La búsqueda es nuestro derecho #IntervenciónEnLaEscombreraYA

«Hoy venimos, con el corazón roto, pero con la resistencia de siempre, porque el amor por nuestros seres queridos es más fuerte que la desesperanza. No vamos a permitir que nuestrxs desaparecidxs sean olvidados. Venimos porque estamos convencidas de nuestros derechos» – víctimas de DF en la Comuna 13. 

El martes 21 de noviembre se llevó a cabo la Audiencia de supervisión al cumplimiento de órdenes de las Medidas Cautelares de la Comuna 13, derivadas de la Audiencia de seguimiento realizada el pasado 4 de octubre de 2023, en la ciudad de Medellín, la cual se realizó tal y como lo determinó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para proteger los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera, lugares en donde podrían estar inhumados cuerpos de víctimas de desaparición forzada, habitantes de la Comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal.

En esta audiencia, precedida por el Magistrado Gustavo Salaza , intervinieron Mujeres Caminando por la Verdad y el Movice, la Corporación Jurídica Libertad y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos en representación de las víctimas; además, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Ministerio Público,  la Alcaldía de Medellín, la empresa El Cóndor, la Consejería presidencial para los derechos humanos y la Dirección de Derechos Humanos y DIH de la Cancillería de. Cada portavoz tuvo un tiempo estipulado para la presentación de avances, socialización de informes y explicación de estudios y documentación que soportan las acciones realizadas en cumplimiento o proyección de cara a las medidas cautelares, determinadas en el Auto AI-010 del 20 de agosto de 2020.

La audiencia comenzó con la intervención de las víctimas integrantes del MOVICE y de la colectiva Mujeres Caminando por la Verdad. Adriana Arboleda, vocera Nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, inició diciendo:

“No deberíamos estar en esta audiencia; ésta es producto del incumplimiento constante de la institucionalidad en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, principalmente del derecho fundamental a la búsqueda, en un país en el que tenemos más de 120.000 víctimas de desaparición forzada y otras modalidades”.

Posteriormente resaltó la importancia de los principios rectores para la búsqueda de las Naciones Unidas, que insisten en la centralidad de las víctimas como práctica fundamental; en el propósito de crear y facilitar rutas para la búsqueda que superen los obstáculos que se presentan; en las garantías al cumpliento de los derechos; y, en el respeto a la dignidad humana de las víctimas, reconociéndoles como personas titulares de derechos que deben ser protegidas, y distinguidas por aquellos conocimientos importantes que contribuyen a la eficacia de la búsqueda. 

Seguidamente, las voces de Mujeres Caminando por la Verdad se hicieron sentir con la lectura de una intervención colectiva que expresó la manera en cómo sus vidas cambiaron a partir del 2002 con la perpetración de las 20 operaciones militares en la Comuna 13. 

“El 16 de octubre de ese año fue el peor de todos. Las calles de nuestros barrios se llenaron de ejército, policías y paramilitares. Dispararon indiscriminadamente contra nuestras casas, contra cualquier persona. Por horas, nos escondimos debajo de las camas, pensando que así podíamos escapar de la muerte. Las mujeres que estamos hoy aquí, somos sobrevivientes. Pero desgraciadamente, nos tocó ver cómo asesinaban y desaparecían a nuestros hijos, hijas, esposos, padres y hermanos. Pedimos auxilio, pero nadie de las autoridades nos quiso escuchar; negaron todo, lo justificaron y no les importó nuestro dolor”.

Durante 21 años, las víctimas han acudido a la Personería, la Procuraduría, la Fiscalía, a Justicia y Paz, a la UARIV, a la UBPD, a la JEP y aún continúan… Han compartido su voz, relato, dolor y exigencia con los 6 alcaldes que desde la fecha han gobernado la ciudad de Medellín (Luis Pérez, Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez, Daniel Quintero). “Todos han jugado con nuestras esperanzas; han incumplido su obligación de buscar a nuestros seres queridos; han dilatado el tiempo para no cumplir. Algunos incluso han negado la existencia de los desaparecidos; otros se han aliado con los victimarios. Mientras tanto, nosotras seguimos aquí, atrapadas en el dolor, la enfermedad, la desesperanza, el desconsuelo. Por eso venimos a decirles que estamos cansadas y exigimos respeto”, cierra uno de los párrafos de la intervención.

