- Organizaciones reconocen avances en materia de tierras e inclusión socioeconómica.
- Existen preocupaciones por escándalos gubernamentales, estancamiento de reformas sociales y continuidad de asesinatos de personas defensoras y firmantes de paz
- Informe también entrega datos de qué se recibió del anterior gobierno y en donde hay avances o retrocesos.
- Recomiendan a distintas ramas del poder colaboración armónica e independencia, concreción del Plan Nacional de Desarrollo y refuerzo a implementación del Acuerdo de Paz.
Bogotá 7 de septiembre de 2023. Este 7 de septiembre a las 9 am, las plataformas de derechos humanos que agrupan a 500 organizaciones de la sociedad civil presentan el informe Colombia. Laberintos del cambio: Derechos Humanos, Paz y Democracia, un año de avances y desafíos.
Es el primero que se lanza durante un gobierno de corte progresista que se comprometió en su campaña con los derechos humanos y ambientales.
La publicación contiene cinco capítulos donde se abordan: la herencia que dejó el Gobierno de Iván Duque y los desafíos que debe asumir el Gobierno de Gustavo Petro, el balance del primer año de gobierno en seguridad, paz, mujeres, agua, política exterior y los retos que debe asumir frente a la oposición. También hace un análisis del papel del Congreso de la República, los órganos de control y del Sistema Integral de Paz, para cerrar con un bloque grueso de recomendaciones a todos los organismos del Estado.
La herencia del anterior gobierno
El informe comienza con los aspectos más graves de la herencia de Duque como son el endeudamiento extremo, de 57% del Producto Interno Bruto, PIB, la deuda social, el deterioro de la seguridad y la crisis humanitaria como producto del incumplimiento de los Acuerdos de Paz y la expansión del narcotráfico -con un 43% de crecimiento en los cultivos de uso ilícito-, y de otras economías ilegales
La deuda social gigantesca que recibió Petro se expresa en que al final de gobierno Duque el 54% de la población no tenía garantizado el consumo diario de alimentos, 500.000 niños/as menores de 5 años padecían de desnutrición crónica, la pobreza era del 39,3%, y el 23,6% de los jóvenes en Colombia no podían estudiar ni trabajar.
Los avances del actual Gobierno
Según las organizaciones de derechos humanos, es al menos reconocible el enfoque de la defensa de los derechos humanos que ha hecho en repetidas oportunidades el Presidente de la República. En cuanto a hechos hay un reconocimiento en temas como la regularización de 807 mil hectáreas de tierras en el primer año de gobierno, la aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo construido participativamente, una reforma tributaria con rasgos de progresividad que permite recursos para reformas sociales y el programa renta básica ciudadana para los más pobres.
Preocupaciones que se mantienen en derechos Humanos
El informe plasma preocupaciones específicas como por ejemplo la falta de avances en la disminución del costo de servicios públicos, transportes, canasta familiar y el acceso al agua potable, el asesinato de líderes sociales y sobre los escándalos que envuelven a familiares del presidente y políticos de la coalición de gobierno.
Balance de la Paz Total
Sobre la política de paz total, el informe reconoce los esfuerzos de diálogos y conversaciones con actores armados, el cese bilateral al fuego pactado con el ELN y mecanismos de verificación, el retiro de 52 militares para depurar las fuerzas armadas de agentes incursos en actos de corrupción y paramilitarismo.
Por otra parte, manifiesta su preocupación por la continuidad en los asesinatos de líderes y lideresas sociales, 168 desde agosto de 2022, y 34 excombatientes, también por la persistencia de vínculos de agentes de la fuerza pública con estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo, por la transformación del ESMAD en UNDMO que, argumenta, no contó con participación real ni fue estructural.
También se refieren al papel de la Fiscalía en la impunidad en los ataques a personas defensoras y controvierte la cifra de 76% de esclarecimiento, pues solo hay un 5,6% de los casos tiene sentencias y ninguna que haya llegado a máximos responsables.
Sobre el Sistema Integral para la Paz
En relación con el Sistema Integral para la Paz, se resaltan las 67 recomendaciones que dejó la Comisión de la Verdad y se señala que no existe una ruta clara del gobierno actual para implementarlas.
Sobre la Unidad de Búsqueda, se señala que, de 103.955 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, a mayo de 2023 la Unidad ha recuperado 811 cuerpos, 12 personas vivas y ha llevado a cabo 187 entregas dignas. Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- se destaca que en los macrocasos 01 y 03 ya se ha avanzado hasta la resolución de conclusiones, pero persiste la preocupación de las organizaciones de derechos humanos sobre los estándares de impunidad sobre los crímenes no priorizados y/o seleccionados.
Sobre los derechos de las mujeres
En el capítulo dedicado a los derechos de las mujeres, destaca avances como la paridad en el gabinete y la inclusión en el Plan de Desarrollo del capítulo Mujeres Potencia del Cambio y el decreto de la Política Nacional de Cuidado, así como la entrega de tierras a 5.677 mujeres campesinas, el Plan Nacional de Acción de la resolución 1325 de Naciones Unidas y la participación de algunas mujeres en el Consejo Nacional de Participación de los diálogos con el ELN, pero insisten en la necesidad de incluir el enfoque de derechos de las mujeres, equidad de género y enfoques diferenciales de manera transversal en las propuestas de reformas sociales.
