PREOCUPACIONES SOBRE EL PACTO CON ILEGALES EN MEDELLIN

Se hizo público en la ciudad y el país la existencia de un pacto entre la Comisión de notables integrada por el Dr. Jaime Jaramillo Panesso, Integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el Sr. Gerardo Bermúdez conocido como Francisco Galán, el Señor Jorge Gaviria, ex funcionario encargado en la Alcaldía de Medellín del proceso de reconciliación, y Monseñor Alberto Giraldo, Arzobispo de Medellín, asesorada por el Sr. Ignacio Castaño funcionario de la Gobernación de Antioquia, con narcotraficantes privados de la libertad que permitiría una “tregua” entre bandas criminales enfrentadas, con el objeto de disminuir los homicidios en la ciudad de Medellín y alcanzar la tan añorada paz, aquella que nos prometieron desde el “pacto de Santafé de Ralito” que dio lugar a la supuesta desmovilización de más de 35.000 paramilitares. Se dice que esa tregua ya dio sus frutos y que la defensa del derecho a la vida y la reconciliación son sus más altruistas finalidades.

 

Este no es un pacto novedoso, y los notables no han sido los únicos en emprenderlo. La fórmula de la negociación con organizaciones criminales ha sido aplicada en varios momentos históricos en el país y para distintos efectos. Medellín no es la excepción. Se negocia con diferentes intencionalidades: Se acuerdan formas de penetración de los paramilitares a vastas zonas del territorio colombiano, tal como lo reconoció Diego Fernando Murillo Bejarano alias “don Berna”, y lo sostenían reiteradamente organizaciones de derechos humanos, para implementar la estrategia de terror impuesta en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín durante y posterior a la llamada Operación Orión; de igual manera se han formalizado acuerdos entre sectores económicos y militares para implantar el paramilitarismo en Urabá a través de la denominada Operación de pacificación “retorno” a finales de los años 90.

 

En 1990, Luis Antonio Meneses, alias Ariel Otero, -ex oficial del ejército, paramilitar y narcotraficante- negoció con el gobierno nacional un acuerdo para la desmovilización de los paramilitares del Magdalena Medio, que no los desarticuló y menos aún fueron sometidos a la justicia. Más tarde, Arnubio Triana, alias Botalón, reorganizó a los paramilitares en más de diez frentes unidos a los de Ramón Isaza y retomaron el control, para según él, parar los problemas, “no más muertos y más tranquilidad”. Diez y seis años más tarde, se volvió a desmovilizar y los más de cinco mil crímenes que se les atribuyen están aún en la impunidad[1].

 

Los Presidentes Cesar Gaviria y Ernesto Samper acordaron con los narcotraficantes de los Carteles de Medellín y Cali su sometimiento a la ley, sobre la base de la entrega a las autoridades y rebajas de penas privativas de la libertad por los crímenes cometidos; sin embargo, el narcotráfico, en más de tres décadas sigue aportando grandes ganancias económicas a muchos sectores legales e ilegales en el país y se convirtió en un influyente factor de corrupción y ascenso político. Los crímenes cometidos por estas agrupaciones igualmente continúan sin esclarecerse.

 

En el siglo XXI se acordó la impunidad para más de 31.671 paramilitares desmovilizados en virtud de la ley 782 de 2002 y el decreto 128 de 2003 absteniéndose la Fiscalía de abrirles investigación. A 3.600 personas que tenían o podrían llegar a tener procesos penales pendientes se les aplica la Ley 975 de 2005 sin que los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral sean una realidad, y peor aún, cinco años después de la supuesta desmovilización, la reconciliación es una gran falacia y quienes los financiaron, apoyaron y se han beneficiado con sus crímenes continúan en las instancias de poder civil, militar y económico.

