La situación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el Nororiente colombiano durante 2025 estuvo marcada por la intensificación del conflicto armado y la disputa territorial entre diferentes estructuras armadas, con graves consecuencias para la población civil. En Arauca, Magdalena Medio, Santander y especialmente en el Catatumbo, se registraron homicidios selectivos, desapariciones, amenazas, desplazamientos masivos, confinamientos y restricciones a la movilidad, en un contexto de expansión de las economías ilícitas y consolidación de formas de control social. Estas dinámicas afectaron particularmente a comunidades campesinas, pueblos indígenas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos.
El Catatumbo concentró una de las mayores crisis humanitarias de la región tras la intensificación de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC. Entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 64.783 personas desplazadas y 12.913 confinadas, además de 117 homicidios, 32 personas lesionadas y cinco firmantes del Acuerdo de Paz desaparecidos. A esta crisis se sumaron ataques contra la población civil, el uso de drones con explosivos y otras infracciones al DIH, profundizando la ruptura del tejido social y afectando especialmente a las organizaciones comunitarias que históricamente han defendido la permanencia y los derechos de las comunidades en el territorio.