Balanza del reordenamiento territorial en Medellín

¿A quién beneficia y a quién perjudica la propuesta de desarrollo de Medellín?

Aporte de la Corporación Jurídica Libertad al Encuentro de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas. “El diálogo es la ruta”, desarrollado en Barrancabermeja entre el 12 y el 15 de septiembre del año en curso

Examinar alternativas viables para la superación del conflicto social y armado en Colombia, debe partir necesariamente de la definición y del análisis de las causas estructurales del mismo que hoy continúan vigentes en el país y que, particularmente en el caso de Medellín, están acentuadas por un proyecto económico y político regional que violenta, despoja de sus bienes y margina a las comunidades más empobrecidas.

Presentamos este texto como un aporte desde la ciudad para la construcción de una política nacional de paz, para lo cual partimos del reconocimiento de que una de las causas que impiden el desarrollo efectivo de los derechos de los habitantes urbanos, es la imposibilidad de acceder al derecho a una vivienda digna, tomando ésta como componente prioritario del territorio y como garantía para la satisfacción de todos los demás derechos de las comunidades.

Medellín, se consolida actualmente como un “clúster de servicios turísticos, de negocios, ferias y convenciones”, servicios al que los ciudadanos de estratos bajos y desplazados no pueden acceder, y que, por el contrario, se trata es de excluirlos de la imagen institucional que se quiere proyectar y del “Pacto Social de Ciudad de Vivienda y Hábitat”[i] que complementa el mencionado modelo.

La estrategia institucional de fortalecer a Medellín como una ciudad para el turismo de negocios, convierte a los barrios precarios y asentamientos cercanos al centro de la ciudad en lugares no deseados que les afea el paisaje; y que por tanto son objeto de desplazamiento forzado, despojo, reasentamiento o reubicación por parte de la administración municipal, que los traslada por lo general, a las periferias de la ciudad, obligándolos de esta forma a transformar sus hábitos de vida, sus actividades cotidianas y sus relaciones vecinales y con el entorno.

Este es el caso del barrio Caicedo La Toma. En este sector cercano al centro de la ciudad, donde las viviendas todavía eran de tapia, se proyectó la construcción de un parque para la recreación pasiva, denominado “Parque Bicentenario”, dentro del diseño del parque lineal de la quebrada Santa Elena. Para esta construcción la administración municipal viene realizando desde el año 2009 un proceso de desalojo violento y de despojo a más de 110 familias.

En la ciudad de Medellín se ve generalizada esta práctica especialmente por la formulación de los PUI (Planes Urbanos Integrales) y algunos “Planes Parciales”, que buscan la adecuación del territorio a las necesidades del capital; podemos verlo en el caso del barrio Moravia, un sector céntrico muy marginado que fue construido sobre el antiguo basurero municipal, y que muy cerca de él se instalará el complejo educativo-tecnológico “Ruta N”, construcciones nuevas que exigían el desplazamiento de aproximadamente 10.000 personas[ii], en su mayoría hacia la Ciudadela Nuevo Occidente.

Pero esta práctica no es una innovación local, por el contrario, hace parte de toda una estrategia neoliberal que ya se ha aplicado en otros países suramericanos, porque tal y como lo plantea Zibechi: “Con ello –las reubicaciones- se buscaba un doble objetivo: eliminar las distorsiones que los asentamientos creaban sobre el valor del suelo en los sectores centrales y consolidar la segregación espacial de las clases sociales como medida de seguridad”[iii].

El plan de desarrollo municipal 2008-2011[iv], plantea la meta habitacional en la construcción y adquisición de 15.000 viviendas nuevas y usadas para superar el déficit cuantitativo de vivienda en Medellín[v], no está mal la intención, pero las reubicaciones en estas nuevas construcciones que no prevén la seguridad de las familias, lo que está generando es en nuevas problemáticas, traducidos en nuevos desplazamientos, empeoramiento de las condiciones de vida de los empobrecidos y en la marginalización política y social de las comunidades.

Y de ello da cuenta la construcción de la ciudadela Nuevo Occidente, ubicada en la zona de expansión situada en inmediaciones del corregimiento San Cristóbal, a una hora del centro de la ciudad, cuya construcción albergará a alrededor 60.000 personas de distinto origen y de diferentes barrios, muchos de ellos hacían parte de grupos poblacionales asentados en zonas de Medellín, que ya eran procesos de asentamiento urbano de comunidades desplazadas por la violencia de otros departamentos y municipios de Colombia.

Este ordenamiento del territorio, concluido en la Ciudadela Nuevo Occidente, debe mirarse en nuestro contexto de violencia, por los posibles cambios que puedan generar y que ya están generando estas reubicaciones, ya que al poner a convivir habitantes de diferentes sectores de la ciudad, cada uno con su particularidad frente al conflicto armado, puede generar problemas mucho mayores pues las nuevas estructuras paramilitares van a querer dominar “su nuevo territorio” y como siempre, la más afectada será la población civil que se verá obligada a desplazarse, configurándose nuevamente el fenómeno del desplazamiento forzado intraurbano.