 

Lo cierto es que, por un lado se acuerda el fortalecimiento de los aparatos de represión y criminalidad y paso seguido, se negocia con los perpetradores, -paramilitares y narcotraficantes-, la obtención de beneficios jurídicos teniendo como fundamento la paz y la reconciliación entre los colombianos y colombianas. ¿Pero a través de cuál de esos pactos se ha obtenido la reconciliación?. ¿Cuál de esos acuerdos ha permitido garantizar de manera sostenida el derecho a la vida, salvo para simular por un corto tiempo la efectividad del acuerdo?. ¿Cuál de esas negociaciones ha desactivado las estructuras que los han suscrito?. ¿Qué modelo de control social se ha impuesto luego de la desmovilización de las agrupaciones que han cometido graves crímenes contra la humanidad?. ¿Con cuántos de aquellos se integran las redes de informantes y cuál es el procedimiento de vigilancia de sus actuaciones y de las fórmulas de recompensa?.

 

Dijo Jaime Jaramillo Panesso que “mantendrán el objetivo de trabajar por la eliminación de los homicidios y, paralelamente, buscar el sometimiento a la justicia de algunos de esos jefes delincuenciales[2]. Pero, ¿Qué entiende la Comisión por el sometimiento a la justicia?. ¿Qué facultades tenían para negociar con los narcotraficantes?. ¿Qué ofrecieron a cambio de la tregua?. Los recursos jurídicos para la atenuación o rebaja de penas están consagrados en el código de procedimiento penal, y la defensa técnica de estos tiene la discrecionalidad de solicitarlos, sin necesidad de un pacto entre dicha Comisión y los jefes narcotraficantes. ¿Será acaso que la autorización para pactar dada por el gobierno nacional, a través del Presidente Álvaro Uribe Vélez tenia la finalidad de otorgarles el estatus de actores del conflicto y conducirlos a un proceso de desmovilización colectiva y repetir el ciclo de legalización y de impunidad?.

 

En Colombia, el paramilitarismo ha sido concebido como una política para el exterminio de amplios sectores sociales y políticos considerados parte del enemigo interno y de instauración de un sistema económico excluyente que ha provocado el desplazamiento de más de cuatro millones de colombianos y colombianas. El narcotráfico, es un factor de violencia criminal que ha facilitado el financiamiento de los paramilitares, y ha mantenido sus propias redes para el sostenimiento de su actividad ilegal. En el país subsisten ambas expresiones, y responden a dinámicas diferentes que en ocasiones se complementan. Tras años de lucha contra el narcotráfico, lo cierto es que tienen amplio poder de coacción e intimidación, pero ello no quiere significar que la sociedad los deba reconocer como actores con estatus político y mercantilizar hasta los más caros principios de cualquier democracia: la vida, la justicia y la dignidad de los seres humanos. La negociación con los paramilitares, fue la claudicación del Estado en reconocer su propia responsabilidad en su formación, consolidación y en la violación de los derechos humanos. Son estrategias que mantienen a la sociedad en el círculo vicioso del agravamiento del conflicto armado, para evadir su solución política removiendo las causas estructurales que le han dado origen.

 

Es urgente la exploración de caminos jurídicos y políticos que conlleven a la efectiva desactivación de las estructuras narcotraficantes y paramilitares, y los andamiajes que las sustentan; pero más allá, de aquellas políticas que han favorecido su actividad y permitido su instalación en esferas de poder. Se hace necesario, cimentar como fundamento del Estado la vigencia del respeto de los derechos humanos, la existencia de instituciones garantes de la dignidad humana, que no actúen directamente en contra de la población y menos aun mantengan organizaciones paralelas que actúan por fuera de marcos normativos internacionales. La superación de la impunidad pasa por la reivindicación de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, con el objeto de construir reales políticas de garantías de no repetición.

 

Las organizaciones sociales y de derechos humanos que conforman el COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS SEMILLAS DE LIBERTAD (CODEHSEL) cuestionaron la negociación con las agrupaciones paramilitares y mafiosas promovida por el gobierno nacional y las fórmulas jurídicas que se incorporaron en la legislación y el sistema penal para apuntalar la impunidad e instalar en la legalidad a los autores de graves violaciones de los derechos humanos. Así mismo ve con preocupación los nuevos pactos con narcotraficantes que pone a depender la garantía del derecho a la vida en los propios criminales y que además, deja intactas sus redes económicas basadas en el tráfico de drogas de uso ilícito, el expendio de alucinógenos, la extorsión, la trata de personas para la prostitución, y la utilización de menores de edad en dicha actividad.

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