1.       ¿Por qué una Mesa Humanitaria y de Paz en Antioquia?

La crisis humanitaria por la que atraviesa el departamento desde hace varios años y que se ha profundizado desde 2019 hasta hoy, conllevó a que tres plataformas de derechos humanos[1], con expresión regional y más de 40 organizaciones[2] campesinas, étnicas, de derechos humanos, de víctimas, sociales, de mujeres, ecuménicas, religiosas, barriales, comunitarias, culturales y comunidades indígenas de las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá; hayan decidido impulsar la constitución de la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, como un mecanismo de acción política y organizativa de la sociedad civil que busca conseguir alivios humanitarios en las zonas donde el conflicto político, social y armado se ha desatado con mayor rigor y aportar a la construcción de la paz integralcon las fuerzas vivas de la sociedad.

En Antioquia viven alrededor de 6.500.000 habitantes (Gobernación de Antioquia, 2018), distribuidos en 9 subregiones, estos territorios se encuentran militarizados[3] no solo por la presencia de la fuerza pública (Ejército y Policía) sino también por el alto control que ejercen los grupos armados ilegales, entre ellos las estructuras paramilitares como el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, que hace presencia y desarrolla acciones en el 90% de los municipios del departamento, seguido por la Oficina del Valle de Aburrá – OVA^[4] y Los Caparrapos, quienes se asientan en Bajo Cauca y Nordeste. En lo que respecta a la presencia del Ejército de Liberación Nacional – ELN esta se concentra en municipios del Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente y Suroeste. En cuanto a las Disidencias de las FARC (Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia), siguen extendiendo su accionar hacia municipios ubicados al Nordeste, Norte, Occidente, Bajo Cauca y Magdalena Medio en algunas ocasiones operando de manera conjunta con el ELN.

En este contexto, el comportamiento y accionar de la fuerza pública se ha caracterizado por la persistencia de la relación y connivencia con organizaciones paramilitares y de narcotráfico, como se puede evidenciar en las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Oriente, Urabá y el Área Metropolitana, donde pese al incremento de pie de fuerza estatal, dichas estructuras criminales tienen control social, político y económico. Es preocupante que autoridades civiles de los municipios de manera deliberada guarden un silencio absoluto sobre lo que acontece en las veredas y barrios, permitiendo que esta crisis humanitaria se extienda sin realizar acciones eficaces de prevención y protección de las comunidades.

La permanente dinámica de confrontación armada y el no respeto por el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, ha provocado que la población civil, en especial aquella que vive en la ruralidad de las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte y Occidente viva en permanente zozobra y temor por las agresiones a las que se ve sometida[5]. Esta situación ha afectado de manera particular a las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas[6], y en esa medida se advierte el fuerte impacto que esto produce a la vida de las mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas).

El caso del Oriente es preocupante, ya que durante 2021 y 2022 ha sido una de las subregiones en donde se ha aumentado las acciones armadas de las AGC, quienes sostienen una disputa con el Mesa[7] (zona altiplano) y también con el Clan Isaza (zona de bosques y páramos) estos últimos en alianza con Los Triana, afectando la vida y los derechos humanos de las y los pobladores; por su parte en el Suroeste se han presentado masacres, homicidios selectivos, copamiento principalmente del paramilitarismo y combates entre AGC y la OVA.

Es alarmante el hecho de que, en los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la vida social y económica de las comunidades se encuentre controlada por estructuras paramilitares y criminales. En algunos de estos municipios, estas estructuras se han visto fortalecidas por el llamado pacto del fusil, que no es otra cosa que los acuerdos entre las estructuras ilegales en connivencia con administraciones locales, para disminuir el número de muertes y generar una falsa percepción de seguridad.

En este contexto de riesgo, los líderes y lideresas sociales, continúan siendo perseguidos y atacados por su labor; se ha denunciado por diferentes organizaciones de manera constante como las AGC copa los espacios sociales y organizativos de las comunidades, provocando un cerco que limita la acción política del tejido colectivo y por ende impidiendo que se logren transformaciones sociales democráticas. 

