- La decisión abre la puerta a la ampliación de la investigación y la presentación de nuevas pruebas.
- Este es un importante avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentadas como “bajas en combate” por agentes del Estado, casos conocidos mediáticamente como ‘falsos positivos’.
- Se espera el avance en el proceso, atendiendo a la respuesta por parte de la Corte Penal Internacional sobre la ausencia de investigaciones, bajo su competencia, en este caso.
Colombia, 3 de julio de 2024. El 1 de julio de 2024, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Buenos Aires (Argentina), reconoció que las víctimas que interpusieron la querella, en noviembre de 2023, en contra de Álvaro Uribe Vélez, en aplicación del principio de Jurisdicción Universal, tienen el pleno derecho de actuar dentro del proceso toda vez que han sido claramente afectadas por los hechos denunciados; la decisión señala que: “poseen la facultad de ejercer el derecho de querella de acuerdo a los vínculos particulares acreditados en autos […]”.
Es de resaltar que los hechos que han denunciado las víctimas se encuadran en las conductas señaladas en el Estatuto de Roma, que creó una Corte Penal Internacional para juzgar genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que para el presente caso son los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
En retrospectiva, el Estado colombiano ha acumulado una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado y de la violencia política, a quienes se les ha impedido el acceso a justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición pese a sus acciones, representaciones y exigencias en diferentes escenarios judiciales. Esta es una de las tantas razones por la que víctimas y organizaciones no gubernamentales interpusieron esta querella contra el expresidente Uribe Vélez, por la permisividad, autorización e incitación en la perpetración de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada durante su mandato.
La querella en cuestión
El 7 de noviembre de 2023 fue presentada ante los jueces federales de Buenos Aires la querella en contra de Álvaro Uribe Vélez, en la que se admiten tres grupos de víctimas: las familias de las cuatro víctimas identificadas, siete víctimas sin identificar, y tres organizaciones defensoras de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad.
Recordemos que la acción judicial se presentó en el marco de la jurisdicción universal, la cual permite investigar y juzgar a autores de crímenes perpetrados en cualquier lugar del mundo, quienes no han sido investigados en sus propias naciones.
Ocho meses después, el 1 de julio de 2024, se conoció la resolución expedida por parte del Juez Federal Número Dos, Sebastián Ramos, en la que admite la condición de víctimas a las partes querellantes dentro de la causa penal. Este reconocimiento brinda la posibilidad de llevar a cabo diferentes actuaciones dentro del proceso, con el propósito de aportar y practicar pruebas dirigidas al esclarecimiento de los hechos victimizantes y el establecimiento de responsabilidades penales. Además, con relación al grupo de víctimas que aún se encuentran sin identificar, se abre la posibilidad de acudir a expertos(as) que contribuyan al establecimiento de su identidad y a la localización de sus familiares.
Es importante recordar que, una vez presentada la querella, el 13 de noviembre de 2023, el Juez Federal emitió un exhorto dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, solicitando información acerca del examen preliminar de Colombia e indagando sobre la existencia de alguna investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez por los hechos materia de la querella. Cinco meses después, es decir, el 29 de abril de 2024, la Fiscalía de la CPI respondió este requerimiento afirmando que no existe investigación alguna frente al querellado; dicha decisión fue transmitida al juzgado, el pasado 26 de junio, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino; y conocida el 1 de julio de 2024 por la representación de las víctimas dentro de la causa.
Para el 19 de diciembre de 2023, el fiscal Carlos Stornelli había presentado ante el Juez la solicitud de practicar pruebas en la investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunciado por crímenes de guerra y lesa humanidad, quien “habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia, entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, 6.112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como abatidos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército colombiano, conocidos como ‘falsos positivos’; ello en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
Así las cosas, el Fiscal Federal Número Cuatro solicitó ante el juzgado instructor la expedición de exhortos dirigidos a las autoridades colombianas en los que se solicita, entre otros, información sobre los hechos, directivas emitidas por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, decisiones adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y la escucha de los testimonios de las víctimas querellantes. Esta petición se encuentra a la espera de ser resuelta por el juzgado de conocimiento; por lo que se espera recibir la mayor cooperación por parte del Estado colombiano en el envío de la información solicitada, en tanto contribuye de manera efectiva a la investigación y a la materialización de los derechos de las víctimas.
Según la denuncia, “el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez habría buscado el alineamiento de toda la población en torno a la fuerza pública, dividiéndola entre ‘amigos’ o ‘enemigos’ de la patria, del Estado, del orden y de la Seguridad Democrática, amparado en el mandato de derrotar a las guerrillas, la estrategia contrainsurgente se enmarcó desde el inicio en la llamada ‘Guerra contra el Terrorismo’”.
Considerando lo anterior, la más reciente notificación consolida lo que fuere un tercer momento importante en el desarrollo de la querella, representando la viabilidad y la continuidad del proceso investigativo en contra de Uribe.
En síntesis, la radicación el 9 de noviembre de 2023, la ratificación el 15 del mismo mes y la admisibilidad derivada de esta notificación el 1 de julio de 2024, viabiliza la adhesión de otras víctimas y organizaciones, y, finalmente, la práctica de pruebas que consolidan la investigación en contra del primer expresidente de Colombia que estaría siendo indagado por crímenes de lesa humanidad.
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