Víctimas de crímenes de Estado solicitan a la Cámara Federal reabrir investigación contra Álvaro Uribe Vélez

Buenos Aires, Argentina, 14 de abril de 2026.

Con la esperanza y la persistencia en buscar alternativas que rompan un ciclo de
impunidad que suma ya décadas en Colombia, once víctimas de asesinatos y
desapariciones forzadas y tres organizaciones colombianas defensoras de
derechos humanos (CSPP, Cajar y CJL) comparecieron hoy, 14 de abril, ante la
Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina, en el marco de
la querella interpuesta en 20231 en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez
por casos de ejecuciones extrajudiciales.

Pasados dos años y medio de la interposición de la querella, hoy por primera vez
las víctimas intervinieron ante los jueces, solicitando que se revoque la
resolución de archivo de la causa, permitiendo la continuidad de la
investigación, en reconocimiento del principio de Jurisdicción Universal. El
abogado argentino Máximo Castex, representante de las querellantes, enfatizó
en la imposibilidad de investigar al expresidente por estos crímenes en la
jurisdicción colombiana.

Es importante mencionar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) carece
de competencia legal sobre exmandatarios y la Comisión de Acusaciones del
Congreso —un ente de carácter político y no judicial— no ha dispuesto de una
investigación penal efectiva. “La importancia de esta causa es que es la única
que haría posible juzgar al expresidente Uribe por los falsos positivos”
mencionó el abogado Máximo, además agregó “las víctimas fueron
escuchadas y pudieron declarar ampliamente por primera vez”.

Asimismo, la apelación ha considerado, entre varios elementos importantes, el
reconocimiento de vacíos en la justicia interna colombiana para el juzgamiento,
y la relevancia de la Jurisdicción Universal como mecanismo subsidiario para
asegurar y atribuir la responsabilidad al exmandatario por los hechos. Dichos
fundamentos se encuentran condensados en el Amicus curiae² escrito por el
reconocido jurista colombiano Rodrigo Uprimny, profesor de la Universidad
Nacional de Colombia y especialista en derecho constitucional; documento que
suscribe el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina – CELS.

En el marco de las solicitudes al juzgado, las querellantes y su abogado
representante argentino Máximo Castéx insistieron en la importancia de
continuar con la investigación, resaltando la sistematicidad de los crímenes de
guerra y de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe
Vélez, quien fungía como comandante en Jefe de las fuerzas militares entre los
años 2002 y 2008; enfatizando, una vez más, en la imposibilidad de su
juzgamiento.

“He aprendido que la justicia es el lugar al que uno acude cuando le hacen
daño; también, que la memoria no es venganza, es dignidad, y que la verdad
aunque tarde, merece ser dicha”, expresó en su intervención la hija de Álvaro
Adolfo Piña, quien fue engañado bajo una promesa laboral por integrantes del
Batallón de Artillería N2 La Popa de Valledupar y posteriormente asesinado.
En esta oportunidad, las víctimas han viajado hasta el cono sur para solicitar,
además, que se les cite a declaración testimonial, integrando su voz como
prueba central en la investigación. “Si cierran la causa, no sólo cierran el
expediente, estarían cerrando la oportunidad de justicia para las 6.402
víctimas”, manifestaron los familiares de las víctimas querellantes en su
intervención.

Lo que para los estándares de impunidad constituye una cifra, para miles de
familias y personas en Colombia y otros lugares del mundo, representan la
historia y la vida interrumpida de personas que fueron asesinadas y
desaparecidas forzadamente bajo la política de seguridad democrática
promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Las familias que fueron víctimas del asesinato y desaparición forzada de sus
seres queridos, en respaldo y representación judicial de organizaciones sociales
reconocidas en Colombia por su defensa de los derechos humanos, han
encontrado en Argentina una oportunidad para que la sistematicidad de los
casos no quede en entredicho y que la investigación se consolide como un
avance judicial determinante para las víctimas de crímenes de Estado en el país;
de lo contrario, ante la ausencia de un proceso judicial que responda a los
estándares internacionales, es inminente el riesgo de impunidad y la
vulneración de los derecho a la memoria, justicia, reparación, verdad y garantías
de no repetición para las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en
Colombia.

SUSCRIBEN COMUNICADO:
Organización Mundial Contra la Tortura
Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR)
Organizaciones Querellantes:

• Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
• Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)
• Corporación Jurídica Libertad (CJL)

• Representación Legal:
• Máximo Castex (Abogado argentino)
• Bénédict De Moerloose (Abogado internacional)
  Contacto: justiciaparalas6402@gmail.com
  Más información: www.justiciaparalas6402.co
  Firma la petición y súmate a la causa que busca #JusticiaParaLas6402