El 6 de marzo nació en 2008 en un contexto de profunda estigmatización contra el movimiento social y de derechos humanos en Colombia. En ese momento, el país atravesaba uno de los picos más altos del conflicto armado, se consolidaron las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y desde distintos sectores del poder se promovía la negación o minimización de la responsabilidad estatal en graves violaciones a los derechos humanos. Las víctimas de crímenes de Estado eran cuestionadas, señaladas o invisibilizadas, mientras sus demandas de verdad y justicia eran tratadas como incómodas o desestabilizadoras.
En ese escenario surgió el 6 de marzo como una jornada nacional e internacional convocada por víctimas de crímenes de Estado y organizaciones sociales para afirmar públicamente una verdad que se pretendía silenciar: el Estado colombiano también ha sido responsable de crímenes graves y sistemáticos. La fecha no fue una concesión institucional ni una declaración oficial; fue una conquista política de las víctimas de crímenes de Estado que decidieron organizarse, ocupar el espacio público y exigir reconocimiento, justicia y dignidad.
Desde entonces, el Día Internacional de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado se ha consolidado como un referente ético y político en la defensa de los derechos humanos en Colombia. No es un acontecimiento simbólico; es un recordatorio de que la democracia no puede sostenerse sobre la negación de responsabilidades ni sobre la impunidad.
Hoy, casi dos décadas después, la impunidad sigue siendo una de las principales deudas del Estado colombiano. En desaparición forzada, de más de 214.000 hechos registrados en el país, apenas alrededor de 305 han culminado en sentencias condenatorias, lo que refleja niveles de impunidad cercanos al 99 %. En materia de ejecuciones extrajudiciales, miles de casos documentados continúan sin sanciones integrales que alcancen a todos los niveles de mando. Durante el estallido social de 2021 se registraron homicidios, lesiones graves incluidas afectaciones oculares permanentes y múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza, mientras los avances judiciales han sido parciales y limitados. A esto se suma el persistente asesinato de líderes y lideresas sociales, con tasas de esclarecimiento que no corresponden a la gravedad del fenómeno.
Estas cifras no son meros datos estadísticos. Son la evidencia de una estructura de impunidad que ha permitido que graves violaciones a los derechos humanos se repitan en distintos momentos históricos. La responsabilidad del Estado no puede diluirse en debates técnicos ni en interpretaciones coyunturales. Reconocer esa responsabilidad es un requisito mínimo para la construcción de una paz estable y duradera.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) ha sido, desde su creación, un espacio de articulación y resistencia frente a esa impunidad estructural. Nuestra labor ha consistido en documentar casos, acompañar procesos judiciales, impulsar políticas de memoria, denunciar patrones de violencia estatal y exigir transformaciones institucionales profundas. Nuestra existencia misma es una interpelación al poder y una afirmación de que la dignidad de las víctimas no es negociable.
En un país donde históricamente se intentó reducir los crímenes de Estado a hechos aislados o responsabilidades individuales, el MOVICE ha insistido en señalar la dimensión sistemática de estas violaciones y en exigir que la justicia alcance no solo a los ejecutores materiales, sino también a quienes diseñaron, ordenaron o permitieron estas prácticas: aquellos que históricamente han dado la orden.
El 6 de marzo sigue siendo, por tanto, una fecha necesaria. Porque la impunidad no ha sido superada. Porque la memoria no puede ser relativizada. Porque el reconocimiento de la dignidad de las víctimas implica asumir responsabilidades, transformar instituciones y garantizar que nunca más el poder público sea utilizado para vulnerar derechos humanos.
Por ello, insistimos en que el 6 de marzo debe ser reconocido como una fecha política fundamental para el país. No se trata únicamente de una jornada de las víctimas, sino de un día que interpela a la sociedad en su conjunto sobre el tipo de Estado y de democracia que queremos construir. Un país que evade su responsabilidad histórica está condenado a repetirla; un país que reconoce, asume y transforma, abre caminos reales hacia la no repetición.
El 6 de marzo merece respeto institucional, reconocimiento público y garantías para su conmemoración en todos los territorios. Merece ser entendido como un acto de memoria activa que fortalece la democracia y no como una fecha incómoda que se tolera en silencio. Darle lugar a esta jornada es darle lugar a la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado y a su derecho a exigir verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Porque la memoria no es un gesto simbólico: es una posición política frente al poder. Y mientras persista la impunidad, seguiremos nombrando lo que algunos intentan ocultar y negar. Seguiremos afirmando que la responsabilidad estatal debe ser reconocida y sancionada. Seguiremos diciendo con claridad y sin ambigüedades: #FueElEstado.
El viento de la memoria siembra justicia y disipa la impunidad.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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