En los últimos 20 meses el accionar de los grupos armados ilegales, ha provocado la muerte 71 personas en masacres, el desplazamiento forzado y el confinamiento de más de 13.577[8]personas en Antioquia[9]. En materia de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, a lo largo de este tiempo han sido asesinados 44 líderes y lideresas sociales, en el 90% de los casos se conoció que la responsabilidad recae sobre estructuras paramilitares (AGC, OVA y otras estructuras), respecto a las y los firmantes del Acuerdo de Paz, se han presentado 9 homicidios (Indepaz, 2022).

Por su parte OCHA, en sus Sistema de Monitoreo, informa que entre 2021 y 2022 se registraron 1.168 infracciones al DIH: 577 homicidios en persona protegida, 121 acciones de restricciones a la movilidad de la población, 56 casos de hostigamiento, 23 casos de minas antipersonal y 75 combates.

Toda esta presencia de actores armados legales e ilegales, ha conllevado a una militarización de los territorios, la vida y los bienes comunes, generando con ello un orden social basado en el control, el miedo y las imposiciones, lejos de la posibilidad de construir sociedades verdaderamente autónomas y democráticas. La crisis humanitaria que presenta el departamento es responsabilidad principalmente del Estado colombiano, en especial del gobierno de Iván Duque, quien decidió NO implementar integralmente el Acuerdo de Paz logrado en 2016[10]. Pero también los son los actores amados legales e ilegales quienes no respetan la vida de las comunidades.

No se puede desconocer que persiste en este contexto de conflicto, la impunidad como factor estructural en las graves violaciones a los derechos humanos y la persistencia de un modelo económico extractivista y de grandes capitales que no promueve una economía para la vida ni el cierre de las brechas de desigualdad; además de las economías ilegales como el narcotráfico (en todo su circuito), la minería, la explotación maderera, el lavado de activos, entre otras variables, que contribuyen a que el conflicto político, social y armado siga vigente y que las comunidades continúen padeciendo la guerra.

2.       Antecedentes e importancia de la Mesa Humanitaria y de Paz

Como parte de su quehacer, las 3 plataformas de derechos humanos y las más de 40 organizaciones que impulsan la constitución de la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, han tenido entre sus acciones políticas por años trabajar en torno a la solución negociada del conflicto, el desmantelamiento del paramilitarismo, la construcción de agendas locales humanitarias y de paz y la reivindicación del derecho al territorio y los derechos de las víctimas. Esto se corrobora en los diversos espacios que existen a nivel municipal y subregional en Antioquia donde los procesos sociales han movilizado acciones importantes para resguardar la vida de las comunidades, entre ellas: hacer llamados a los actores armados legales e ilegales para que respeten el DIDH y el DIH; instalar campamentos, refugios y zonas humanitarias cuando se presentan desplazamientos forzados y/o confinamientos, desarrollar caravanas humanitarias nacionales e internacionales para quebrar los cercos impuestos por los actores armados; promover movilizaciones, peregrinaciones, plantones y vigilias por la vida y la paz. Todos estos repertorios se han logrado llevar a cabo gracias al acompañamiento de actores relevantes de la vida política, las iglesias y la Comunidad Internacional.

Estos antecedentes organizativos fungen como elementos claves para la presentación de la propuesta de la Mesa Humanitaria y de Paz, así mismo se reconoce la importancia que tienen las nuevas disposiciones en derechos humanos establecidas en los últimos años, tales como: la primera Cumbre Mundial Humanitaria (2016), la Resolución N° 2532 (2020) establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU y la decisión de la Corte Constitucional (2022) “en la cual declara el Estado de Cosas Inconstitucional respecto de las deficiencias en la implementación del Acuerdo Final de Paz y en particular frente a la ausencia de garantías de protección para los firmantes del Acuerdo de Paz, las comunidades y líderes sociales que se encuentran en las zonas de conflicto” (Coordinadora Humanitaria, 2022, p.3), las cuales sirven como soporte para este llamado urgente desde la sociedad civil.

