Continúan violaciones de DH en Colombia

El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia durante el 2011, fue presentado en Medellín el pasado miércoles 21 de marzo por Juan Carlos Monje, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.

En la presentación, el funcionario se refirió especialmente a los departamentos que cubre la Oficina en Medellín, correspondientes a: Antioquia, Chocó, Córdoba, Risaralda, Caldas y Quindío.

Durante la exposición del informe se trataron diversos temas y violaciones a los Derechos Humanos que se sufren especialmente en esos departamentos, uno de ellos fue la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. De ésta se dijo que pese a que notaban que es un esfuerzo del Gobierno por responder a los derechos que tienen las víctimas del conflicto, la creación de esta Ley no contó con la participación de las víctimas y sus organizaciones, lo que según el Informe ha dejado inquietudes en cuanto a la legitimidad, sostenibilidad y efectividad de la misma, y que además su éxito corre riesgos a la hora de su implementación.

Así mismo, el representante señaló la necesidad de que esta ley sea acompañada de un programa de protección integral a las víctimas, especialmente a las reclamantes de tierras que están en extremo riesgo. Monje declaró que durante el 2011 se reportaron amenazas, agresiones y asesinatos a este tipo de víctimas y puso como ejemplo los asesinatos de los líderes reclamantes de tierras Alejandro Padilla, el 16 de noviembre en Necoclí-Antioquia, y Leoncio Mendoza, el 26 de noviembre en Montería-Córdoba, y el de David Goez en Medellín. También expuso el caso de las amenazas y agresiones al líder de la Asociación Tierra y Vida, Alfranio Solana, y a otro grupo de víctimas en Turbo; y finalmente manifestó que la Fuerza Pública es incapaz de garantizar la seguridad de los 4 millones de desplazados a los que se les va a reintegrar tierras en Colombia.

Los defensores de DH corren riesgo en Colombia

Durante su exposición, Monje destacó aspectos que ve como positivos respecto a la relación del Gobierno de Santos con la sociedad civil, entre ellos el restablecimiento de la Mesa Nacional de Garantías y la reforma al sistema de protección, Unidad Nacional de Protección; pero al mismo tiempo declaró que estos elementos no han significado una disminución ni en las amenazas ni en el número de ataques contra defensores de Derechos Humanos, líderes barriales, indígenas y afrocolombianos. Igualmente dijo que este tipo de agresiones se mantienen en un grado alto de impunidad y expresó que: “cuando el amenazado es un defensor de Derechos Humanos, la justicia rara vez llega a conclusiones”.

El representante mencionó varios ejemplos de agresiones que sufrieron tanto periodistas como defensores de Derechos Humanos en el pasado 2011, entre ellas las amenazas que recibieron seis periodistas y varias organizaciones no gubernamentales, el 17 de febrero, por parte de las Águilas Negras; Las intimidaciones a un líder de una organización LGTB por haber denunciado la venta de drogas y la prostitución infantil en un sector de la ciudad de Medellín, las amenazas a una periodista que cubría unos disturbios en la Universidad de Antioquia, y también a una analista del SAT para Urabá que se opuso a que una joven de 20 años fuera reclutada por los “Urabeños”.

De igual manera el Informe registra el allanamiento ilegal en la casa de un integrante del Comité de DDHH Gustavo Marulanda, durante el cual le robaron dos computadores que contenían información sobre sus actividades como defensor.

Organismos de Inteligencia estatal ¿en contra de quién?

Dejando claro que los organismos de inteligencia están totalmente legitimados para hacer uso de la misma, Monje increpó que es malo cuando ésta se utiliza en contra de defensores de Derechos Humanos y agregó que en Colombia se registraron muchos casos de interceptaciones de correos electrónicos, seguimientos, robos de información y hostigamientos ilegales y clandestinos contra diversas personalidades del país e integrantes de distintas organizaciones.

En el caso del Departamento, resaltó las amenazas, los allanamientos ilegales en el cual les robaron un disco duro y unos documentos, las intervenciones ilegales a los correos y los seguimientos de los que fueron víctimas un líder estudiantil y un estudiante de la Universidad de Antioquia, por estar realizando una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales en Ituango.

