¡Por los desaparecidos, los desplazados, los masacrados y ejecutados extrajudicialmente! marchamos en el día de hoy las organizaciones sociales y populares que acompañamos a las víctimas de crímenes de Estado, las cuales son invisibilizadas y discriminadas por una política gubernamental que posibilita el empoderamiento de los victimarios con un desconocimiento abierto de los derechos a la VERDAD, la JUSTICIA, la REPARACIÓN INTEGRAL y la MEMORIA HISTÓRICA frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los últimos 40 años.
El desarrollo del conflicto social y armado que desgarra nuestro país ha propiciado el desplazamiento forzado de cerca del 10% de la población, en muchas ocasiones promovido para propiciar el desarrollo de megaproyectos y proyectos de tipo productivo y económico en los que tienen fincados sus intereses no solo personajes mafiosos vinculados con el paramilitarismo sino además multinacionales y poderosos grupos políticos y económicos nacionales. Se han cometido de manera sistemática y persistente graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, lo que ha conllevado a la desaparición forzada de por lo menos 15.000 personas inhumadas en unas 3.000 fosas comunes sembradas en toda la geografía nacional y otras muchas despedazadas siendo arrojadas a los ríos y cuyo paradero nunca podrá ser ubicado. 
El desarrollo de estas acciones criminales ha propiciado el exterminio de todo un partido político como sucedió con la Unión Patriótica al ser asesinados mas de 4.000 de sus miembros; han sido asesinadas 2.500 personas vinculadas al movimiento sindical. En nuestro país, con el concurso dado entre mafiosos, paramilitares, ganaderos y algunas personas vinculadas con la clase política han sido arrebatas violentamente seis millones de hectáreas de tierra productiva. Así mismo, durante los años comprendidos entre 1982 y 2005 los paramilitares actuando en muchos de los casos de consuno con miembros de la fuerza pública cometieron 3.500 masacres en contra de población indefensa.
En desarrollo de la política de seguridad democrática han sido cometidas 950 ejecuciones extrajudiciales imputables a miembros de la fuerza pública. En despliegue de esta política se dio inicio a un proceso de negociación con los paramilitares el cual estaba dirigido al otorgamiento de beneficios mediante los cuales se les legitimaba políticamente. Posteriormente con lo que fue presentado como un proceso de desmovilización se otorgó garantía de impunidad respecto de miles de crímenes de lesa humanidad a más de 30.000 personas que fueron presentadas en tal condición, con un desconocimiento radical de los derechos concedidos a las víctimas por la normatividad internacional. A pesar de esta negociación que ha beneficiado ampliamente a estos grupos criminales, que desde siempre han reconocido sus simpatías con el actual gobierno y que ha servido para ayudar a empoderar a diferentes personajes políticos de la vida nacional, el paramilitarismo se fortalece cada vez mas en todo el país.
Hoy queremos rendir un sentido homenaje a las víctimas de crímenes de estado cometidos en Antioquia, porque consideramos que ha sido una de las regiones más golpeadas por la violencia política, social y económica. Crímenes que han sido perpetrados en nuestro departamento en buena medida para afianzar políticas de Estado mediante las cuales se persiguen diferentes propósitos como acallar actores sociales y populares comprometidos con la defensa de los derechos humanos o con la reivindicación de los intereses de la población excluida y marginal; o en muchas oportunidades para posicionar proyectos políticos, locales, regionales y nacionales; o simplemente dirigidos a la consolidación de intereses del narcotráfico.
De los cuatro millones de personas desplazadas forzadamente en Colombia a raíz del conflicto social y armado que nos desangra, por lo menos un diez por ciento lo han sido en esta región del país. Tan solo en Oriente antioqueño en los últimos 3 lustros cerca de 110.000 personas, en su mayoría humildes campesinos fueron obligados mediante diferentes ejercicios de terror a abandonar sus tierras. Más del 30% de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en todo el país se presentaron en Antioquia señalándose la responsabilidad directa de integrantes de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
La denuncia sobre la forma como empresarios agroindustriales pertenecientes al sector bananero local y transnacional ayudaron a financiar el proyecto paramilitar en Urabá, permite comprender que las alianzas para la configuración de este proyecto no estaba dirigido en su esencia al desarrollo de una campaña contrainsurgente, en la medida en que las bandas paramilitares se dedicaron a asegurar los intereses de estos empresarios y de otros sectores económicos comprometidos con la explotación de la palma africana, despojando a miles de campesinos de sus tierras para dedicarlas a estas formas de explotación económica.
