LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y DE ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES EN AMÉRICA LATINA

A partir de esto afirmamos que en América Latina existen políticas de criminalización, entendidas como la implementación del conjunto de estrategias y acciones político jurídicas, por parte del Estado y/o los grupos de poder que lo sustentan, para colocar en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad a las comunidades, organizaciones y personas que luchan por el ejercicio y defensa de los derechos humanos y derechos de los pueblos establecidos en los marcos internacionales y nacionales. Constatamos que el trabajo legítimo y legal que estamos realizando en nuestros países, se criminaliza a través de:

1. Difamación de nuestra labor en la defensa de los derechos humanos con campañas de estigmatización, con declaraciones falsas, acusándonos de delincuentes, asociándonos con grupos armados no estatales, de unión al narcotráfico, y de malversación de fondos entre otros. Uno de los canales para esta difamación es el uso de algunos medios de comunicación.
2. Adecuación de marcos institucionales y legales para penalizar la protesta social y posibilitar la aplicación discrecional de la ley.
3. Persecución sistemática a través de procesos judiciales a los defensores y defensoras de derechos humanos que se fundamentan en hechos y pruebas falsas.
4. Fortalecimiento de grupos privados de ajusticiamiento que operan con altos niveles de permisividad.

Según los testimonios planteados en el seminario, hemos podido constatar casos emblemáticos como:

·         En Perú, la empresa Majaz que ha denunciado por falsos cargos a 35 defensores de Derechos Humanos

·         En Guatemala, en el mes de enero del 2009, fueron expedidas ordenes de captura en contra de Rubén de Jesús Aldana de la Asociación para la Defensa y Protección de la Montana de las Granadillas y Néstor Eduardo Álvarez Cabrera y José Pilar Álvarez Cabrera, de la Iglesia Luterana Guatemalteca, acusados de los delitos de coacción, instigación a delinquir y perturbación de la propiedad privada.

·         En Guatemala, en septiembre del 2004, se expidieron ordenes de captura contra 9 líderes comunitarios que buscaban la reparación de daños y perjuicios que les ocasiono la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.

·         En México, el 17 de abril el 2008, se presentaron 5 Detenciones arbitrarias y 10 ordenes de captura contra la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa. Durante el 2006, producto de las represiones en Oaxaca y Atenco, se generaron alrededor de 500 detenciones arbitrarias y actos de tortura. 13 de los detenidos de Atenco fueron absurdamente sentenciados a penas que llegan a hasta 112 doce anos de prisión.

·         En Nicaragua, en octubre del 2007, 9 defensoras de derechos humanos de las mujeres, fueron acusadas ante el ministerio público por asociación ilícita para delinquir y apología del delito del aborto.

·         En Colombia el caso de la judicialización y captura de Carmelo Agamez y 16 de los líderes sociales de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra ACVC.

·         Y la reciente orden de captura emitida contra una defensora mexicana participantes de este seminario.

En estos procesos de difamación y criminalización los Estados están violando los derechos humanos, de libre asociación, de libertad de expresión, derecho a la protesta no violenta, debido proceso y de garantías judiciales entre otros, generando retrocesos en procesos democráticos, destrucción del tejido social, desplazamiento forzado, desprestigio y destrucción de las organizaciones no gubernamentales que defienden y promueven los derechos humanos y poniendo en riesgo la vida e integridad física de líderes sociales y defensores. La criminalización tiene como consecuencia en muchos casos violencia y represión sistemática contra las y los defensores de derechos humanos, que pueden terminar hasta en ejecuciones extrajudiciales por ejemplo:

·         El Caso de Dorothy Stang quien el 12 de febrero de 2005 Brasil quien sufrió difamación, un proceso legal y finalmente fue asesinada.

·         En México, el 13 de febrero del 2009 en la ciudad de Ayutla en el estado de Guerrero, fueron capturados por presuntos agentes de la Policía de investigación Ministerial, Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, quienes fueron encontrados asesinados con signos de tortura el día 20 de febrero e identificado por su familia el 22 de febrero.

Estos casos de violencia y represión directas en su mayoría quedan en la impunidad.

Este constante acoso y violencia contra las y los defensores de derechos humanos nos demuestra la importancia y la necesidad de la labor que realizamos y nos plantea retos para la conformación de redes de apoyo y solidaridad, formas de denuncia permanente mecanismos de Atención psicosocial y jurídica, búsqueda de espacios de interlocución con los Estados, misiones de observación e Interlocución con la comunidad internacional e incidencia en las políticas públicas. Reconocemos como grandes progresos y logros en este tema:

·         El avance que en los últimos dos años el gobierno boliviano ha tenido en esta materia.

·          Proceso de judicialización al ex presidente Alberto Fujimori por violación a los derechos humanos durante su gobierno.

·         Reconocimiento del trabajo de las organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos por parte de la comunidad internacional (corte interamericana, relatora especial para los derechos humanos, informe de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de las Américas).

Con estas acciones estamos seguros de aportar a la construcción democrática mediante acciones que reivindican los procesos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, la construcción de paz con justicia social y la dignificación de la vida de los pueblos.

En constancia de esto firman:

Yesica Sánchez Maya
Consorcio, Oaxaca, México
   
José Rodrigo Paniagua
Fundación Tierraviva

Sonia Gabriela Joo Domínguez
IDL, Peru
   
José Pilar Álvarez Cabrera
Iglesia Luterana Guatemalteca

Alberto Solís Castro
Servicios y Asesoría para la Paz, México
   
Saúl Puerta
AIDESEP, Perú

Marvin Sical
Adivima, Guatemala
   
Christiane Schulz
Obra Diacónica de Alemania

Karen Neumeyer
Pan para el Mundo, Alemania
   
Emilie E. Joly
Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF, Washington, EEUU

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Colombia
   
Sociedade Paraense de Defensa de Direitos Humanos, SDDH, Brasil

Movimento Atingido por Barragens, Brasil
   
Proceso de Articulación y Dialogo, PAD Brasil

Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) Brasil
   
Centro de Estudios Regionales Tarija, Bolivia

CENIDH, Nicaragua
   
Movimento Sem Terra, Sao Paulo, Brasil

Red Juvenil, Medellín, Colombia
   
Corporación Compromiso, Colombia

Corporación Jurídica Libertad, Colombia
   
Acin, Colombia

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colombia
   
Corporación Colectivo de  Abogados Luis Carlos Perez, Colombia

Organización Cavida, Colombia