La Comuna 8 reclama un POT que deje de expulsar y empiece a garantizar derechos
Medellín, noviembre de 2025 — En la UVA Sol de Oriente, la Comuna 8 volvió a reunirse para una tarea inaplazable: discutir cómo queda el territorio en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La audiencia pública, convocada por la Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8 y la Corporación Jurídica Libertad, reunió a liderazgos comunitarios, organizaciones sociales y a delegados de EPM, el DAGRD, ISVIMED y la Alcaldía de Medellín.
La comunidad reconoció la presencia institucional y el valor de que las entidades escuchen; sin embargo, advirtió un vacío crítico. Quienes asistieron no tenían capacidad de decisión, lo que impide avanzar en cambios reales para los barrios de la ladera.
“No basta con escuchar. Necesitamos que quienes toman decisiones vengan a mirar a los ojos a las familias y a comprometerse con soluciones reales”, expresaron voceras de la Mesa de Vivienda y Hábitat.
Diez años proponiendo, diez años esperando
Durante las intervenciones se recordó un punto clave de la memoria colectiva del territorio: la Consulta Popular de 2014, en la que la Comuna 8 definió su hoja de ruta para la dignidad. Allí se aprobó:
- Permanencia de las familias en el territorio
- Clasificación y mitigación del riesgo
- Mejoramiento Integral de Barrios
- Titulación y legalización de predios
- Servicios públicos domiciliarios
- Mejoramiento de vías
- Inclusión de asentamientos dentro del perímetro urbano
- Zonas para seguridad alimentaria
- Mecanismos de concertación frente al POT y grandes proyectos
Once años después, estas propuestas siguen esperando implementación, a pesar de haber sido presentadas año tras año en cabildos, audiencias y mesas de trabajo.
La comunidad fue clara. El incumplimiento sistemático del Distrito vulnera derechos humanos fundamentales como la vivienda digna, la seguridad en la tenencia, el acceso a servicios públicos y la protección frente a riesgos.
¿Un POT que excluye a quienes construyen la ciudad?
Durante la audiencia se cuestionó de manera directa el enfoque con el que el Distrito ha manejado los estudios y las decisiones sobre el suelo en la ladera:
- Se utilizan estudios desactualizados para declarar zonas de riesgo.
- Esta declaración de zonas de riesgo, en ocasiones imprecisa, se convierte en excusa para no invertir en los barrios.
- La respuesta ante emergencias o deslizamientos ha sido demoler viviendas o desalojar familias, en lugar de prevenir y mitigar.
- Los instrumentos de planificación de segundo y tercer nivel, necesarios para legalizar barrios y orientar inversiones, no se han ejecutado, a pesar de solicitudes formales desde 2021.
La comunidad fue contundente al recordar que las manchas rojas en los mapas no son áreas vacías, son son hogares con historia, arraigo y derechos.
Las preguntas que la institucionalidad no puede seguir evadiendo
La audiencia pública dejó varias interrogantes esenciales para la Medellín de hoy:
- ¿Qué ha significado para miles de familias vivir bajo la etiqueta de “déficit habitacional”?
- ¿Cómo se gestionará el suelo para garantizar vivienda en territorios ya poblados?
- ¿Por qué la Política Pública de Protección a Moradores y el Plan Estratégico Habitacional 2030 siguen “en el papel”?
- ¿Qué pasará con quienes, por precariedad económica o informalidad laboral, no califican para ningún subsidio?
Las respuestas no pueden seguir posponiéndose.
Las propuestas: decisiones posibles, necesarias y urgentes
Lejos de limitarse a la denuncia, la Comuna 8 presentó un conjunto de propuestas técnicas, jurídicas y sociales, todas respaldadas en normativas vigentes. Algunas son:
- Reglamentar y aplicar instrumentos que permitan legalizar y regularizar barrios.
- Actualizar los estudios de riesgo y articularlos con la realidad del territorio.
- Ampliar y flexibilizar los mecanismos de acceso a vivienda digna.
- Implementar estrategias de mejoramiento estructural, no solo de demolición.
- Crear convenios y alianzas público–comunitarias para gestionar suelo y hábitat.
- Aplicar la Ley 2044 de 2020 sobre saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos.
- Garantizar que el POT incorpore enfoques de acción climática, mitigación y adaptación.
El mensaje de fondo es claro, no se trata de incumplir la ley, sino de aplicarla en favor de quienes históricamente han sido excluidos.
“La planeación del territorio es una cuestión de dignidad”
La audiencia cerró con la certeza compartida de que la planeación no puede seguir siendo un ejercicio técnico que ignora a quienes viven en el territorio. Los barrios de la ladera han sido construidos por la gente, con sus manos, su trabajo y su organización comunitaria.
La Comuna 8 reafirmó que, en esta actualización del POT, mantendrá y defenderá las propuestas construidas colectivamente durante más de una década, y exigió que el Distrito y las instituciones tomen decisiones inmediatas para garantizar los derechos de las familias.
Mientras tanto, la comunidad sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Organizarse, proponer y luchar por una ciudad donde vivir dignamente no sea un privilegio, sino un derecho.