Este modelo de desarrollo para Medellín, la ciudad para los negocios, impacta también los barrios y asentamientos que se encuentran ubicados en zonas donde se planea la construcción de grandes proyectos viales que sirven al objetivo de la “ciudad región” tales como el Túnel de Oriente y la carretera para la conexión vial Aburrá – Río Cauca, que de igual forma generan procesos administrativos de despojo; ejemplo de ello está la cuenca de la quebrada La Iguaná destinada para la construcción de la carretera para la Conexión vial Aburra-Río Cauca que impactará a unos 5.700 pobladores, donde se han presentado expresiones individuales y colectivas de inconformidad con los avalúos y las compensaciones, pues afirman que: “el dinero ofrecido como pago del inmueble no alcanza para comprar otra vivienda”[vi].

De esta manera, actualmente vivimos en Medellín distintos procesos de reordenamiento del territorio como consecuencia del diseño de los planes urbanísticos y de desarrollo, procesos que se ven consolidados aun más por la represión, la intimidación y actos de control que ejercen los grupos paramilitares en los barrios, que al mismo tiempo deciden quiénes pueden vivir en los barrios de su influencia y quiénes no y que inciden en el fenómeno del desplazamiento forzado intraurbano que afronta hoy la ciudad.[vii]

Frente a este modelo de desarrollo, procesos comunitarios organizados como la Mesa Interbarrial de desconectados de Servicios Públicos Domiciliarios, exigimos[viii] respeto a la dignidad de las familias, que no las saquen forzadamente de su casa. Así mismo demandamos, que a través de acciones efectivas por parte de la administración se promuevan soluciones habitacionales para asegurar la estabilidad económica, la seguridad de las familias y, fundamentalmente, la permanencia en el territorio. Igualmente reclamamos el respeto a la voluntariedad, como uno de los requisitos que exige la Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento de los desplazados; es decir, la persona debe tener el conocimiento y la seguridad del sector donde se va a reubicar y esta reubicación debe ser voluntaria, y no por la violencia y la coerción que ejercen los miembros de la fuerza pública.

Exigimos que las reubicaciones se hagan en el mismo barrio o comuna, que a las comunidades no las dividan ni las lleven a vivir retirados de la ciudad, y que a las familias no les paguen cualquier dinero por su vivienda cuando la ellas son poseedoras y no propietarias. Es necesario atender a los argumentos de la Corte Constitucional para que a las familias les paguen realmente lo que vale su casa y no las engañen.

Exigimos un reconocimiento legal de los territorios, y para ello una etapa previa de regularización legal para una posterior exigencia de equipamiento urbano. Una de las ideas a debatir es la elaboración de una propuesta de acuerdo municipal que regularice y legalice los barrios de la parte alta de las comunas 1, 3, 6, 8, 9 y 13, y las partes bajas de las comunas 2, 4, 5 y 8, en donde hoy supuestamente se encuentran zonas de alto riesgo.

Así mismo, se deben tener los estudios geotécnicos y de clasificación de suelos de todos los barrios periféricos, para conocer realmente si las comunidades pueden permanecer sin ser despojados, saber cómo se puede reducir el riesgo en estos territorios y reforzar la idea de que son “zonas de alto costo” con necesidad de inversión social de carácter urgente.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, debe ser un proceso participativo y, en esa medida, las comunidades deben tener voz y voto mayoritario cuando se reformule este plan. Esto es importante en la medida en que el POT es el que define la política-económica sobre el territorio, lo que se va a planear y desarrollar en los barrios y comunas a corto, mediano y largo plazo.

Finalmente, planteamos la necesidad de que las comunidades hagan una construcción autónoma de planes de vivienda popular, gestionando los terrenos y los recursos en los distintos niveles nacional e internacional; planes que permitirán organizar una comunidad fuerte y arraigada a su territorio, que cierre el paso a las vías violentas de dominio sobre los territorios que provienen de actores ilegales y estatales. Una comunidad que elabore propuestas de superación de estas problemáticas a través de la construcción de territorios urbanos realmente incluyentes y sin agresiones al elemento humano a aquellos que ya vivieron el desplazamiento e intentan organizar una nueva vida; un nuevo proyecto de afirmación en el territorio, promoviendo la unidad con aquellas comunidades victimas del despojo en lo rural y lo urbano. Este será un aporte que generará un modelo humanista de urbanizar, una construcción de seres humanos y una sociedad civil que promuevan la solución política y la superación de la gran desigualdad social, que es una de las causas estructurales del conflicto armado colombiano, ya que impiden el ejercicio efectivo de los derechos humanos y de una vida digna para el pueblo.

Corporación Jurídica Libertad

Julio 2011