Comunicado: Alerta a la comunidad nacional e internacional por confinamiento de poblaciones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y Urabá, Antioquia.

Medellín 5 de mayo de 2022
La Corporación Jurídica Libertad, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la labor de líderes/as y personas defensoras de derechos humanos de Antioquia, denuncian ante la comunidad nacional e internacional, que desde el 4 de mayo de 2022 en horas de la noche, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, decretaron paro armado en distintos departamentos de Colombia: Antioquia, Atlántico, Córdoba, Chocó, Bolívar, Magdalena y Sucre, este se extenderá hasta el 9 de mayo, afectando la vida de las comunidades, en especial de las zonas rurales. Este paro se da a raíz de la decisión del Gobierno Nacional de extraditar al comandante de las AGC, Dairo Antonio Úsuga, “alias Otoniel“.
En el caso de Antioquia las regiones más afectadas son el Bajo Cauca, Urabá y los municipios de Amalfi, Segovia y Remedios de la región del Nordeste y Puerto Berrio en el Magdalena Medio, donde residen alrededor de 881.525 personas. En estas zonas se ha denunciado de manera sistemática la grave crisis humanitaria, la violación a los derechos humanos e infracciones al DIH. En estos territorios existe una fuerte presencia de la fuerza pública .
Las personas se encuentran afectadas por el cierre del comercio, la prohibición del libre tránsito de las comunidades, quienes se encuentran confinadas al no poder salir de sus viviendas. En el caso del transporte terrestre y marítimo quedó prohibida toda circulación afectando el abastecimiento de las poblaciones.
En el Nordeste, el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez y el Frente Jorge Iván Arboleda Garcés, han decretado cierre total del comercio y han amenazado a quienes decidan circular. El mensaje ha sido “la persona o la empresa o cualquier otra que no acate esta orden, no se responde, y será declarado objetivo militar”.
Lo mismo acontece en el Urabá Antioqueño, donde el Bloque Central Urabá y sus Frentes Juan de Dios Úsuga David, Gabriel Poveda Ramos, Efrén Vargas Gutiérrez Carlos Vásquez, Pablo José Montalvo y Zuley Guerra, han establecido que todas las “actividades sociales, económicas, educativas y culturales quedan suspendidas, entre el 5 de mayo y el 10 de mayo a las 12 de la noche”, lo que ha provocado que la población este confinada en sus viviendas.
Como organizaciones defensoras de derechos humanos, exigimos
1 A todos los actores armados respetar el DIH
2 A la fuerza pública se le exige el respeto y protección de la población civil, por ello NO debe estar en las zonas donde residen las comunidades urbanas, campesinas y étnicas.
3 A todos los organismos del Estado, al gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y los órganos de control y judicialización se les exige el cumplimiento de sus compromisos constitucionales y la intervención adecuada y oportuna en esta coyuntura y en las situaciones estructurales que se viven en las regiones.
Solicitamos a la Comunidad Internacional

1. A los organismos internacionales solicitamos hacer seguimiento a esta situación en los territorios.
2. Realizar acciones de incidencia ante la institucionalidad para que se implementen acciones que garanticen la protección de la población.
3. Apoyar las acciones humanitarias definidas por las comunidades y organizaciones
4. Al CICR y a la OACNUDH adelantar acciones de incidencia que posibiliten medidas de prevención y protección de las comunidades