Empresas Públicas de Medellín (EPM) es el principal generador de energía eléctrica del país, operando 36 centrales hidráulicas, 4 térmicas y un parque eólico que equivalen al 21,6% del total del Sistema Interconectado Nacional, atendiendo con ello a cerca de 12 millones de colombianos[i].
Posee también varias empresas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía en el mercado centroamericano. En el mes de octubre de 2010, EPM adquirió las empresas guatemaltecas DECA II, dueña de la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. –EEGSA-, la distribuidora eléctrica más grande de Centroamérica con más de 940 mil clientes; adquirió COMEGSA, la principal comercializadora de energía de la región, y GESA, empresa dedicada a la exploración y desarrollo de nuevos negocios eléctricos[ii]. Para la compra de estas empresas invirtió la no modesta suma de 635 millones de dólares (1 billón 143 mil millones de pesos)[iii].
En el Salvador, EPM compró la empresa AEI El Salvador Holding Ltda., propietaria de la Sociedad Distribuidora de Electricidad del Sur (Delsur), por valor de 110 mil millones de pesos[iv]. En Panamá adquirió el 100% de la sociedad Panamá Distribution Group que cuenta con 360.000 clientes.
Pese a toda esta inversión, la utilidad neta de EPM en el año 2010 fue de 1.4 billones de pesos[v]. De acuerdo a ese balance, el Gerente General de EPM anunció la consolidación de su crecimiento en 2011, a partir de la integración de las empresas adquiridas en Centroamérica y la concreción de nuevos negocios en energía y aguas.
Si en Medellín hay barrios enteros sin redes de acueducto y alcantarillado, y miles de personas que no pueden acceder al servicio por falta de ingresos, ¿a quiénes llega el dinero de todas estas utilidades de EPM? Echando un vistazo hacia la periferia urbana reconoceremos que los beneficios económicos de la empresa “pública” no se corresponden con las condiciones que en materia de servicios públicos domiciliarios padecen los pobladores de los barrios populares de Medellín.
Con todo este panorama de inversiones para la adquisición de nuevas empresas y de ganancias netas de EPM, las soluciones a las problemáticas de energía en los estratos bajos de Medellín, dejan de ser obstaculizadas por condiciones de carácter económico, para evidenciarse que es la falta de voluntad política de la administración municipal y de la Empresa la que ignora y no da salida al problema de los desconectados de la ciudad.
Si la alcaldía decidiera reconectar a las personas que hoy padecen de la falta de agua y energía por física incapacidad de pago y por su situación de pobreza extrema, le costaría una suma aproximada de 32 mil millones de pesos, lo cual no alcanzaría a representar ni siquiera el 0.5% del total de las ganancias obtenidas por EPM en el año 2010.
Un caso entre miles de desconectados
La señora Luz Marina, tiene 72 años de edad y vive en el barrio Sol de Oriente, Comuna 8 de Medellín. Desde hace años sufre de severas enfermedades urinarias, musculares y de los huesos, sumado a lo anterior, no tiene ningún tipo de ingreso económico que le permita satisfacer sus necesidades básicas, incluida la alimentación.
Hace dos años EPM, sin considerar su edad ni su estado de salud, le desconectó el servicio de agua potable en su hogar y no solo le interrumpió el suministro, sino que destruyó el tubo de distribución a su casa, y taponó con cemento el contador como evitando que ella recuperara el suministro. Desde entonces, a Luz Marina, se le dificultó aun más su subsistencia. Para suplir la falta del acueducto sus vecinos, de vez en cuando, le regalan agua que recoge en baldes, pero últimamente se han negado a regalarle agua porque está muy cara.
El servicio de energía eléctrica lo está recibiendo mediante el sistema prepago, pero no puede recargar las tarjetas debido a la falta de ingresos y a su situación de pobreza extrema, razón que la mantiene en constante desconexión; pese a la edad que tiene y las enfermedades que padece, diariamente se ve obligada a cocinar con leña.
Según la sentencia T-717 de 2010 de la Corte Constitucional, es la empresa y la alcaldía quienes están en la obligación de permitir el goce efectivo de estos servicios, pues el cumplimento de los derechos no pueden estar sometidos a la capacidad de pago que tengan los usuarios, principalmente si se trata de personas en condiciones de pobreza tales que no solo le impiden el acceso a los servicios públicos domiciliarios, sino a los demás derechos fundamentales.
Con base en la situación de desconexión, vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentra Luz Marina, la Corporación Jurídica Libertad interpuso, en el mes de agosto, una acción de tutela exigiendo la prestación del servicio de acueducto en su hogar. Mediante la acción jurídica se logró el reconocimiento y la protección de sus derechos fundamentales, la reconexión del servicio de agua potable, sin ningún costo; un subsidio económico bimensual por la Secretaría de Desarrollo Social, y un complemento alimentario por parte de la Secretaría de Bienestar Social.
Con base en la información suministrada por EPM, a septiembre de 2010 los suscriptores desconectados en la ciudad, ascienden a 29.361 sin el suministro de energía eléctrica, 41.918 en agua potable y 14.203 en gas. Los estratos 1, 2 y 3 y el sector residencial son los más afectados por esta situación[vi].
Es necesario reiterar que las condiciones de pobreza y el esquema tarifario son las mayores causas de la desconexión en la ciudad, teniendo que el 79% de la población de Medellín vive en los estratos 1, 2 y 3 y donde también se localiza el 75% de la población desempleada.
Frente a las deudas de los desconectados proponemos con base en los presupuestos que maneja la empresa, la condonación de las mismas, teniendo en cuenta que EPM es una empresa “pública”; pero si se advierte que esto iría en contravía de lo que la Ley 142 de 1994 prescribe en cuanto a la onerosidad de los servicios; proponemos que sea la Alcaldía de Medellín quien pague estas facturas, teniendo en cuenta que su presupuesto es de aproximadamente 3.3 billones de pesos anuales.
El tema de la desconexión en Medellín, debe ser un tema de atención prioritaria, teniendo en cuenta que es un fenómeno que va en aumento, como la pobreza y el desempleo, y sobre todo, teniendo que la empresa que presta los servicios en la ciudad es pública y cada año reporta multimillonarias ganancias. Como dicen en la calle “EPM se enriquece mientras el pueblo se empobrece”.
[iii] Artículo publicado en el periódico El Colombiano, el 11 de febrero de 2011.
[v] http://www.caracol.com.co/ Marzo 16 de 2011
[vi] Informe de Derechos Humanos 2010, Personería de Medellín.