PUERTO NUEVO

Viejos ignorados por el Estado
Nuevos pobladores afectados por obras urbanísticas

Los habitantes de Puerto Nuevo, un sector conformado hace más de treinta años en el barrio San Isidro, en la Comuna 4 (Aranjuez) de Medellín, sobre el margen derecho del Río Medellín, han venido reclamando y denunciando, desde 1995, los perjuicios producidos por las obras de infraestructura del Metro que requirieron el desvío del río desde la quebrada La Herradura hasta el puente Tricentenario, ocasionando erosiones en las zonas ribereñas y mayor número de inundaciones y deslizamientos, agravados durante las ya habituales temporadas invernales en que el río se libera de su cauce y se lleva por delante los ranchos.

Tal era la magnitud de los daños sobre las viviendas y los suelos, que los habitantes de Puerto Nuevo se organizaron en el Comité Pro-Defensa de la Propiedad para exigirle al Comité Metropolitano de Desastres, en julio de 1995, que enviara “una comisión urgente para constatar el peligro de unas familias cuyas viviendas están al lado del río” y solucionara el problema desencadenado por la construcción del Metro.

Pese a que la solución a la vista fue la canalización del río, las obras fueron detenidas en 1996, dejando a su suerte a la comunidad de Puerto Nuevo. Desde 2010 la Mesa de Trabajo de Puerto Nuevo ha continuado insistiendo ante las instancias locales, recalcando los problemas causados y omitidos tanto por el Metro de Medellín como por la Administración Municipal, y el nivel de gravedad al que ha llegado cuando carecen, incluso, de placas de contención que limiten el río de la zona residencial.

Tras muchas negativas a prestarles la atención requerida, los habitantes del sector se preguntan si la estrategia de la Administración fue justamente esperar a que las familias desalojaran por su cuenta ante el peligro que corrían, para que se facilitara el desarrollo de obras de infraestructura como la ampliación de la vía Regional Norte y la construcción del puente de las calles 93 y 94.

 El proyecto puente de la 93 y 94

En el Plan de Movilidad y en el Plan de Desarrollo municipal 2008-2011, de Alonso Salazar, se proyectó la construccion de tres puentes que atravesaran el río Medellín con el fin de mejorar la conectivididad de la ciudad en sentido oriente-occidente y viceversa. Dichas obras eran el puente de la 4 sur, cuyo costo de ejecucion ascendía a los 205 mil millones de pesos; la ampliación del puente de la avenida 33, de 10 mil millones; y el puente de las calles 93 y 94, que no alcanzó a desarrollarse en aquel periodo, pero fue revivido por el actual alcalde Aníbal Gaviria.

Con un costo estimado de 180 mil millones de pesos, el proyecto del puente la 93-94 –como es conocido–, consiste en dos puentes de 850 mts de longitud que conectarán los barrios de Aranjuez y Castilla. Su propósito es mejorar la movilidad en la ciudad, pero implica la afectacion a por lo menos 200 familias del sector de Puerto Nuevo.

La informacion sobre los predios que deberán ser adquiridos para la ejecucion de la obra, está siendo recogida desde principios de agosto por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). El proyecto le ha sido encargada a la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Medellín. Entre tanto el Instituto de Vivienda Social y Hábitat de Medellín (ISVIMED) se ocupará de coordinar los reasentamientos humanos y de grupos familiares

Valga decir que esta institucion es recordada por los habitantes del barrio La Toma, en Caicedo, quienes protestaron por los avalúos y viviendas asignadas; por las familias que están en proceso de expropiacion en Moravia y quienes han sido reubicados en las urbanizaciones Ciudadela Nuevo Occidente, La Herradura y Álamos, quienes no paran de manifestar su insatisfaccion ante la calidad y los costos de las nuevas viviendas y los graves problemas de orden público al reunir en un mismo sitio a bandas enemigas.

Las alternativas de vivienda ofrecidas por el ISVIMED a las familias de Puerto Nuevo son pago de la propiedad o mejoras, subsidio de vivienda nueva por 39 millones de pesos, vivienda usada con un costo máximo de 35 millones de pesos o arrendamiento temporal. El panorama es desfavorable por donde se mire, puesto que este tipo de proyectos no están siendo pensados para favorecer a la poblacion. Los montos ofrecidos no sólo no compensan el área de las viviendas que deben abandonar, sino que no alcanzan para hacerce a otra en iguales o similares condiciones de tamaño y centralidad.

Así las cosas, la principal preocupación de los habitantes de Puerto Nuevo, los comités de vivienda, la Mesa de Trabajo y la veeduría ciudadana, recae en el tratamiento de los sujetos individuales y colectivos (comunidades), las vulneraciones a sus derechos y el menoscabo por parte de la Administración Local, tal y como se ha demostrado en proyectos anteriores en los cuales los afectados sólo han sido tenidos en cuenta para informarles en lugar de consultarles.

Tres meses han pasado desde que comenzó la ejecución del proceso y apenas ha empezado a ser socializado a la comunidad, que deberá verlo finalizado en seis meses más. Ante la exigencia de la comunidad de plantear una mesa de negociación que sirva de apoyo para los propietarios o poseedores de predios, la respuesta de la empresa ha sido: “se negocia con cada uno, en la casa de cada uno”. Luego dijeron que para la negociación solo se tenían como legítimas las Juntas de Acción Comunal, desconociendo la legitimidad de otras organizaciones barriales que en lugar de ser excluidas, deberían ser fomentadas, como lo indica el artículo 4º de la ley 388 de 1997.

En vista de las circunstancias la comunidad, la veeduría del proyecto y la Mesa de Trabajo de Puerto Nuevo vienen desarrollando asambleas barriales todos los domingos y los lunes cada quince días, para hacerle seguimiento al proyecto y socializar la información a la que se va accediendo. Este proceso lo ha venido acompañando y apoyando la Mesa de Vivienda de la Comuna 4, la Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín y la Corporación Jurídica Libertad, buscando que las personas afectadas por obras urbanísticas que se proyectan para las riveras del Río Medellín sean reconocidas como afectadas por el desarrollo y sus experiencias encuentren puntos de articulación.