Durante el Paro Nacional del año 2019, las protestas contra el abuso policial del 2020 y el Paro Nacional del 2021, en Colombia y a nivel inter- nacional, se evidenciaron las agresiones múltiples y masivas que agen- tes policiales, militares y paramilitares ejecutaron en contra de quienes participaban de las protestas sociales. Torturas, golpizas, privaciones de la libertad, desapariciones forzadas, agresiones sexuales, fracturas en el cráneo y la cara, mutilaciones oculares y asesinatos, fueron “el pan de cada día” en las denuncias de organizaciones de la sociedad civil, de- fensores de Derechos Humanos y la ciudadanía. Esta práctica represiva ha intentado ser legitimada por gobernantes y operadores de justicia como una respuesta a la supuesta vulneración del orden público por parte de los manifestantes, desconociendo los derechos constituciona- les, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia al establecer que:
5.2.5. El “orden público” gira en función de la garantía por el respeto a la dignidad humana que es principio fundante del Estado en Co- lombia y del cual se derivan otros derechos y, por tanto, toda aquella preservación del status quo no puede anteponerse ni estar por enci- ma del señalado precepto constitucional, so pena de resquebrar el sistema democrático. (CSJ 2020)
Las consecuencias de la represión, reflejadas en lesiones físicas permanentes, secuelas psicológicas y el estigma contra los mani- festantes, han constituido cargas pesadas para quienes ejercían su derecho a reunirse y manifestar su inconformidad ante las políticas gubernamentales. Lo que representa, como lo ha dicho la CSJ La in- tolerancia, la agresión y la imposición por la fuerza de doctrinas frustran el es- píritu humano en gobiernos lejanos a la democracia y a la pacífica discusión, lo cual apareja la debilidad de las instituciones encargadas de controlar el poder de los gobernantes1.
Sin embargo, esa no es una realidad que solo se haya materializado en esos 3 años, no se trató de un contexto en el que la situación se “le salió de control” al Estado y sus agentes; la intensidad de la moviliza- ción social en ese periodo fue la que permitió visibilizar la brutalidad de la respuesta estatal, pero esta es y ha sido una constante, que en el gobierno de Iván Duque cobró dimensiones alarmantes.
Así se concluye del trabajo de acompañamiento a la protesta social que hace la Corporación Jurídica Libertad, junto a organizaciones her- manas y plataformas de confluencia para la defensa de los Derechos Humanos, como la Campaña No Más Derechos Vulnerados por los Uniformados, el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes/ as Sociales, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Antio- quia -PSG- y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
La persistencia en la agresividad y el desconocimiento estatal de los Derechos Humanos, se pone de presente en este informe, que abarca el periodo 2017-2021 en el departamento de Antioquia, en el que se evi- dencian los patrones de agresión, las modalidades de vulneración de las garantías ciudadanas durante las protestas, analizadas desde un enfoque de género, las afectaciones y consideraciones psicosociales derivadas de esas violaciones a los derechos, los repertorios artísticos como forma de resistencia a la criminalización a la protesta social y la consideración del ordenamiento jurídico colombiano como condición de posibilidad para que se den vulneraciones contra la libertad.
Todos estos son aspectos que se tocan en los 5 capítulos que com- ponen este trabajo, que no sería posible sin la fuerza y dignidad de de- fensores y defensoras de los Derechos Humanos y las víctimas de las agresiones, que con sus testimonios y su disposición a seguir luchando en favor de sus derechos y los de las demás personas, dan sentido a la necesidad de visibilizar la brutalidad del Estado y sectores de la socie- dad ante el inconformismo social y político, así como de insistir en la necesidad de reflexionar y encontrar salidas a esa situación.
1 Corte Suprema de Justicia. Decisión de la Sala Civil STC7641-2020
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Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153