La Fundación Sumapaz es una organización social institución de la sociedad civil que propende por la promoción y defensa del ejercicio de los derechos humanos, propicia procesos sociales para construir comunidades que diseñen y gestionen alternativas propias de desarrollo humano y sean parte activa de la sociedad civil que nos atrevemos a describir de la siguiente manera: Como defensores de derechos humanos, hemos identificado diferentes riesgos y posibles vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario para las comunidades del Nordeste del departamento de Antioquia.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SUBREGIÓN
El Nordeste está ubicado sobre el margen de la cordillera Central, al sureste de la serranía de San Lucas y entre los ríos Porce, Nechí, Nus y Alicante. Sus límites el departamento de Bolívar y los municipios de las subregiones Bajo Cauca, Oriente, Magdalena Medio y Norte. La conforman los municipios de Amalfi, Anorí, Cisneros, San Roque, Santo Domingo, Yolombó, Vegachí, Yalí, Remedios y Segovia. Su extensión es de 8.544 km2, que equivale al 13,6 % del departamento de Antioquia y una población para el 2017 de 189.781 habitantes. (Dane). Nordeste es la segunda subregión más rica de Antioquia en recursos mineros, por lo tanto, la minería es la principal fuente económica, le siguen la producción agropecuaria, la explotación de madera y el comercio.
Su ubicación geoestratégica y la riqueza minera han convertido a esta zona en un territorio con una grave situación de vulneración de derechos humanos por la fuerte presencia de actores armados y la omisión del Estado
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO INMINENTE
Los vacíos dejados por el Estado colombiano y el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep, intensificaron el avance y la presencia de grupos paramilitares, grupos guerrilleros y de disidencias que buscan controlar una zona completamente estratégica, con amplios corredores hacia el Bajo Cauca, Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Norte de Antioquia, Valle de Aburrá, Oriente de Antioquia, y desde estos sitios, hacia otras zonas del país. Además, esta zona ofrece una riqueza en recursos naturales como el oro que determinan dinámicas económicas legales e ilegales, unos de los principales factores que influyen en las constantes disputas territoriales dejando a su paso es la disputa por la extracción de minerales preciosos que dejan más víctimas de la población civil. El Gobierno colombiano sigue faltando a su compromiso de brindar garantías de seguridad y de no repetición de la violencia ocasionada por la acción u omisión de las funciones constitucionales de ejercer el control territorial y el uso exclusivo de las armas, por ese motivo la reincidencia de la violencia continua produciendo agresiones a personas defensoras de derechos humanos, desplazamientos forzados, despojo de tierras, contaminación del medio ambiente, masacres, homicidios selectivos, enfrentamientos armados con interposición de civiles, accidentes de minas antipersonales, entre otros. El incumplimiento generalizado a campesinos y campesinas vinculados al Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Uso Ilícito PNIS y los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial prometidos a estas comunidades ha suscitado la resiembra de cultivos de uso ilícito.
POBLACIÓN EN RIESGO
Las comunidades de esta subregión son principalmente rurales, sometidas al abandono Estatal y la violencia histórica basadas en la ausencia de estrategias de prevención y protección del Estado colombiano. Además, el riesgo recae sobre las personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, jóvenes, integrantes de Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales mineras, personas en proceso de reincorporación e integrantes del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, mujeres, jóvenes, niños y niñas. También organizaciones sociales como la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – CAHUCOPANA que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, la Mesa Minera de Remedios y Segovia (también con medidas de la CIDH), la Asociación Campesina del Río Cimitarra ACVC, Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA, Consejo Mayor del Porce, Comité de Integración Agrominero del Nordeste Antioqueño – Ciana, Resguardos Indígenas Emberá y Sinú, líderes/as de población LGTBI, Guardia Campesina, Mesas de Victimas, Organizaciones Sociales PDET y PNIS, entre otras.
Las lideresas y líderes sociales son de gran importancia en reivindicación de derechos colectivos, la gestión del desarrollo, la cohesión de la vida social y comunitaria. Su labor de defender los derechos humanos expone a riesgos inminentes a esos liderazgos, lo que indica la necesidad urgente de políticas públicas de prevención, protección efectiva sobre estas personas. La Defensoría del Pueblo en los últimos años ha generado la alerta tempranas 052-18 para los municipios de Remedios y Segovia. En ella, se hace mención a las posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en este territorio y recomienda al Estado colombiano para que brinde todas garantías a la población y liderazgos. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH son constantes. Así mismo, las agresiones a lideresas y líderes sociales muestran un persistente riesgo con base en la violencia sociopolítica del país.
Conoce la Alerta completa aquí: 👇🏽
https://cjlibertad.org/comunicaciones/Alerta%20Final%20Nordeste-%202022.pdf
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153