El poder que amenaza las territorialidades campesinas

La situación del campo colombiano no es fácil de abordar. La magnitud de los retos que enfrenta, marcada por la alta concentración de la tierra y la ausencia de políticas justas que impulsen la diversificación y la prosperidad de la vida campesina, mantiene abiertas numerosas preguntas sobre quién decide qué ocurre en los territorios rurales del país.

¿Quién decide qué pasa con el campo colombiano? ¿Los grandes propietarios? ¿Las empresas? ¿Los gobiernos de turno? ¿O quienes han vivido, trabajado y cuidado esas tierras durante generaciones?

A pesar de los esfuerzos históricos por revertir este desequilibrio, los impactos del conflicto armado y el desplazamiento forzoso, el modelo de desarrollo rural cimentado en la revolución verde y las alianzas entre grupos económicos y clanes políticos regionales para imponer proyectos extractivistas han dejado un acumulado de promesas sin cumplir. Entre ellas se encuentra una reforma agraria que no avanza y cientos de instrumentos de planificación y políticas públicas que permanecen estancados debido a múltiples barreras institucionales.

Esta situación se profundiza en contextos de zozobra permanente provocados por la presencia cada vez más agresiva de actores armados. En estos escenarios se legitiman formas de control territorial, se limita el acceso a recursos e infraestructura y, al mismo tiempo, se profundizan los discursos de estigmatización contra las organizaciones campesinas.

Aunque existe un reconocimiento de que las comunidades campesinas y étnicas son las más afectadas por el conflicto armado, persisten contradicciones entre las disposiciones normativas y las decisiones que se toman en los territorios.

En Colombia se han declarado territorios ZOMAC y PDET; se han establecido figuras como las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos, sustentadas en experiencias globales exitosas y en la necesidad de proteger el derecho a la alimentación; y se han fortalecido alternativas de ordenamiento territorial como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), muchos de ellos ya constituidos.

Asimismo, se busca consolidar la jurisdicción agraria y los jueces de tierras, y se ha creado un gran número de comités municipales de reforma agraria. Sin embargo, pese a estos avances, alcaldías y gobernaciones, así como corporaciones autónomas regionales, defienden intereses de grandes empresas y latifundios al desconocer progresivamente estas determinaciones normativas.

Estas decisiones se alejan del mandato de reparar al campesinado y garantizar sus condiciones para una vida digna. En su lugar, se crean figuras como las provincias, que imponen determinadas vocaciones económicas, mientras gana terreno un discurso ambientalista oportunista y acomodado a los intereses privados.

Este discurso termina criminalizando al campesinado y facilitando la entrada de empresas que, además, niegan el acceso a la información, cierran caminos ancestrales y desarrollan otras prácticas que afectan las posibilidades de las comunidades de permanecer y decidir sobre sus territorios.

Pese a este panorama, las comunidades campesinas continúan organizándose y construyendo alternativas. Desde Anorí y Campamento hasta El Carmen de Atrato y el Oriente Antioqueño, pasando por Jericó, Tarazá y tantos otros territorios de Antioquia y Chocó, el campesinado elabora planes de vida digna y exige su implementación.

También apuesta por transiciones justas y busca, más que nunca, el pleno reconocimiento de su dimensión ambiental y cultural, así como el respeto por sus derechos colectivos y la defensa del territorio, de los nacimientos y cuerpos de agua.

Estas comunidades defienden, además, la posibilidad de construir un modelo propio de producción y comercialización que ponga en el centro la soberanía alimentaria y la permanencia en el campo. Se trata de reivindicar la autodeterminación y la posibilidad de acceder a escenarios de participación reforzada del campesinado, como parte fundamental de la construcción de territorios donde la vida campesina pueda desarrollarse dignamente.