Del sometimiento en el pago… a la resistencia civil en Popayán y el Cauca

“Solo derrotando el negocio, conquistaremos nuestro derecho a la energía”

“El pago de los servicios a mí me mataban; llegaba un ser humano como yo,
en vez de yo ser fuerte me agarraba era a llorar porque me quitaban mi energía. Y por eso digo: abusan de gente anciana, les cortan la energía porque no pueden pagarla, abusan de la niñez también, abusan de los enfermos
y esto se tiene que acabar compañeros. ¡Se tiene que acabar!”
Diana Garcés. Asociación de usuarios de servicios públicos de Popayán y el Cauca.

La lucha y resistencia civil que hoy vive el departamento del Cauca confronta la producción energética nacional abonada por los postulados del modelo económico neoliberal, que estimula la extracción indiscriminada de los recursos naturales, el manejo empresarial de los servicios públicos vitales por parte de compañías privadas y, particularmente en el caso de la energía, impulsa un mercado mayorista manejado por la bolsa de valores de Medellín en el cual se compra y vende toda la energía que se produce en Colombia.

Ya la Constitución Política de Colombia de 1991, había propiciado la liberalización de la economía. Las empresas estratégicas y de servicios básicos que antes eran dirigidos por el Estado, pasaron a ser manejados por empresas privadas de capital nacional e internacional, bajo el supuesto propósito de mejorar en ciertos sectores de la economía la productividad, la competitividad y la eficiencia administrativa y financiera.

Así, a partir de la Constitución Nacional y sus consecuentes desarrollos legislativos se propician las condiciones jurídicas y políticas para que los inversionistas extranjeros ingresen fácilmente en el mercado nacional, incluso en sectores económicos tan indispensables como los servicios públicos. Lo cierto es que ello no ha significado para los colombianos mejora alguna en el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la salud, la vivienda digna, ni los demás derechos sociales.

A 20 años de pr omulgada la Constitución Política es necesario poner de presente y cuestionar la incidencia que un modelo económico garante de la libertad empresarial y del libre mercado ha significado en la garantía y respeto de los derechos humanos; pues este modelo ha sido promotor de la entrega de las empresas más importantes del país y de los recursos naturales estratégicos como el agua, los minerales, la tierra para la producción agroindustrial y los bosques, a la empresa transnacional; pero también ha provocado la privación al acceso de servicios básicos esenciales por parte de la población más empobrecida del país.

La resistencia que hoy vive el departamento del Cauca, surge precisamente como consecuencia de los efectos que en los sectores populares fue provocando el alza acelerada de las tarifas de energía. Primero, en 1999, la empresa CEDELCA fue intervenida por el Gobierno Nacional mediante la ley de reestructuración empresarial; 11 años después el alza en las tarifas se produjo por la entrega de la empresa de energía del departamento a manos del capital transnacional, particularmente a la multinacional Ashmore Energy Internacional A.E.I, representada en el Cauca por la Compañía Energética de Occidente -CEO. 

Ya en 2010, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entregó la empresa de energía de los caucanos por la económica suma de $328.000 millones de pesos. Esta venta fue producto de una negociación atropellada y a espaldas de la comunidad, en la cual no se tuvo en cuenta que la sociedad caucana había entregado por 50 años, por concepto del recargo del 2 x 1.000 en el impuesto predial,[i] cerca de $700.000 millones a la administración para ayudar al proceso de electrificación de las diferentes regiones del departamento.

Conscientes de la situación de explotación y robo continuado a los sectores populares y dispuestos a no permitir más abusos en cuanto a la libre definición de tarifas por la empresa, los usuarios de los servicios públicos de Popayán y el Cauca en el mes de marzo de 2010 realizaron una asamblea popular donde se declararon en RESISTENCIA CIVIL frente al Gobierno Nacional y a la Compañía Energética de Occidente, exigiendo una rebaja sustancial de las tarifas a $44 kw. Ahora son más de 10.000 usuarios del servicio en resistencia, 14 barrios de Popayán y 11 municipios del Cauca[ii] que se oponen a pagar el servicio de energía eléctrica, por considerar las tarifas impuestas ilegítimas y antidemocráticas.

