Entre el 27 y el 29 de julio se realizó en Quibdó, capital del departamento de Chocó, el I Foro por la Minería Responsable en el Pacífico Colombiano, convocado por la Mesa Permanente para la Promoción de la Minería Responsable en el Departamento del Chocó y el Pacifico Colombiano, y donde participaron instituciones públicas, organizaciones vinculados a la actividad minera en la región, líderes, liderezas y autoridades tradicionales de las comunidades y organizaciones sociales y étnicoterritoriales.
En este Foro se ha logrado confrontar versiones, intereses, conflictos y problemas de cara a la explotación minera en la región. Algunas de las mayores preocupaciones expuestas por las comunidades y las organizaciones sociales tienen relación con los impactos sociales, económicos y ambientales de la explotación minera; la desventaja entre los diferentes niveles de explotación en la minería artesanal y en pequeña escala y la mecanizada; la invisibilidad de las comunidades nativas y sus territorialidades en las políticas, planes y programas mineros; entre otros.
También la Diócesis de Quibdó participó en el evento con un pronunciamiento alrededor de los “alcances y consecuencias de la economía extractiva que el mercado internacional ha logrado imponer en el mundo en general y en nuestra región del Pacífico en particular”, donde manifiesta las inquietudes que despierta el favorecimiento de los intereses del capital privado trasnacional, en detrimento de la conservación natural y de las comunidades asentadas en la región.
“En toda esta subregión de los municipios de Condoto, Medio San Juan, Istmina, Cantón de San Pablo y Unión Panamericana no podemos dejar de llorar al ver las montañas de piedra y lodo que se asemeja a un bombardeo por el accionar de las retroexcavadoras y elementos contaminantes, que además de estos daños ecológicos irreparables sólo dejan más miseria y muerte para los 
lugareños…”, declara la Diócesis en su ponencia.
Y propone, entre otros, que sean congeladas las operaciones de mega minería en el Pacífico en tanto el Gobierno no garantice la “protección de los derechos fundamentales al territorio, la autodeterminación de los pueblos, la restitución de tierras, la verdad, la justicia, la protección y la reparación integral y diferencial de las víctimas de la violencia pertenecientes a las etnias colombianas”, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Que garantice también que al interior de las comunidades se realicen consultas previas que les permitan construir criterios comunes y defender sus posiciones. Que, así mismo, se establezcan responsabilidades penales con quienes violen estos derechos. “Que el Estado colombiano construya alternativas económicas diferentes a las trazadas por el mercado internacional, mediante políticas públicas incluyentes que respeten y protejan los derechos humanos y los derechos territoriales de los pueblos”.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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