¡Para defender la vida, no existen las fronteras!

• La Mesa por los DDHH frente al poder empresarial, sesiona por primera vez en el municipio de Jericó, reconociendo la defensa del territorio por parte de las comunidades campesinas.
• La defensa de derechos humanos y del territorio no debe seguir siendo criminalizada ni estigmatizada por las empresas

18 septiembre, 2024

La subregión del suroeste antioqueño, compuesta por 23 municipios agrarios ricos en cultura y biodiversidad, han señalado sus preocupaciones por las alteraciones en su vida social, económica y ecológica debido a la presencia de la multinacional AngloGold Ashanti, la cual tiene proyectado la ejecución de proyectos mineros y se ha encargado de señalar y estigmatizar a los habitantes del municipio de Jericó y Támesis por oponerse a sus intenciones, las cuales van en contravía de la voluntad de los pobladores y la vocación agrícola propia de estos municipios. 

Por su parte, desde 2016, diversas organizaciones a nivel nacional han manifestado su preocupación ante la ausencia de marcos regulatorios vinculantes y políticas públicas que garanticen los derechos de las víctimas de las empresas; razón por la que se constituye la Mesa por los Derechos Humanos frente al Poder Empresarial como un espacio autónomo de organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos de la sociedad civil de Colombia, para el diálogo, la disertación, los aprendizajes mutuos y la búsqueda de propuestas comunes alrededor del análisis crítico de la conducta empresarial en el país.

Es importante mencionar que, aunque la multinacional mencionada no cuenta con la licencia ambiental necesaria, desde hace décadas la empresa ha iniciado acciones en el territorio; las más recientes han llevado a las comunidades a manifestarse pacíficamente, retirar maquinaria para la exploración y presentar un pliego de peticiones a las autoridades para que se proteja el territorio. Lo anterior, ha sido razón para que la misma empresa haya interpuesto tres querellas en contra de alrededor de 100 personas, incluyendo menores de edad; quienes buscaban defender su territorio viéndose así criminalizadas por el ejercicio democrático de sus derechos a la participación efectiva y a la justicia ambiental, principios que son pilares del Acuerdo de Escazú. 

Es por ello que, reconociendo la disputa territorial y la defensa de la vida en el Suroeste antioqueño, la Mesa por los Derechos Humanos frente al Poder Empresarial (La Mesa) ha sesionado el 18 de septiembre de 2024 en la vereda La Soledad, del municipio de Jericó, Antioquia. Las organizaciones que integran este espacio de articulación, en compañía de otros procesos y colectivos del país en defensa del agua, la vida y los territorios; y de representantes de la comunidad internacional como Brigadas Internacionales para la Paz – PBI, el Fondo Noruego para los Derechos Humanos, Diakonia y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia – RedHer, han asistido al encuentro con el propósito de conversar con la comunidad alrededor de temas de interés nacional y local, relacionados con el contexto y la actualidad del proceso de defensa del territorio, el Acuerdo de Escazú, el tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre multinacionales y Derechos Humanos, y la COP16 próxima a realizarse en la ciudad de Cali, del 19 de octubre al 1 de noviembre del año en curso. 

La Mesa le ha propuesto al país la necesidad de discutir un marco normativo que garantice la protección efectiva de los derechos humanos frente la marcada asimetría de las empresas, las cuales además de generar impactos sociales y ambientales derivados de la implementación de los proyectos extractivos, hacen ejercicio del uso abusivo del derecho para estigmatizar y criminalizar a las personas defensoras de los derechos humanos y el territorio. 

Si bien la Mesa ha puesto en la agenda pública los principales debates sobre los derechos humanos en contextos de actividades empresariales, es evidente que la persistencia en la defensa de los territorios es una tarea que debe seguir siendo fortalecida, exigiendo al Estado la garantía de la protección efectiva de quienes protegen el territorio y los derechos humanos. Finalmente, “¡para cuidar y defender el agua, no hay fronteras!”; así lo ha dicho don Gustavo, uno de los campesinos querellados que asistió a la audiencia pública realizada el 19 de septiembre de 2024 en el municipio de Jericó.