3.       Naturaleza de la Mesa Humanitaria y de Paz

La Mesa Humanitaria y de Paz es un mecanismo de la sociedad civil que busca prevenir los riesgos que tienen los territorios a causa de la violencia, salvaguardar la vida de las comunidades y afrontar de manera organizada y colectiva el actual contexto de crisis humanitaria. Es por ello, que se reconoce como fundamental para estos propósitos, interlocutar y coordinar de manera permanente con el gobierno nacional, departamental y local, así como con el Ministerio Público, el Congreso de la República, especialmente con las Comisiones de Paz y de Derechos Humanos de ambas cámaras y la Comunidad Internacional en la búsqueda de tales fines.

En la esencia de esta propuesta también está el hacer llamados amplios y abiertos a los actores armados para que cesen todo tipo de acciones que ponen en riesgo la vida e integridad de los pobladores, asuman el cese multilateral del fuego y se dispongan a dialogar con el gobierno nacional para lograr la salida negociada a la guerra que vive Antioquia y el resto del país.

4.       Principios de la Mesa Humanitaria y de Paz

1. La Mesa Humanitaria y de Paz será un espacio permanente hasta que las agresiones perpetradas por los actores armados en los territorios, cese definitivamente.

• La Mesa propenderá por la búsqueda de soluciones pacíficas y definitivas al conflicto político, social y armado.

• La Mesa Humanitaria y de Paz es un espacio autónomo de la sociedad civil, que debe ser reconocido y respetado por las instituciones del Estado, los gobiernos locales y los actores armados legales e ilegales.

• El diálogo entre el gobierno nacional, departamental y local con la Mesa Humanitaria y de Paz debe estar cimentado en el reconocimiento del rol de las organizaciones sociales y sus agendas locales, subregionales y departamental, como principio para construir propuestas democráticas.

• El centro de las acciones de la Mesa Humanitaria y de Paz es impulsar acciones humanitarias y la construcción de la paz territorial, que favorezcan el bienestar de las comunidades urbanas y rurales, teniendo en cuenta los enfoques de: género, étnico, territorial y de acción sin daño, en especial en las zonas donde se vive con mayor intensidad el conflicto político, social y armado.

• Garantizar una participación amplia y diversa, con enfoque territorial, de género y étnico en la discusión y construcción de propuestas de paz y de acciones humanitarias.

• El Estado colombiano es el garante de los derechos de la población, por ello se exigirá que realice acciones afirmativas para el goce efectivo de los mismos y el restablecimiento de los derechos que han sido menoscabados a causa de la crisis humanitaria.

5.       Objetivos

1. Impulsar una agenda humanitaria para Antioquia desde las subregiones, para conseguir alivios humanitarios en las zonas donde el conflicto político, social y armado se ha desatado con mayor rigor, basada en el respeto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con el fin de proteger a la población civil, prevenir los riesgos y detener la actual crisis que presenta el departamento y que afecta la vida de las comunidades.

• Aportar a la construcción de la paz integral a partir de las agendas de las comunidades y organizaciones locales y subregionales articuladas a la Mesa, promoviendo la participación de las comunidades y su incidencia en los diálogos territoriales con garantías plenas por parte del Estado y el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.

6.       Mínimos Humanitarios

La Mesa Humanitaria y de Paz exige a todos los actores armados:

1. Cese multilateral del fuego.

• Respetar la vida e integridad de las y los pobladores y cesar toda forma de persecución contra líderes, lideresas sociales, autoridades étnicas y excombatientes de las FARC.

• Aplicar el principio de distinción entre combatientes y población civil, que incluye la no utilización de las comunidades como escudo.

• Aplicar el principio de respeto por los bienes civiles.

• Desminado total de los caminos y zonas donde se encuentra la población civil y/o sus bienes para que la población pueda circular sin miedo.

• Cesar el reclutamiento forzado, uso y utilización de menores de edad.

• Cesar el desplazamiento masivo, colectivo e individual de comunidades.

• Respeto a la movilidad de las comunidades.

• Entregar información sobre el paradero de personas que fueron desaparecidas y detener esta práctica.

1. Cesar todo tipo de violencia contra las mujeres y prácticas violatorias de sus derechos, las cuales toman sus cuerpos como botín de guerra.

