SENTENCIA A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS

Tras seis meses de allanamientos,capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles yenfrentamientos constantes, producto de los operativos militares Otoño,Contrafuego, Mariscal y Potestad, ejecutados en la Comuna 13 de Medellín por la Fiscalía, el DAS, la Policía Metropolitana, el CTI, la Fuerza Aérea y tropasdel Batallón de Infantería “Pedro Justo Berrío” de la IV Brigada del Ejército,bajo el mando del coronel Ramón Niebles; en la madrugada del 3 de agosto de2002, se desarrolló la Operación Antorcha, el penúltimo brochazo a lamilitarizada pacificación que sufrió este sector de la ciudad.

Los combates se extendieron hastalas seis de la mañana, y luego, sin más ni más, haciendo caso omiso a laausencia de milicianos, a las nueve de la mañana el Ejército reanudó losdisparos, originando un enfrentamiento entre los mismos miembros del EjércitoNacional, según los fundamentos de la demanda interpuesta por la CorporaciónJurídica Libertad.

En medio de tal enfrentamiento,un proyectil atravesó la ventana de la casa de Consuelo Suárez, causando lamuerte a su hija menor, Verónica Acevedo Suárez, de 13 años de edad. Segúndeterminó el dictamen pericial, este fue “disparado por arma de largo alcance yde uso privativo de las Fuerzas Armadas, tipo fusil, calibre 7.62”.

Estoicamente indiferente frente al monopolio del Estado sobrelas armas, el Ejército Nacional argumentó “que el sólo hecho de ser el arma que provocó la muerte de la menor deuso privativo de la Fuerza Pública, no endilga responsabilidad al EjércitoNacional, toda vez que en el mercado negro de armas éstas se encuentran adisposición de grupos delincuenciales que quieran adquirirlas”.

Aseguró también que nunca seenfrentaron entre sí. No obstante, en su declaración frente al Fiscal 37 deMedellín, Katiana Acevedo Suárez, hermana de Verónica, afirmó que al salir dela casa a pedir auxilio “vi que fue el Ejército que estaba por ahí”, losuficientemente cerca como para observarlos a través de la ventana.

Más tarde, tras la recolección de las pruebas, se determinó que sí hubo enfrentamientos, pero entre el Ejército Nacional y grupos subversivos, y que el primero fue el causante de la muerte deVerónica Acevedo. Por lo tanto se condenó a la Nación –Ministerio de Defensa y Ejército Nacional- pagar la indemnización determinada por los daños morales ocasionados a las demandantes por la muertede la menor, su madre Consuelo Suárez y su hermana Katiana Acevedo Suárez.

Antes y después de los operativos militares en la 13

Hacia finales de los años 80aparecen, en la Comuna13 de Medellín, las milicias del Ejército de LiberaciónNacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP),como respuesta al florecimiento de las bandas en los barrios, el auge delsicariato vinculado al narcotráfico y al consumo de estupefacientes, y laausencia del Estado.

Prácticas como amenazas, asesinatosselectivos y cooptación de jóvenes de los barrios, les permitieron a lasmilicias desplazar a las bandas y combos de delincuencia común, expertos enrobos, violaciones y atracos; logrando, además, llenar el vacío de la autoridadestatal, no sólo en el aumento de la seguridad, sino también en la defensa delos pobladores ante los desalojos de los asentamientos ilegales llevados a cabopor el Estado.

Más tarde se realizaron acuerdosde paz con algunos de los grupos de esta fuerza que hacían presencia en laciudad, produciendo una reducción de las milicias, mientras se asomabanincipientemente los grupos paramilitares, engrosados por antiguos milicianosque cambiaron de bando.

La arremetida paramilitar en laciudad podemos localizarla tras la ruptura de los acuerdos de paz entre laadministración del Presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP, enel 2002, penetrando la ciudad por diferentes puntos, especialmente la Comuna 13(Centro Occidental).
 
Fue en el 2002 en que seejecutaron los indiscriminados operativos militares en la Comuna 13, con el propósitode exterminar a la insurgencia. En su desarrollo participaron la Fiscalía, elDAS, la Policía Metropolitana, el CTI, la Fuerza Aérea y tropas del Batallón deInfantería “Pedro Justo Berrío” de la IV Brigada del Ejército, en coordinacióncon los grupos paramilitares, como lo han corroborado las declaraciones devarios desmovilizados, entre ellos Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.