De este mismo municipio, el representante también mencionó la denuncia de la existencia de un Blog en donde se señala a varios pobladores y líderes de la región de ser colaboradores de la guerrilla, se plantea que la información de estas personas fue presuntamente suministrada por agentes del Estado.

Así mismo Monje manifestó que el 21 de mayo fue amenazado, vía correo electrónico, un directivo de la prensa alternativa Periferia, en Medellín. En el informe se agregó que el modus operandi de este hecho y de otros relacionados con la víctima sugiere una participación de miembros de inteligencia del Estado.

Sobre esta problemática el Representante de la Alta Comisionada recomendó al Estado que las labores de inteligencia deben tener límites y fines enmarcados en el respeto por los Derechos Humanos y planteó que deberían realizar una depuración de los archivos de inteligencia teniendo en cuenta los criterios de los Derechos Humanos.

Continúan ejecuciones extrajudiciales

De acuerdo con la exposición de Monje, se puede constatar que han disminuido los casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, pero aún existen casos que demuestran que este delito no se ha erradicado y, parafraseando al presidente Santos, dijo que “un caso es mucho”.

También agregó que algunos oficiales continúan negando la existencia de esta práctica y que salen a desprestigiar al sistema judicial cuando hay sentencias condenatorias, situaciones que según el Informe, en nada favorecen al cese de este crimen y que, por el contrario, incentivan la impunidad.

Así mismo, el Informe registra casos en que familiares de víctimas y testigos procesales de este delito han sufrido atentados e intimidaciones por su labor de denuncia. Particularmente en Antioquia se ilustran dos casos con estas características: el primero ocurrido el 13 de octubre en Medellín, donde un familiar y testigo en el proceso judicial de una presunta víctima de ejecución extrajudicial, atribuida a miembros de la IV Brigada, fue amenazado y  posteriormente atentaron contra su vida; el segundo sucedió en el municipio de Granada el 14 de enero, cuando miembros de la Defensoría Militar (DEMIL) se hicieron pasar por funcionarios de la Fiscalía e intimidaron a varios testigos procesales y familiares de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el 2004 y atribuidas a miembros del Batallón de Artillería No. 4 (Bajes).

Frente a estas situaciones, Monje recomienda al Estado colombiano la implementación efectiva de las medidas de prevención de este delito introducidas en el 2008. Por otro lado, afirmó que algo similar ha ocurrido con los casos de Tortura, los cuales disminuyeron, pero se mantienen.

Situación del conflicto en Colombia

De acuerdo con el Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el 50% de la población vive en zonas de conflicto y son personas que constantemente están expuestas a múltiples violaciones de los Derechos Humanos como desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, accidentes con minas antipersona, violencia sexual, homicidios y secuestros. Debido a lo anterior, desde la Oficina en Colombia, se hace un llamado a la solución negociada del conflicto y a combatir las causas estructurales de éste.

Monje también expresó que el país pasó del séptimo puesto entre los más inequitativos del mundo, a ser el tercer país con mayor desigualdad. Agregó que en Colombia entre el 30 y 35 % de la población vive en la pobreza y más del 12 % en la extrema pobreza, lo que hace que estas condiciones se constituyan en el combustible para la guerra, comprometiendo el posible desarrollo y futuro de este país.

“Los grupos postmovilizados”

Afirma Monje que estos grupos están comprometidos en gran parte de los asesinatos, masacres, hostigamientos, amenazas que azotan al país. Resalta que el año pasado se registraron 32 masacres, de las cuales 15 ocurrieron en Antioquia, 10 de ellas en Medellín. La mayoría de estas masacres son producto de disputas entre los mismos grupos por la expansión y el control territorial y social.

Llama la atención sobre que estos grupos se deben combatir de manera integral, no sólo con pie de fuerza militar, sino también combatiendo las causas estructurales que los alimentan, como la pobreza y la marginación.

Agrega el Informe que es preocupante la continua expansión de estos grupos, que consideran surgidos después de la desmovilización de los paramilitares, asimismo como su accionar criminal, principalmente en Antioquia y Córdoba.

En el Informe que expuso el Representante también se hizo mención de temas como la gran impunidad que impera en Colombia, entre otros.

Para mayor profundidad sobre estos temas, el texto completo del Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2011.