1. Respeto a los reglamentos internos de las comunidades, en particular de los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizando su autonomía.

1. Respeto al derecho a la participación y a la autonomía políticas y sociales de las comunidades.

1. Respetar las acciones que se impulsan desde la Mesa Humanitaria y de Paz.

7.       Acciones estratégicas

1. Convocar a las autoridades a nivel nacional, departamental y local y Comunidad Internacional para dialogar sobre el plan de acción de la Mesa y coordinar las acciones humanitarias a desarrollarse nivel territorial (local, subregional y departamental). Esto implica a las instituciones del Estado, mantener un diálogo descentralizado con enfoque territorial, basado en el respeto por la autonomía del movimiento social y la participación, como lo ha reconocido el propio presidente de la república.

• Promover la participación de la Mesa en los escenarios que habilite el gobierno Nacional para llevar a cabo los diálogos regionales de paz. Valoramos los avances en relación con el “Plan de Emergencia para la Protección de Líderes, Lideresas, Defensoras, Defensores y Firmantes del Acuerdo de Paz, los avances en la negociación con la insurgencia y los acercamientos con estructuras paramilitares y de narcotráfico, pero la legitimidad de estos procesos se basa en una amplia participación de la sociedad civil que sufre el accionar de estos grupos en los territorios. Por ello es importante habilitar escenarios de escucha y concertación.

• Posicionar ante las autoridades nacionales, departamentales y a nivel local las propuestas de paz territorial que tiene las organizaciones, muchas de ellas ancladas a los Acuerdos de Paz, para que estas sean vinculadas a la ruta de diálogos regionales, la agenda nacional de paz y a las políticas públicas en la materia.

• Hacer seguimiento a la situación humanitaria y al desarrollo del conflicto político, social y armado en los territorios y compartir los análisis de contexto con las autoridades quienes deben tenerlo en cuenta en sus intervenciones misionales y en terreno.

• Promover y orientar la construcción de protocolos de seguridad que incluyan el fortalecimiento de las guardias indígenas, campesinas y cimarronas desde un enfoque diferencial, étnico, territorial y de género.

• Exigir el acompañamiento institucional para la adecuada implementación de los protocolos ante situaciones de desplazamiento en el territorio. Se propone al gobierno nacional fortalecer los refugios, asentamientos y zonas humanitarias que se han instalado o se instalarán como espacios para la protección de la vida de las comunidades frente al desplazamiento forzado.

• Desarrollar procesos formativos y pedagógicos sobre DIH y DIDH con las comunidades y organizaciones de base en las subregiones.

• Llevar a cabo un proceso pedagógico y de incidencia sobre el quehacer de la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia y sus objetivos ante la sociedad, comunidad internacional e instituciones del Estado.

• Hacer llamados humanitarios a los actores armados y visibilizar la situación de riesgo que se vive en las subregiones.
• Promover caravanas humanitarias, movilizaciones, plantones y otras acciones políticas y simbólicas para visibilizar el contexto de los territorios y llamar a los actores armados a que respeten la vida.

1. Impulsar la creación de políticas públicas para la paz y exigir el cumplimiento de las propuestas derivadas del Acuerdo de Paz de 2016.

Plataformas y organizaciones que constituyen la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia:

1. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capítulo Antioquia
2. Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
3. Proceso Social de Garantías para la Labor de Lideresas, Líderes y personas Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia
4. Asociación Campesina de Antioquia – ACA
5. Asociación Campesina del Bajo Cauca – ASOCBAC
6. Asociación Campesina de San José de Apartadó – ACASA
7. Asociación Campesina del Norte de Antioquia – ASCNA
8. Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamocó – AHERAMIGUA
9. Asociación de Ituanguinos para el Desarrollo Agrario y Social – ASOITUANGUINOS
10. Asociación de Mujeres de Yarumal – AMY
11. Asociación de Víctimas Agroambiental de Puerto Claver, Bagre – ASOVIANCLA
12. Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA
13. Asociación Tierra y paz
14. Cabildo Indígena Mayor del Bagre
15. Cabildo Indígena Mayor de Cáceres
16. Ciudad en Movimiento
17. CODEATE
18. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Seccional Antioquia – CSPP
19. Comité Permanente por los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez – CPDH
20. Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL
21. CONCIUDADANÍA
22. Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – CAHUCOPANA
23. Corporación CONVIVAMOS
24. Corporación Cultural Arlequín y los Juglares
25. Corporación Gustavo A. Marulanda
26. Corporación Jesús María Valle Jaramillo
27. Corporación Jurídica Libertad – CJL
28. Corporación para la Paz y el Desarrollo Social
29. Corporación Nibaru
30. Fundación Instituto para la Construcción de Paz – FICONPAZ
31. Fundación Madre Laura
32. Fundación Sumapaz
33. Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos – GIDH
34. Instituto Popular de Capacitación – IPC
35. Mesa de Derechos Humanos del Oriente
36. Mujeres Caminando por la Verdad – MCV
37. Organización Indígena de Antioquia – OIA
38. Promoción Claretiana Para El Desarrollo Colombia – Venezuela – PROCLADE COLVEN
39. Resguardo Los Almendros, Bagre
40. Resguardo La Lucha, Bagre
41. Red de Organizaciones Sociales y Campesinas Norte y Bajo Cauca – REDOSC
42. Solidaridad Interreligiosa en Zonas de Conflicto en Colombia – SIZOCC

Entidades del Estado que reciben

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Min de Defensa

___________________________________

Min del Interior

___________________________________

Min del Justicia

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Alta Comisionado para la Paz

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Defensoría del Pueblo Nacional

___________________________________

Comisión de Paz del Congreso

___________________________________

Comisión de Derechos Humanos del Congreso

___________________________________

Gobernación de Antioquia

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Procuraduría Regional de Antioquia

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Defensoría Regional del Pueblo – Antioquia

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[1] Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capítulo Antioquia, Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de Lideresas, Líderes y personas Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia.

[2] Ver listado anexo

[3] En municipios de Antioquia existe una baja presencia de la fuerza pública y en su lugar existe una mayor presencia de actores armados ilegales (municipio de Ituango); en otros casos existe un alto nivel de fuerza pública y de actores armados ilegales a la vez (Bajo Cauca y Urabá).

[4] Es de anotar que en el Valle de Aburrá se ha contabilizado la presencia de por lo menos 350 bandas que se articulan principalmente a la OVA y a las AGC; solo en Medellín el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en Alerta Temprana Nº 032-2020 sostuvo que en la capital de Antioquia para 2020 había 140 estructuras armadas en los barrios, las cuales que ejerce control social, político, económico y territorial.

[5] En el caso de Urabá, se denuncia la posibilidad de que las antiguas Autodefensas Unidad de Colombia se reactiven.

[6] Ver boletín de prensa de la Defensoría del Pueblo Defensoría donde solicita frenar la crisis humanitaria que viven los habitantes de El Bagre del 15 de mayo de 2019; Ver comunicado de la Diócesis de Apartadó y Quibdó, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico sobre la situación humanitaria en comunidades indígenas del municipio de Murindó (Antioquia) del 17 de marzo de 2021; ver comunicado sobre la agudización de la crisis humanitaria en el Nordeste antioqueño del Nodo Antioquia de la CCEEU y el PSG del 19 de agosto de 2022.

[7] Ver artículo de Mi oriente Autoridades investigan mensajes de las AGC que aseguran su presencia en Rionegro del 2 de agosto de 2022.

[8] En el caso del desplazamiento forzado es importante tener en cuenta que hay desplazamientos gota a gota, intra e intermunicipal, y que estos a veces no son reconocidos en las estadísticas oficiales o no son denunciadas por las víctimas por temor a represalias.

[9] Ver informes de la Corporación Jurídica Libertad & la Fundación Sumapaz (2021- 2022), CODHES (2021- 2022), informe de la Defensoría del Pueblo (2022) y de la Personería de Medellín (2022)

[10] En especial la falta de implementación del capítulo 1 y 3 del Acuerdo. Incumplimiento relacionado con los programas PNIS y los PDET, además de la reformar rural integral.

Last modified: 23 febrero, 2023