Una cantidad indeterminada de décadas tiene el conflicto social y armado colombiano, cada vez más cruento, con mayores y más profundas consecuencias para la sociedad y particularmente para las personas y organizaciones que han venido trabajando en la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el logro de la paz con justicia social.
Si bien esta ha sido una práctica tan pretérita y recurrente como las amenazas, persecuciones, ejecuciones sumarias, desaparición forzada, secuestros, atentados, detenciones arbitrarias, apertura de investigaciones judiciales, allanamientos y violaciones del derecho a un juicio justo de los miembros de organizaciones sociales y populares, y defensores de Derechos Humanos en general; las cifras, y aún más la realidad, evidencian que durante las administraciones del Presidente Álvaro Uribe y, por ende, la aplicación de la Política de Seguridad Democrática, la labor de defensa de los Derechos Humanos de personas y organizaciones ha sido fuertemente señalada.
“La estrategia oficial contra los defensores de derechos humanos parece triple: las autoridades del gobierno cuestionan públicamente su legitimidad, preparan procesos legales infundados y no hacen comparecer ante la justicia a los autores de los ataques, incluso cuando se dispone de abundantes pruebas”, afirmaba Amnistía Internacional en el informe presentado el 7 de septiembre de 2006.
En años anteriores a la presentación de tal informe el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ya había hecho énfasis en que “no se puede utilizar el tema de los Derechos Humanos como excusa para dar cobertura a los terroristas”, en declaraciones dadas a la prensa colombiana el 10 de febrero de 2004, refiriéndose al trabajo de algunas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos colombianas.
Y el año anterior, el 8 y 11 de septiembre de 2003, el Presidente acusaba a algunos organismos de derechos humanos de “ONG de escritores y politiqueros, que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los Derechos Humanos” o “de portavoces del terrorismo”.
Estos señalamientos han ido en aumento a medida que las personas y organizaciones comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos han hecho hincapié en los casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública. Entre julio de 2002 y junio de 2009 han sido reportados 1.328 casos, según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEE), conjunto de organizaciones no gubernamentales que representan a las víctimas.
Enfrentando los cuestionamientos de estas y otras organizaciones a la Seguridad Democrática impulsada por el actual Gobierno nacional, por completo contradictoria con una política de Derechos Humanos encaminada a la protección de la población civil, el Presidente ha lanzado acusaciones a diestra y siniestra. “Aparecen muchas voces bravuconas contra la Seguridad Democrática y mansurronas frente al terrorismo. Mucha firmeza para maltratar la Seguridad Democrática, total debilidad para condenar el terrorismo. (…). Por eso el país va a tener que escoger, ahora si vamos a seguir por el mejoramiento de la Seguridad Democrática como camino a la paz, o vamos a retroceder para que con el comunismo disfrazado le entregue la Patria a la FARC”, advirtió Uribe el 8 de mayo de 2006.
Ya el 21 de abril de ese año el Vicepresidente de la República, Francisco Santos, había acusado a dos organizaciones ecuménicas suizas (Pan para el Prójimo y Acción de Cuaresma) de patrocinar a la guerrilla de las FARC. “Son organizaciones que adelantan una perversa campaña contra Colombia y a su vez apoya a las FARC, que es la organización que más minas antipersona siembra en el país”, dijo.
Y más tarde, el 22 de mayo de 2007, la arremetida fue directamente contra la CCEE cuando el Comandante de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, General Jorge Rodríguez Clavijo, sostuvo que el informe sobre ejecuciones extrajudiciales en el Oriente Antioqueño elaborado por la Coordinación “hace parte de la guerra política y jurídica de la guerrilla”.
En ningún momento han cesado los señalamientos y la estigmatización. Además de calificar a los defensores de Derechos Humanos como “terroristas vestidos de civil” , “áulicos de las guerrillas” que acuden a la denuncia de violación de Derechos Humanos cuando sienten que se les puede derrotar , el presidente Uribe ha sido más sentencioso en sus afirmaciones, haciendo caso omiso al riesgo en el que pone sus vidas.
“Estamos obligados a denunciar que también hay un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra Fuerza Pública”, dijo el Presidente el pasado 8 de mayo, a través de una videoconferencia desde la ciudad de Cartagena.
A esta maraña de rótulos y señalamientos se suman una serie de investigaciones irregulares en contra de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de Derechos Humanos, limitando el legítimo derecho de personas y organizaciones a la defensa de los Derechos Humanos.
Precisamente porque no cesan las violaciones, porque continúan presentándose ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, porque los defensores y organizaciones que han tomado la vocería del tema son cada día más amenazados, más estigmatizados, durante 12 días estará en Colombia el relator especial de Naciones Unidas para delitos de esta naturaleza, Philip Alston, quien visitará el departamento de Antioquia el viernes 12 y sábado 13 de junio con el fin de verificar la situación y las medidas que se han tomado al respecto.
Esta visita y las anteriores que han realizado diferentes organismos internacionales durante los últimos años, y los informes que de ellas han resultado, se complementan con la inquebrantable lucha emprendida por los defensores de Derechos Humanos contra la intolerancia, la persecución y el exterminio, y la exigencia de garantías para promover la protección de los Derechos Humanos, tal como lo dice la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivo, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales a nivel nacional e internacional”.
Artículo elaborado en alianza con el IPC
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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