Inundaciones en Medellín: crisis climática y una gestión del riesgo desigual

El aguacero que se desató en Medellín el 28 de enero fue catalogado como histórico. Aunque estos meses suelen ser más secos, el evento no fue inesperado. Existía información suficiente emitida por distintos centros de monitoreo hidroclimático que advertía sobre la posibilidad de lluvias de esta magnitud y sobre los efectos que podían generar. Lo ocurrido no puede entenderse como un accidente ni como un hecho producto del azar, sino como la consecuencia de un cúmulo de decisiones políticas y administrativas que han marcado la forma en que la ciudad se ha ordenado y expandido.

Durante décadas, Medellín ha privilegiado un modelo de ordenamiento territorial orientado al negocio inmobiliario y turístico, aplazando de manera sistemática la implementación de medidas estructurales de adaptación al cambio climático y la corrección de errores históricos. Entre estos se encuentran la alta impermeabilización del suelo, la reforestación con especies inadecuadas como pino y eucalipto, la canalización e intervención de cauces de quebradas, el relleno de humedales, la baja capacidad de almacenamiento de los sistemas de drenaje y la ausencia de sistemas efectivos de separación y manejo de residuos sólidos, que hoy dependen en gran medida del reciclaje informal.

Cuando llueve con intensidad, la ciudad colapsa. Sin embargo, ese colapso no se manifiesta de la misma manera para todas las personas ni en todos los territorios. Las inundaciones del 28 de enero ocuparon titulares, redes sociales y pronunciamientos oficiales porque afectaron zonas privilegiadas como vías principales, sectores comerciales y áreas donde el daño es visible y tiene impacto directo sobre grupos económicos y de poder. En estos casos, la emergencia se vuelve prioritaria, se activa rápidamente la institucionalidad y se despliega un discurso de gestión y control de la situación.

Esta reacción contrasta de manera profunda con lo que ocurre en los barrios autoconstruidos de ladera y borde urbano-rural. En estos lugares la emergencia no es excepcional, sino permanente. Allí, cada temporada de lluvias trae consigo movimientos en masa, avenidas torrenciales, colapsos de viviendas, afectaciones a las vías de acceso y personas atrapadas. Las comunidades enfrentan estos riesgos sin seguros frente a los daños, sin respuestas inmediatas y sin procesos reales de recuperación. En estos territorios no hay cámaras, ni transmisiones en vivo, ni ruedas de prensa. El dolor solo se vuelve visible cuando hay muertes, como si la pérdida de la vida fuera el único umbral que merece atención pública.

Esta diferencia en la forma de atender y narrar las emergencias revela una profunda desigualdad socioespacial. La crisis climática no afecta a todos por igual, pero sí expone con claridad las prioridades de la ciudad. Mientras en los sectores populares el riesgo se naturaliza, la respuesta institucional suele centrarse en la criminalización de la población que habita estos territorios, en evacuaciones y desalojos que profundizan la incertidumbre y en la ausencia de soluciones de fondo frente al déficit habitacional histórico, agravado hoy por procesos acelerados de gentrificación.

Hablar de inundaciones en Medellín no es solo hablar de lluvias. Es hablar de un modelo urbano que produce y administra el riesgo de manera desigual, de una gestión que prioriza el impacto mediático sobre la prevención y de una crisis climática que actúa como amplificador de injusticias preexistentes. Persistir en la inacción climática, especialmente en los sectores populares, significa aumentar la probabilidad de tragedias evitables.

Desde la Corporación Jurídica Libertad, en articulación con organizaciones comunitarias y barriales de sectores autoconstruidos, se viene reclamando de manera sostenida la implementación de medidas estructurales de adaptación. Entre ellas se encuentran la reforestación y el mantenimiento de quebradas, el mejoramiento de los sistemas de drenaje, la consolidación de alcantarillados no convencionales, la restauración ecológica, la siembra de sistemas agroforestales, la instalación de trinchos para disminuir la velocidad de las corrientes y el fortalecimiento de sistemas adecuados de manejo y separación de residuos en zonas de difícil acceso.

Estas propuestas no buscan desplazar a las comunidades, sino garantizar la permanencia digna en los territorios y empezar a reparar una deuda histórica en medio de la crisis climática y ambiental que atraviesa la ciudad. En este contexto, preocupa que programas anunciados recientemente, como “Mi río, Mis quebradas”, terminen concentrando la mayor parte de sus recursos en las zonas que tuvieron mayor impacto mediático, desconociendo una vez más la magnitud de las afectaciones en los barrios populares de ladera.

Gestionar el riesgo en las laderas es gestionar el riesgo en todo el valle. Por ello, además de la exigencia institucional, resulta fundamental que las organizaciones barriales y comunitarias continúen fortaleciendo procesos autónomos de monitoreo de quebradas, articulación con sistemas de información como el SIATA, mantenimiento comunitario de canalizaciones, identificación de rutas de evacuación y construcción de redes de comunicación vecinal para la generación de alertas tempranas.

La crisis climática exige transformaciones profundas en la forma en que se piensa y se gobierna la ciudad. Medellín no puede seguir reaccionando solo cuando el desastre toca a los sectores privilegiados. La gestión del riesgo debe asumirse como una responsabilidad política y social, atravesada por la justicia climática, ambiental y territorial, y orientada a proteger la vida antes de que la tragedia vuelva a repetirse.