A pocos días de la movilización en conmemoración del 8 de marzo, día internacional por los derechos de las mujeres, dos mujeres jóvenes, feministas, estudiantes, trabajadoras y deportistas, de El Carmen de Viboral, quienes participaron de la movilización del 25 de noviembre del 2024 en la ciudad de Medellín, fueron señaladas como presuntas responsablesde materializar daños en la infraestructura inmobiliaria de la estación del metro plus Colón. El 17 de febrero de 2025, las autoridades judiciales realizaron el allanamiento, registro y captura, incautando un celular y prendas de vestir. Tras el operativo fueron imputadas por los delitos de daño en bien ajeno agravado en concurso heterogéneo con perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial agravado, y terrorismo con circunstancias de menor y mayor punibilidad.
El procedimiento de allanamiento y registro se desplegó de manera desmesurada, pues a los lugares de residencia llegaron aproximadamente 10 funcionarios del CTI. Además, las autoridades y medios de comunicación han venido dando un tratamiento desproporcionado, criminalizando los símbolos y reivindicaciones de las luchas de las mujeres y las apuestas feministas; en un intento por construir el imaginario de delincuentes de actos de terrorismo.
Algunos medios de comunicación han hecho referencia a los elementos incautados como “un pendón de un grupo feminista”, “cuatro pañoletas con logos de colectivos radicales”[1], “pañoletas con mensajes feministas”[2]. Llama la atención que estos símbolos y recursos propios de las manifestaciones, que en sí mismos no representan un riesgo, ni tienen la facultad de causar daños, hayan sido presentados como elementos materiales probatorios y de investigación de los delitos referidos.
En consecuencia, la Fiscalía ha solicitado de forma innecesaria y desproporcionada la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, solicitud que la representante del Ministerio Público coadyuvó, sosteniendo que estas dos jóvenes feministas constituyen un peligro para la comunidad, por la naturaleza y por el número de delitos que se les endilgan. Esto, en contexto de protesta, se ha identificado como una estrategia de la Fiscalía para criminalizar este derecho, imputando varios delitos entre ellos el terrorismo, justificando la solicitud de medida de aseguramiento.
La acción desproporcionada del sistema de justicia pone en evidencia su intención sancionatoria y aleccionadora para las mujeres que tienen reivindicaciones feministas, transgreden los mandatos patriarcales y se manifiestan contra un sistema que promueve la desigualdad, la discriminación, las violencias basadas en género y la impunidad. Se puede reconocer en su intención un mensaje de intimidación de cara a la histórica, permanente y próxima manifestación del 8 de marzo; y al mismo tiempo, reafirmar la urgencia por seguir manifestándonos y movilizándonos en exigencia de los derechos de las mujeres, que en una nueva oportunidad vuelven a ser vulnerados.
Esta lógica institucional de persecución, estigmatización y criminalización del movimiento de mujeres y del derecho a la protesta se ha reflejado en otras oportunidades que denotan la sistematicidad. Recordamos los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2024, en la ciudad de Medellín, cuando se llevaron a cabo detenciones arbitrarias; así como las requisas policiales posteriores realizadas a mujeres que portaban pañuelos verdes o morados. El cartel que se publicó el 11 de marzo del mismo año, suscrito por la policía metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín, en el que se expusieron las fotos de ocho mujeres (entre ellas menores de edad) que fueron señaladas de ser responsables de hechos delincuenciales y vandalismo. Se sumaron los pronunciamientos estigmatizantes de medios de comunicación tras la publicación del mencionado cartel, así como de funcionarios y funcionarias de la administración municipal, lo que promovió la reacción y proliferación de mensajes misóginos y discursos de odio contra las mujeres que se movilizan y reivindican sus derechos.
Todo lo anterior, termina por ser espejo de una sociedad que criminaliza las simbologías, consignas y reivindicaciones feministas, como una estrategia de sostenibilidad del orden patriarcal. ¿Dónde está la sociedad cuando se violentan los derechos de las mujeres?, ¿en qué portada de los medios se reconocen las luchas y se exige la justicia en respeto y perspectiva de las víctimas?, ¿dónde se halla la prontitud del sistema de justicia y debida diligencia, cuando de una violencia basada en género se trata?
Los porcentajes de impunidad frente a delitos que se cometen contra las mujeres en razón del género en casos de violencia sexual y desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado se reflejan en un 97%[3] de los casos denunciados. En este mismo sentido, se señala que el 99 % de los casos de acoso sexual, el 97 % de los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar cometidos contra mujeres y niñas, así como el 78% de los feminicidios, quedan en impunidad[4].
Está suficientemente claro que las mujeres somos víctimas de un Estado patriarcal y de la desigualdad que persiste en la administración de justicia. El Estado sigue en deuda con el cumplimiento de los deberes que tiene para reducir las brechas de género y garantizar que las mujeres podamos ejercer efectivamente nuestros derechos, entre ellos el derecho a una vida libre de violencias. Persiste el vacío institucional de reconocimiento a las mujeres por los costos y la persistencia histórica para habitar los espacios públicos, movilizaciones y reivindicar nuestros derechos.
Es determinante y hace parte de nuestras exigencias que para el caso descrito en el presente pronunciamiento y otros en cuestión, las administraciones locales, el sistema de justicia, los entes de control, incorporen efectivamente la perspectiva de género en el cumplimiento de sus deberes para garantizar a las mujeres el derecho a defender sus derechos, el derecho a la protesta y a las garantías procesales a quienes han sido vinculadas a algún proceso penal. Por lo pronto, seguiremos haciendo eco de nuestras reivindicaciones en los distintos escenarios de incidencia, públicos y privados, en correspondencia a la histórica lucha de las mujeres por nuestros derechos.
Suscriben:
Corporación Jurídica Libertad
Asociación de Mujeres Emprendedoras de Yarumal – AMY
Casa Cultural Botones
Consejería de Mujer y Género – Organización Indígena de Antioquia
Colectiva Carmen
Colectiva Justicia Mujer
Colectiva La Grieta
Colectiva La Hoguera
Colectiva Libertarias
Colectiva Marabunta
Colectiva teatral La Caldera
Comité de Género Universitario de la Universidad de Antioquia
Comuna en solidaridad y construcción del Confederalismo Democrático Antioquia
Consejo Municipal de Paz – El Carmen de Viboral
Corporación Educativa Combos
La colectiva de teatro
Mesa Humanitaria de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia
Mujerarte 69
Mujeres Caminando por la Verdad
Red de Alihadas por una vida Libre de Violencias
Sub Comisión Mujeres y Género – Proceso Social de Garantías
Vamos Mujer
Víboras Púrpura
5 Hebras
[1]https://mioriente.com/medellin/capturadas-danos-metroplus-marchas.html
[2] ttps://caracol.com.co/2025/02/20/capturan-a-dos-mujeres-por-vandalizar-la-estacion-colon-del-metroplus-en-noviembre-del-2024/
[3] Según el lo informe de la Mesa de Seguimiento a los autos 092 de 2008 y 515 de 2018 https://codhes.org/2024/04/12/persiste-la-impunidad-para-casi-la-totalidad-de-las-victimas-de-violencia-sexual-en-el-marco-del-conflicto-armado-y-el-desplazamiento-forzado/
[4] Según el informe de seguimiento de la ley 1257 de 2008, publicado a finales del 2024 por la Red Nacional de Mujeres https://www.swissinfo.ch/spa/el-99-%25-de-casos-de-acoso-sexual-y-78-%25-de-feminicidios-en-colombia-est%C3%A1n-en-la-impunidad/88487456 .
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153