Han sido distintas las acciones, estrategias y mecanismos que las víctimas han emprendido, liderado y convocado para hacer sentir su opinión, su exigencia, la urgencia porque la búsqueda inicie y no existan más dilaciones. Incluso el pasado 9 de noviembre realizaron una acción pública en la que dejaron saber su rechazo a las prórrogas por parte de la administración municipal saliente y de las otras representaciones institucionales, incluidas la JEP y la UBPD, quienes el 3 de noviembre, en Mesa técnica conjunta, informaron que de acuerdo al cronograma compartido por la alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de la No Violencia, las excavaciones en el polígono no iniciarán en 2023 y se estima que podrían iniciar finalizando el primer semestre de 2024. 

Hace 19 años, centenares de personas fueron víctimas de las operaciones militares en la Comuna 13, desde entonces, han sido varias las mujeres buscadoras que han fallecido esperando encontrar  a sus familiares y ser testigos de la reparación y las garantías de no repetición. Con el tiempo, son a su vez varias las mujeres que pierden las esperanzas, que enferman, que manifiestan las distintas afectaciones emocionales, físicas, sociales… a las que las ha llevado la incesante búsqueda, y con ella la impunidad y no materialización de acciones concretas por parte de la institucionalidad; con lo anterior  advierten: “ustedes han hecho que ya no queramos participar y eso es inhumano. Ustedes hablan siempre del enfoque psicosocial, pero es una mentira, es una burla, porque la verdad es que no les importamos”. 

A lo largo de la audiencia fue insistente la importancia de que las instituciones convocadas e involucradas por su propósito con la búsqueda fueran determinantes y correspondientes a las órdenes expedidas por la magistratura el pasado 4 de octubre, respondiendo a la responsabilidad explícita en el Auto ya mencionado y retribuyendo a la espera y resistencia de las familias buscadoras. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las víctimas reiteraron sus exigencias que de manera textual constan de:

1. El cierre inmediato de la Escombrera y de la Arenera. Ese tiene que dejar de ser un lugar de olvido y de riqueza para algunos y convertirse en un lugar de memoria. Ese es nuestro derecho. Si no podemos encontrar a nuestros desaparecidos, que al menos el lugar sirva para recordarlos.
2. Que se busque a todos los desaparecidos y desaparecidas, como lo acaba de decir la Sentencia de la Corte Interamericana. La UBPD tiene la obligación de implementar el Plan de Búsqueda sin demora. Ya no hay justificación para que se nieguen a iniciar INMEDIATAMENTE la intervención en la Escombrera. Ese pequeño pedazo de tierra, que parece que es el único que tiene problemas, porque El Cóndor si puede trabajar en el resto del lugar.
3. Que se le ordene a la alcaldía que aporte los recursos económicos que se necesitan para la intervención, porque tienen obligación de garantizar nuestros derechos. Pero también exigimos que ellos no hagan parte de la intervención forense, que no participen en las Mesas Técnicas, que no puedan decidir en la búsqueda. No entendemos porque nuestros derechos dependen de la voluntad de alcaldes que nunca han querido que se encuentre a lxs desparecidxs, que han beneficiado a los empresarios de la escombrera y la arenera.
4. Que la JEP investigue y castigue a los victimarios, a los que permitieron los asesinatos y las desapariciones. No entendemos por qué a los militares no se les pregunta por los desaparecidos de la Comuna 13. El general Mario Montoya, el general Leonardo Gallego y todos los demás militares que participaron de la operación Orión y de otras operaciones, tienen que decir la verdad, decir quién dio la orden y explicar dónde están nuestros familiares.
5. Que haya resultados. No tiene sentido hacer actos de memoria de nuestros familiares, no tiene sentido la justicia, no tiene sentido hacer mesas técnicas si no hay avances concretos. Si no van a hacer nada, entonces nos deben decir, porque ya no soportamos que las mujeres del grupo se sigan muriendo sin esperanzas. Porque no queremos más afectaciones físicas y emocionales, no queremos más daño. Ustedes tienen la obligación de buscar a los desaparecidos, tienen obligación de reparar, tienen obligación de buscar la verdad, tienen obligación de hacer justicia. No estamos suplicando, no estamos pidiendo. Estamos aquí exigiendo que se garanticen nuestros derechos.

Por su parte, la UBPD en medio de las intervenciones hechas por las personas delegadas, fue enfática en la claridad del polígono definido por la medida cautelar, y un área de mayor potencial forense para la búsqueda que ha sido determinado por la misma Unidad y que se contempla en la primera intervención. “Yo si le quiero decir a las víctimas que la Unidad está comprometida con esta. El recurso humano, técnico, tecnológico para abordar toda la intervención lo conseguimos o lo conseguimos, buscamos la forma de hacerlo. Hay un compromiso por atender y resolver la agonía que por tantos años han vivido las víctimas”, mencionó la directora Luz Yaneth Forero, anexando la información de que dicha fase de intervención tendría una duración aproximada de 18 meses. 