“Nosotros estamos pagando cerca de $400 Kw de energía, nosotros somos conscientes que el Cauca es productor de energía con la salvajina, que produce 270 M W y las ocho  microcentrales del Cauca producen de 30 a 36 MW, lo que da un total de 300 MW y solo los sectores populares de todo el Cauca necesitan 55 MW de energía, es decir que sobra para venderla a otros departamentos, sin embargo esa energía no es la que nosotros disfrutamos”[iii].

La resistencia frente al pago de la energía por los altos costos de las tarifas es la base del movimiento, pero sus exigencias se dirigen a la recuperación de las centrales hidroeléctricas del Cauca, garantía, como dice su consigna, de que “solo derrotando el negocio, conquistaremos nuestro derecho a la energía”. Sus exigencias se resumen en:

1- Condonación total de las deudas de los usuarios de los sectores populares

“yo entré a la resistencia y ya había gente que tenía deudas altísimas, hay gente que no tuvo otra salida que entrar en la asociación y estar en la resistencia civil antes que pagar esas deudas de tiempo atrás de donde toca es el rebusque para poder pagar esas tarifas”[iv].

2- Tarifas justas de $ 44kw/h

“las tarifas y por consiguiente las deudas de la energía, son ilegitimas, artificiales y fraudulentas, así estén respaldadas por entidades del gobierno, porque no corresponden ni a los costos de producción de energía (kwh), ni a los costos de prestación del servicio. El costo del kilovatio hora generado es de $8 y la Compañía energética de Occidente (antes CEDELCA) lo factura casi a $400, es decir, una ganancia escandalosa. Durante años, hemos sido víctimas de un saqueo, empobrecimiento y robo continuado por parte de estas empresas, con complicidad del gobierno, la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y la Superintendencia de Servicios Públicos”[v].

3- Devolución de la hidroeléctrica LA SALVAJINA y las 8 pequeñas centrales hidroeléctricas

“desde la Coordinadora de la Energía tenemos claro que debemos continuar nuestra lucha por conquistar el derecho a la energía para los caucanos. Solamente recuperando nuestras fuentes de generación hidroeléctrica, hoy expropiadas por el gobierno colombiano y su socio el capital transnacional, haremos realidad la conquista de las tarifas y costos justos en el servicio de energía”[vi].

4- Indemnización a los caucanos por el robo continuado de la energía producida en el departamento

5- Resistencia al cambio de los medidores de disco por digitales

6- Resistencia al cambio de la red trenzada, llamada por la empresa red anti fraude

El caso de Antioquia, la misma Colombia

El departamento de Antioquia actualmente cuenta con el 30% de la capacidad eléctrica instalada en Colombia, más del 27% de la energía que se produce en el Cauca. Solo en el Oriente antioqueño se produce mediante cinco centrales hidroeléctricas un total de 2.057 MW de energía, correspondiente al 15% de la energía que entrega Antioquia al país[vii]. A pesar de toda esta generación, muchas viviendas en el departamento no cuentan con el acceso a este servicio, por la falta de cobertura de las redes de la empresa que no llega a ciertos territorios, o porque con las tarifas que maneja EPM, muchas familias no pueden mantenerse en el pago de este servicio mensualmente.

En Medellín particularmente estamos pagando el kilovatio de energía a $342, valor que considera no solo los costos de producción, sino las ganancias. Una vivienda de estrato 1, puede estar pagando en Medellín solo por este servicio entre $50.000 y $120.000.

Con lo anterior podemos interpretar que Antioquia para ser un departamento productor de energía hidráulica, que le alcanza para exportar a otros países, máxime, teniendo en cuenta los nuevos proyectos de generación de energía que vienen caminando, como Hidroituango y cientos de pequeñas centrales eléctricas, EPM entrega a los antioqueños energía a muy altos costos, acrecentando cada vez más sus ganancias y apropiándose de las utilidades que forman estos negocios que usan como materia prima el agua. El agua que es un bien público.

La experiencia de resistencia civil en el Cauca, es un ejemplo de organización y lucha para toda Colombia y especialmente para Antioquia, que no obstante su altísimo porcentaje de producción energética en el país, también presenta en crecimiento el número de hogares desconectados del servicio. La dignidad del pueblo caucano nos hace un llamado grande ¿Cómo extender la resistencia al no pago de la energía en nuestro departamento?