Una mirada de la conservación ambiental más allá de los escritorios

Por: Santiago Valencia Castro

La conservación ambiental se viene consolidando como elemento central del ordenamiento territorial del país, siendo las áreas protegidas pieza clave de lo que se ha denominado como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Estas figuras de protección ambiental tienen como objetivos la conservación, protección o restauración de zonas del país importantes para la estructura ecológica local, regional y nacional.

El avance institucional de este discurso en el país encuentra su raíz en las apuestas de organismos internacionales como lo son el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), así como de organizaciones multilaterales como la OCDE, el Banco Mundial y Bancos Regionales de Desarrollo, lo que posibilitó que en  la conferencia Río + 20 en 2012 se diera la “Declaración del Capital Natural”.

Esta concepción ve como obligaciones centrales de los Estados en la mitigación del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la construcción de políticas y regulaciones encaminadas al fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas, la capacidad sancionatoria ambiental y la creación de mercados verdes, sin poner en cuestión la lógica de acumulación a partir de la explotación masiva de la naturaleza

Siguiendo estos lineamientos, el Estado colombiano expidió  el Decreto 2372 de 2010 sobre áreas protegidas y en el año 2021 se expidió el Conpes 4050 del 2021 para la consolidación del SINAP, lo que ha conducido a la creación de 1552 áreas protegidas que ocupan una superficie de 49’358,639.15 hectáreas, equivalentes al 23,84 % del territorio nacional, según cifras del Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP)[1] Estos resultados en materia de expedición de figuras de conservación fueron utilizados por el gobierno de Juan Manuel Santos e Ivan Duque para poner a Colombia como ejemplo de protección a la naturaleza.

Sin embargo, en contravía de lo que entidades ambientales y anteriores gobiernos han  pretendido argumentar, la expedición masiva de figuras de protección no ha solucionado los conflictos socioambientales en los territorios ni ha detenido el proceso de deforestación, por el contrario este fenómeno ha tenido un incremento crítico en los últimos años al punto que en los últimos veintiún años llega a más de 3 millones de hectáreas[2]

Y es que esta forma de concebir la conservación ve en la mercantilización de los bosques, páramos y selvas la mejor manera de garantizar su protección, desconociendo las conflictividades que se generan al desconocer la participación efectiva de las comunidades en la creación y el manejo de figuras de ordenamiento ambiental, lo que propicia escenarios de vulneración de derechos para las poblaciones que habitan esos territorios

Esta perspectiva niega la necesidad de hablar del cambio del modelo extractivista, de la solución del conflicto armado y el respeto por los derechos de las víctimas a la hora pensar las estrategias de conservación. El desconocimiento de estos factores por parte de los entes estatales ha llevado a que las acciones de protección ambiental adelantadas desde el Estado, sean vistas en muchos lugares como una forma más de desplazamiento y despojo, lo que ha contribuido al aumento de los conflictos socio-ambientales en el país y de los riesgos a los que se enfrentan quienes ejercen la labor de defensa del territorio.[3]

Uno de los retos urgentes en materia de conservación es superar su visión corporativa, dejar de ver el tema de ordenamiento ambiental como un asunto sólo de expertos y poner en el centro a las comunidades y la búsqueda de soluciones reales a las conflictividades históricas de los territorios, no se puede seguir hablando de conservación desde los escritorios e imponer esquemas de ordenamiento que poco o nada se compadecen con las realidades que viven las comunidades, de lo contrario seguiremos siendo un país ejemplo en la existencia de áreas protegidas pero uno de los países más peligrosos para el liderazgo ambiental y con mayores índices de conflictos socio-ambientales.

[1] https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/registro-unico-nacional-de-areas-protegidas/

[2] https://www.wwf.org.co/?378752/Aumento-de-la-deforestacion-en-Colombia-en-2022-exige-acciones-urgentes#:~:text=La%20deforestaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20hoy,severos%20especialmente%20en%20la%20Amazonia.

[3] Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo  y la Paz INDEPAZ actualmente se presentan más de 160 conflictos ambientales en el país  https://indepaz.org.co/conflictos-socioambientales-en-colombia-multimedia/