Pese a que la voluntad y compromiso con la búsqueda de todas las partes se hizo expresa en el desarrollo de la audiencia, las víctimas y sus vocerías fueron insistentes en la claridad del cronograma de acción, las fechas y los tiempos destinados para cada uno de los momentos previos y de desarrollo para la intervención forense; el llamado concreto fue la claridad y concreción de los detalles, siendo enfáticas en la negativa a que las excavaciones iniciaran en el 2024 y haciendo un llamado de atención a la trama discursiva y la implementación real de las acciones que aporten de manera concreta a la búsqueda, más allá de los tecnicismos y simbolismos propios del lenguaje. 

Para determinar y aterrizar lo anterior, la magistratura resolvió, en consideración a sus facultades constitucionales y legales, lo siguiente: 

Primero: adoptar como guía el informe de geotecnia hecho por la empresa Moreal S.A. que define el diseño de excavación adecuado y recomienda las medidas de prevención y control de riesgos para el plan de intervención forense acordado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

El alcalde deberá entregar el informe final del estudio el 27 de noviembre de 2023.

Segundo: ordenar al alcalde de Medellín, señor Óscar Hurtado, que, primero, inicie dentro de los dos días siguientes las actividades del cronograma presentado en la audiencia; segundo, garantice la continuidad de la asesoría de ingeniería y geotecnia; tercero, acuerde con la UBPD y la UIA los términos en que proporcionará el apoyo logístico y las adecuaciones preliminares para la intervención.

Tercero: Dar traslado por secretaría judicial del estudio de geotecnia a Construcciones El Cóndor y, en consecuencia, resuelve autorizar a Construcciones El Cóndor para que adelante, bajo el acompañamiento de la UBPD, las adecuaciones y trabajos de acuerdo con lo presentado en el día de hoy. La UIA deberá entregar mensualmente un informe a la mesa técnica que se crea en el marco de esta medida cautelar.

Cuarto: Solicitar a la UBPD y a la UIA la formulación de un protocolo de preservación forense para que Construcciones El Cóndor lo adopte en el desarrollo de la explotación de la cantera en La Escombrera, que debe ser discutido con Construcciones El Cóndor en mesa técnica que constituirá para estos efectos.

Quinto: Adoptar el informe presentado en esta audiencia por la UIA, la UBPD y la Alcaldía de Medellín en el que se definen los polígonos para las áreas, primero, de revisión de material extraído; segundo, disposición temporal del material extraído y; tercero, ubicación del campamento para el acompañamiento de las familias y otras organizaciones peticionarias.

Sexto: ordenar a la UBPD que, en coordinación con la Alcaldía de Medellín y la UIA, inicien el plan de intervención forense en particular los de la fase 5 en la semana siguiente al momento en el que se terminen las obras de adecuación indicadas en esta audiencia. La UBPD y la UIA deberán remitir informe mensual a la Sección, el primero de ellos el 20 de diciembre de 2023. La primera Mesa técnica deberá ser convocada y efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la radicación del informe, en todo caso se garantizará la participación de las organizaciones peticionarias, la fundación de antropología forense de Guatemala y Equitas.

Séptimo: reiterar que el perímetro de intervención forense en La Escombrera es el definido en el Auto SAR AI 041 de 2021 y en consecuencia la UBPD y la UIA deberán garantizar el debido proceso de búsqueda en toda su área.

Octavo: Ordenar al Alcalde de Medellín que incluya dentro del empalme con el mandatario elegido para el próximo periodo constitucional un informe detallado de esta medida cautelar y de las obligaciones a cargo de la entidad territorial. Deberá remitir a la sección informe del cumplimiento de esta orden dentro de los 10 días siguientes a la comunicación respectiva.

Noveno: ordenar a la Alcaldía de Medellín realizar los ajustes a la propuesta de presupuesto de próxima vigencia para que el cumplimiento de las obligaciones se lleve a cabo.

Recopilando todo lo anterior, en descripción de lo acontecido el pasado 21 de noviembre en Medellín, es necesario insistir en que la búsqueda es un derecho fundamental de las víctimas, y en sí misma es una revelación para la historia de este país que intenta a cada paso, en representación de las familias buscadoras y de la solidaridad de las organizaciones y la sociedad civil, disolver la niebla que impone el olvido y la impunidad. 

¡Seguimos escarbando la verdad, hasta desenterrar la justicia!