH y
Paz. Que con estas acciones la gobernación va en contravía de la política
pública de DDHH y DIH departamental.