En el departamento de Antioquia se han documentado más de 300 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de la seguridad democrática, imputables a miembros de la fuerza pública. A pesar de adelantarse denuncias, campañas y diferentes tipos de acciones judiciales, el ocasionamiento de esta modalidad de crimen de lesa humanidad no disminuye por cuanto la necesidad de mostrar falsos positivos en la lucha contra la insurgencia conlleva a que permanentemente humildes campesinos y campesinas sean capturados, torturados y posteriormente asesinados para ser presentados como guerrilleros muertos en combate. Tan solo en el transcurso de 2007 fueron reportados en el oriente antioqueño 21 casos de ejecuciones extrajudiciales, constituyéndose en una de las cifras más altas durante los últimos 5 años.
En nuestro departamento han sido reportadas ante el Grupo de Identificación de Personas y Búsqueda de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigaciones que funciona en esta región del país 7.000 casos de desapariciones sucedidas desde la creación de este unidad en 1995. Este organismo tiene a su cargo la identificación de 600 cadáveres que han sido exhumados de fosas comunes halladas durante los últimos años en el departamento de Antioquia, de los cuales 16 cuerpos fueron identificados plenamente para diciembre de 2007 y 15 más tendrán resultados positivos para marzo del presente año. Con ello se concluye que uno de los departamentos más afectado con el fenómeno de la desaparición forzada es el nuestro, hasta el momento no contamos con una política oficial seria y efectiva dirigida a comprometer los recursos humanos y técnicos requeridos, además de implementar las normas y protocolos establecidos a nivel internacional para darle debido tratamiento a este grave problema.
El panorama para las victimas de la población de la ciudad de Medellín es supremamente adverso en la medida en que la ciudad alberga unos 5.000 paramilitares de los que han sido presentados como desmovilizados en todo el país, desdibujándose la posibilidad de dar garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad. Desde iniciado el proceso de desmovilización a finales de 2003 se denunció que tal acto era artificioso por cuanto muchos de los presentados como desmovilizados por parte del Bloque Cacique Nutibara habían sido reclutado sólo con ese propósito y la mayoría de sus integrantes continuaban actuando clandestinamente. La presencia de paramilitares desmovilizados y no desmovilizados controlando barrios y comunas y cometiendo toda modalidad de crímenes es evidente a pesar que las autoridades locales se empeñan en ocultarla a toda costa.
En la mayoría de comunas de la ciudad en los últimos meses la presencia y el control de los grupos paramilitares se ha hecho más visible mediante la expedición de una serie de comunicados públicos en los que se profieren amenazas en contra de determinados sectores de la población señalados como indeseables. Se teme que la situación de intimidación y violencia al que tienen sometidos los grupos paramilitares a vastos sectores de la población se intensifique en el futuro próximo sin que las autoridades asuman la responsabilidad que les compete en materia de garantes y protectores de la ciudadanía.
Finalmente queremos aprovechar este escenario de posicionamiento público de la verdad de las víctimas para manifestar nuestra preocupación frente al manejo que de la parapolítica hace la Fiscalía General de la Nación en nuestro departamento. Muchos de los congresistas y dirigentes políticos señalados de auspiciar, financiar y promover los grupos paramilitares en todo el país pertenecen a nuestro departamento y tememos que el poder político y económico del que se encuentran investidos constituya la prenda de garantía para evitar que respondan ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad de los que son responsables.
¡POR LOS DESAPARECIDOS!
¡POR LOS DESPLAZADOS!
¡POR LOS MASACRADOS!
¡POR LOS EJECUTADOS!
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153