A 24 años de la Operación Orión, la impunidad persiste y la búsqueda de nuestros seres queridos continúa

Medellín, 16 de octubre de 2026

Han pasado 24 años desde la Operación Orión, la intervención militar que inició el 16 de octubre de 2002 y se mantuvo durante días, incluso meses, en la Comuna 13 de Medellín, que estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados. Las víctimas seguimos exigiendo verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Nuestros seres queridos continúan desaparecidos y la responsabilidad del Estado frente a estos crímenes sigue siendo una deuda que no admite más dilaciones.

Durante estos 24 años hemos sostenido la búsqueda, la memoria y la exigencia de justicia frente a la impunidad. Hemos enfrentado el silencio, la indiferencia y los intentos de negar o distorsionar lo ocurrido. Sin embargo, nuestras voces siguen presentes para recordarle al país que la Operación Orión no puede reducirse a una fecha para conmemorar. La verdad sobre las operaciones militares, la participación de agentes estatales y la actuación conjunta con estructuras paramilitares debe esclarecerse plenamente, con reconocimiento de las responsabilidades individuales e institucionales.

Esperamos que la JEP avance con rigor, independencia y diligencia, y que sus actuaciones se traduzcan en resultados concretos para las víctimas. La justicia transicional debe responder a las expectativas de quienes hemos sostenido durante décadas la exigencia de verdad y justicia, garantizando nuestros derechos y nuestra participación. 

Esta exigencia se encuentra con un panorama preocupante. A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, las víctimas vemos cómo se debilitan las condiciones para acceder a la verdad y la justicia, mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) enfrentan recortes presupuestales que ponen en riesgo sus capacidades de investigación, búsqueda, identificación y acompañamiento a las familias. Estas decisiones amenazan procesos construidos durante años y profundizan la incertidumbre de quienes seguimos esperando respuestas.

La búsqueda no puede detenerse por falta de recursos. Cada recorte significa menos posibilidades de avanzar en la investigación, recuperar los cuerpos de nuestros seres queridos, identificarlos y garantizarles una entrega digna. En la Comuna 13, esta realidad tiene un significado profundo. La búsqueda en La Escombrera avanza en su fase 6, después de importantes hallazgos que han confirmado la necesidad de persistir en la investigación y la búsqueda. Cada avance renueva la esperanza de las familias, pero también nos recuerda que todavía faltan personas por encontrar y que no puede haber descanso mientras permanezcan desaparecidas.

Nos preocupa, además, las decisiones que está tomando el actual gobierno frente a las obligaciones con las víctimas. La desfinanciación de las instituciones, los cuestionamientos a la justicia transicional y el avance de discursos negacionistas amenazan con relegar nuevamente nuestros derechos y nuestras demandas. No aceptamos que, después de décadas de lucha, se debiliten las herramientas que deben contribuir al esclarecimiento de la verdad, la reparación de los daños y la construcción de garantías para que estos crímenes no se repitan.

La centralidad de las víctimas debe expresarse en decisiones, recursos y acciones concretas. No basta con mencionarnos en los discursos institucionales ni con reconocer formalmente nuestros derechos. Necesitamos instituciones capaces de cumplir sus mandatos, procesos judiciales que escuchen nuestras voces y políticas públicas que garanticen la continuidad de la búsqueda y el acompañamiento digno a las familias.

A 24 años de la Operación Orión, seguimos buscando a nuestros seres queridos y defendiendo la memoria de quienes nos fueron arrebatados. No permitiremos que el paso del tiempo, la impunidad ni el debilitamiento institucional conviertan la desaparición de nuestros familiares en un hecho condenado al olvido.