El papel del Congreso
En materia legislativa se destacan logros como la aprobación de la reforma tributaria y la ley de Paz total, el aumento en curules de partidos con apuestas en favor de los derechos humanos, con 46 curules nuevas, y la reducción de curules de partidos tradicionales, 55 menos, salvo el caso del Partido Conservador que aumentó en siete. Igualmente, el informe analiza cómo las reformas han enfrentado las fluctuaciones de la coalición de gobierno y de algunos partidos cercanos, así como el carácter clientelar de los partidos tradicionales, como principal obstáculo, incluso mayor al de los partidos que están en abierta oposición.
Para las organizaciones de derechos humanos es importante da trámite efectivo, informado y público a reformas sociales e iniciativas legislativas que busquen el avance de los derechos, avanzar en la reforma política de acuerdo con las recomendaciones de la Misión Electoral Especial –MEE-, el impulso de la paz y justicia social en los territorios, y una reforma integral del sistema de justicia para garantizar una administración independiente de la rama, accesible y equitativa para toda la ciudadanía.
Sobre el tema del Agua
En el capítulo dedicado al agua, se destaca el lugar preponderante que se le da en el Plan Nacional de Desarrollo ya que se contempla el agua como sujeto de especial protección, determinante en la planeación y ordenamiento del territorio, la gestión comunitaria del agua.
Ámbito internacional
En el ámbito internacional, se destacan la reactivación de las relaciones con Venezuela, el posicionamiento de la crisis climática en la agenda común internacional, la designación a la presidencia de la CELAC para el 2025, el cambio de paradigma de la política antidrogas en el país, la resolución A/HRC/RES/53/22, para fortalecer la garantía de derechos humanos en Colombia y promover la construcción de paz en el país, y la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para extender el mandato de la Misión de la ONU encargada de la verificación del cese al fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla del ELN.
Sobre los organismos de Control
Sobre el papel de los organismos judiciales el informe de las plataformas señala el asedio y el desvío de funciones para participar en política, del fiscal Francisco Barbosa, la Procuradora Margarita Cabello y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quienes se han encargado de entorpecer y desprestigiar la paz total, así como de frenar las reformas.
Recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos
- El informe cierra con un capítulo de recomendaciones al gobierno en materia de paz, democracia y derechos sociales, donde insisten en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016, con énfasis en la Reforma Rural Integral, la articulación entre las políticas de paz total, desmantelamiento de estructuras y conductas criminales, seguridad, defensa y convivencia ciudadana, y la política de derechos humanos, y una Política Pública Integral de Garantías para personas defensoras de derechos humanos.
- También que los escenarios de diálogos y conversaciones con estructuras armadas contemplen plenas garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, y que el gobierno impulse cese multilateral del fuego y exija a los actores armados compromisos humanitarios y con los derechos humanos más allá del cese de hostilidades.
- Las plataformas de derechos humanos incluyen recomendaciones al gobierno sobre la reducción del gasto militar, la regulación de las armas de menor letalidad y la concreción de la nueva política antidrogas comenzando con el cumplimiento del PNIS demás los acuerdos ya establecidos con las y los cultivadores, el impulso de regiones de paz, diálogos regionales y misiones de paz.
- En materia de democracia, el informe recomienda garantías para la participación ciudadana y que esta sea decisoria, impulso de las reformas contempladas en el referendo contra la corrupción, una reforma estructural a las fuerzas armadas que supere escenarios de autorreforma de espaldas a la sociedad como el de la Policía, el cumplimiento de las promesas de campaña sobre desmonte efectivo del ESMAD, hoy UNDMO y una ley estatutaria de garantía de la protesta social.
- En derechos sociales, el informe recomienda al gobierno medidas para atacar el hambre en el corto plazo, y priorizar la superación de la pobreza, la desigualdad y la segregación socioespacial en la política pública nacional, así como el desarrollo de un plan de acción con indicadores de impacto en la transformación de la vida de las y los colombianos, para concretar el mandato del Ministerio de la Igualdad, e insistir en el impulso de una reforma laboral que propenda por estabilidad en los contratos y la formalización en sectores de trabajadores siempre excluidos del mundo del trabajo.
- Sobre la implementación del Acuerdo de Escazú, recomiendan al gobierno articular su reglamentación con los avances sobre derecho a la información, el fortalecimiento de la participación, la transparencia en las políticas públicas ambientales a nivel nacional, y por supuesto, garantías de seguridad para los liderazgos ambientales, así como culminar los procesos de delimitación de las áreas ambientalmente importantes y establecer planes de manejo que aseguren su recuperación y protección.
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Autores:
– La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, plataforma colombiana de organizaciones que defienden los derechos humanos, es un espacio de concertación y articulación para la incidencia en favor de la salida política al conflicto armado, y una cooperación para la paz y la democracia en Colombia, creada en el 2003, con una membresía aproximada de 172 organizaciones, redes y movimientos sociales y ONG especializadas.
– La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU es una plataforma de organizaciones de derechos humanos y sociales, en cuyo mandato se reconoce como: Un actor colectivo de incidencia internacional y nacional, que mediante una agenda política de trabajo busca contribuir a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos con énfasis en derechos civiles y políticos, la lucha contra la impunidad, la vigencia del Estado social de Derecho y la construcción de paz. Es una plataforma autónoma, amplia y plural de encuentro y trabajo compartido conformada por 290 organizaciones de diferentes regiones del país.
– La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y desarrollo – PCDHDD, se concibe como una red plural, convergente y autónoma de 135 organizaciones sociales, comunitarias, y ONG, que promueve un modelo de desarrollo basado en la democracia y en la promoción y respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales, ambientales y de la naturaleza y la justicia social.
Temporalidad del informe: El documento abarca lo sucedido entre el 7 de agosto de 2022 hasta 7 de agosto de 2023