Diego Fernando Murillo reconoce coordinación con la fuerza pública en la operación orión

La defensa del confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en escrito dirigido a la Corte del Distrito Sur de New York, de Estados Unidos, se opone a la participación de las víctimas del accionar de las organizaciones paraestatales en el juicio que se desarrolla en su contra.

A su petición adiciona una declaración juramentada del comandante del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las Autodefensas Unidas de Colombia, donde reconoce que la Operación Orión, ejecutada a partir del 16 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, fue una acción militar concertada entre los organismos de seguridad del Estado y las bandas criminales agrupadas alrededor del bloque paramilitar bajo su mando.

“Las Autodefensas del BCN fueron al área de la Comuna 13 como parte de una alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo al comandante General Mario Montoya (actual embajador de Colombia en República Dominicana), y el General de la Policía Leonardo Gallego, el Comandante de Policía de Medellín”, testifica Don Berna, y agrega: “La policía de Medellín asignó su Unidad Especial Anti Secuestro (GAULA) para asistir al BCN en los esfuerzos conjuntos de la Operación Orión”.

En su momento el Movimiento de Crímenes de Estado, Capitulo Antioquia, difundió un comunicado haciendo referencia a la sentencia condenatoria anticipada en contra de Diego Fernando Murillo Bejarano por el concurso de punibles de homicidio agravado, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, el 6 de febrero de 2008.

Mientras estuvo en Colombia este jefe paramilitar negó su condición de narcotraficante, procurando presentarse ante el país como un delincuente político inspirado en un móvil noble y altruista, propósito en el que coincidía con el Gobierno nacional, quien ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia de reconocerle esta condición a los integrantes de los grupos paramilitares señaló temerariamente a la Sala Penal de dicha Corporación de emitir juicios políticos y sesgados.

No obstante, 35 días después de su extradición a Estados Unidos aceptó los cargos de narcotráfico y lavado de activos, a cambio de cumplir una sentencia de 27 a 33 años de prisión.

Lo expuesto por Diego Fernando Murillo en su declaración jurada y lo consignado en la sentencia proferida por el Juez Tercero Penal Especializado de Medellín, confirman que  el modelo de “pacificación” que se implementó en la ciudad es el de paz de las fosas comunes.

Prueba de ello fue la exhumación, realizada por el CTI de la Fiscalía entre el 1º y el 7 de agosto de 2003, de 13 cuerpos en avanzado estado de descomposición en la finca Buenavista, vereda Bellavista del corregimiento San Cristóbal, utilizada como campamento por el BCN durante el 2002.

En la mayoría de los casos se constató que fueron personas reportadas como desaparecidas forzosamente de la Comuna 13 por miembros del BCN, entre los meses de noviembre y diciembre de 2002, tiempo posterior a la “Operación Orión”.

Pero el número de personas desaparecidas forzosamente no llega hasta ahí. En la actualidad el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Antioquia, tiene una lista que supera la cifra de cien personas desaparecidas tras los operativos militares y paramilitares ejecutados en la Comuna 13 en el año 2002, y ha denunciado la existencia de fosas comunes en La Escombrera, San Cristóbal, San Antonio de Prado y la Comuna 8, donde el BCN tenía fuerte presencia.

En el fallo en que se sancionó penalmente la conducta del jefe paramilitar, el Juez concluye que las actividades de los grupos paramilitares que incursionaron en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín en el año 2002 se concentraron en “hacer desalojar a varias familias de sus hogares y fincas para tomar posesión de dichas propiedades (…), una de las modalidades criminales utilizadas por estos grupos era la de incursionar en las viviendas para sacar a sus moradores, personas que fueron reportadas como desaparecidas y posteriormente halladas en fosas comunes”.

Igualmente se reconoce desde la judicatura que luego de concluida la Operación Orión fueron los grupos paramilitares quienes realmente asumieron el control de la Comuna 13, hecho que se denunció oportunamente por los pobladores de estos barrios, sin que sus querellas tuvieran trascendencia alguna, toda vez que se imponía mostrar como modelo de pacificación en el país lo sucedido en este sector de la ciudad, al punto que aún hoy el presidente Uribe Vélez expone está operación como uno de los grandes logros de su Política de Seguridad Democrática.

El reconocimiento de alias Don Berna del accionar conjunto entre las bandas criminales agrupadas en el BCN y la fuerza pública en Medellín, coincide con la circulación de panfletos en barrios populares de esta ciudad, donde se anuncia una operación de “limpieza social” en contra de prostitutas, drogadictos y portadores de VIH.

Hoy como ayer las autoridades municipales minimizan las denuncias de las comunidades y sostienen sin rubor alguno que en Medellín no hay grupos ilegalmente armados controlando sectores de la ciudad, que lo que existen son “combos” disputándose el desarrollo de algunas actividades delincuenciales, entre ellas el tráfico de drogas.

Olvidan los funcionarios de la Administración Municipal que lo que ellos denominan “combos” son el ejército de reserva de las estructuras paramilitares, hoy en proceso de reorganización. Evitan reconocer que muchos de los integrantes de estas delincuenciales bandas fueron utilizados por el Estado para mostrar las bondades del  “proceso de paz” implementado por el actual gobierno con los grupos paramilitares, utilizando estas “inofensivas” expresiones criminales para incrementar el número de desmovilizados, como ocurrió con el Bloque Cacique Nutibara. 

Aspiramos que las denuncias que de tiempo atrás han venido haciendo las organizaciones sociales y populares sean el soporte de decisiones judiciales que permitan sancionar no sólo a los integrantes de la fuerza pública que actuaron de manera coordinada con los paramilitares, sino que también sean la génesis de investigaciones que permitan judicializar a los dirigentes políticos y gremios económicos que instigaron y financiaron esta modalidad de terror estatal.