La Operación Antorcha fue laquinta de todas ellas. En una sola mañana, la fuerza pública ingresó a losbarrios 20 de Julio, ElSalado y La Independencia, por tierra y en helicópteros de la Fuerza Aérea,capturando a 37 NN,especialmente obreros, mecánicos y estudiantes, y enfrentándose a las miliciaspara garantizar la tranquilidad durante la Feria de las Flores y evitaratentados terroristas.

Una vez finalizada, el alcalde deMedellín, Luis Pérez, confirmó la construcción de una base militar, que aún existe,en el barrio Belencito.

Meses más tarde, a partir del 16de octubre de 2002, se desarrolló la Operación Orión ordenada por el PresidenteÁlvaro Uribe, “concluyendo” los operativos militares en la Comuna 13. En mediode la confrontación murieron cuatro militares, diez personas presentadas comomilicianos, un civil víctima de ejecución extrajudicial a manos del Ejército enpresencia de su familia y una niña, Verónica Acevedo Suárez, alcanzada por unabala en su propio hogar.

Durante los tres días que duró eloperativo fueron detenidas, reseñadas y en algunos casos torturadas y obligadasa desplazarse, unas 450 personas. Ciento setenta de ellas fueron vinculadasformalmente a investigación como presuntas responsables de los delitos deconcierto para delinquir, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas; de lascuales sólo a “82 se les definió situación jurídica imponiéndose medida deaseguramiento. Las demás recuperaron su libertad. Luego de transcurrido más deun año fueron afectadas con resolución de acusación 56 de estas personas,siendo desvinculados definitivamente de la investigación 26 de los procesados”,declara el abogado de la Corporación Jurídica Libertad, Elkin Ramírez, en Memoriahistórica de la Comuna 13 de Medellín,publicado el 14 de octubre de 2008.

El Bloque Metro, el Bloque de lasAutodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el Bloque Cacique Nutibara hanhecho presencia en la Comuna desde entonces, ejerciendo absoluto dominio de lazona a través del terror que despiertan sus acciones entre los pobladores. Haninfiltrado y desarticulado diferentes procesos organizativos, “sometieron a ladesaparición forzada a unas 70 personas, dieron inicio a una serie deasesinatos selectivos contra habitantes y líderes reconocidos de la zona de loscuales hemos alcanzado a documentar 30. Modificaron algunos patrones de conductacriminal con el propósito de generar en la opinión pública la percepción de condicionesde tranquilidad y paz, la persecución de personas consideradas como enemigas oindeseables se adelantó por fuera de la Comuna 13, los homicidios con arma defuego disminuyeron y aumentaron los ocasionados con arma blanca para disminuirel impacto social que conlleva la utilización de las armas de fuego. Algunas delas personas por ellos retenidas y sacadas de sus domicilios, habitualmente hansido entregadas a miembros de la fuerza pública quienes los asesinan para luegopresentarlos como guerrilleros muertos en combate, tal y como sucedió con WilsonDarío Peña (diciembre 30 de 2004) y John Fernando Agudelo (mayo 21 de 2005)”,afirma el abogado.

Tras el proceso de desmovilización, en escasas ocasiones el viento ha soplado afavor de las víctimas y de los habitantes de este y otros sectores de la ciudadque han padecido la violencia paramilitar. Han continuado, ahora abiertamente,posicionándose en las juntas de acción comunitarias y las juntasadministradoras locales. Las extorsiones, los reclutamientos a menores de edad,las amenazas y otras actividades ilegales continúan presentándose en Medellín anombre de los paras, ex paras, nuevos paras o Águilas Negras. Desmovilizados ono, todos son los mismos.

En reiteradas denuncias frente ala Defensoría del Pueblo, los habitantes de la Comuna 13 han denunciado losabusos, excesos y violaciones a los que los han sometido los gruposparamilitares desmovilizados y no desmovilizados, “sin que los integrantes dela fuerza pública tomen las medidas de protección del caso”.

La indemnización por la muerte deVerónica Marcela Acevedo Suárez es sólo un paso entre los muchos que esnecesario dar para lograr reparar los daños causados a su familia, que aspirana una reparación integral que incluye el derecho a la justicia, es decir, elderecho a que los responsables materiales e intelectuales sean investigados,juzgados y sancionados.