Campesinos y campesinas afectados por Hidroituango el costo social de la represa

Los mineros artesanales más conocidos como barequeros han sido los más perjudicados, desde el año 2009 se han visto afectados por la irrupción de EPM, quienes en noviembre de ese año llegaron a la zona para censar su población, pero fue un censo incompleto, ya que solo solo tuvieron en cuenta la gente de Puente Pescadero y El Líbano, desconociendo así la población del resto de las playas. Y fue a través de dicho censo que se advirtió la inminente evacuación de sus tierras a cambio de una indemnización justa, que prometía vivienda digna.

Para el día 28 de abril de 2010, citaron a una reunión donde negociaron con los censados un lucro cesante correspondiente a una mensualidad que mitigaría el abandono de su actividad económica. Inicialmente les ofrecieron $772.000, suma que al poco tiempo se redujo a $745.500 gracias a la retención en la fuente.

Bienes inmuebles, empresa intermediaria de EPM, fue la encargada de detallar la indemnización, $8.360.000 que incluían cambuche o casa, actividad económica y primas de servicio. ¿Dónde quedó la casa digna que días atrás prometían? Uno de los líderes de los campesinos señaló al respecto, “entonces yo les pedí que me dieran el manual de valores del proyecto”, el cual por cierto está mal calculado de acuerdo a la actividad económica y es ilegítimo en tanto no se contó con la opinión de los pobladores para determinar el costo correspondiente a la sustitución de su trabajo.

Quienes no aceptaron la indemnización quedaron con el lucro cesante suspendido, lo que representa una irregularidad según el manual de valores del proyecto, por cuanto dicho lucro no se puede interrumpir hasta la negociación definitiva, “ya son 8 meses en que no recibo ni un peso y si eso hicieron conmigo que estoy censado que diremos del resto” agregó el campesino.

Primero les dijeron en qué zona iban a empezar a trabajar y luego fueron apareciendo vigilantes de seguridad privada que bajaban hasta las playas y quemaban los ranchos de los barequeros que encontraban allí, les botaban las herramientas y hasta la comida; lo que los obligó a desplazarse y buscar soluciones por otros lados. Fue ahí donde reforzaron su idea de marchar, porque entre más días más estrecho el territorio y menos seguro.

Entonces muchos campesinos y campesinas cansados de tantos abusos decidieron unirse a Ríos Vivos, Movimiento Social que promueve la defensa de los derechos humanos, sociales, culturales, económicos y ambientales. Inicialmente presentaron 400 derechos de petición a EPM, para un nuevo censo que acogiera a todos los excluidos del censo anterior, pero de manera injusta solo 2 fueron aceptados, porque según EPM y Santiago Londoño, Secretario de Gobierno Departamental “como se escribe la carta así se responde”, desconociendo que los campesinos no tienen por qué manejar un lenguaje jurídico para ser escuchados, cuando según el manual de valores, “la negociación no requiere intermediarios, es un derecho adquirido por los afectados”.

Ya en marzo del 2013 la población se empezó a concentrar en El Valle de Toledo (corregimiento del municipio de Toledo), para realizar una marcha pacífica hacia Medellín, pero al día siguiente y sin explicación alguna llegó el ESMAD y los agredió, pese a contar con el permiso de las autoridades locales para realizar la marcha, además, impidieron que una comisión de líderes y lideresas regresase desde Medellín luego de un debate en la Asamblea Departamental. El 13 de marzo esta comisión fue detenida por más de 2 horas en la finca La Camila, jurisdicción de Yarumal; señalados y acusados de ser impulsados por la FARC.
A raíz de esto se despertó en ellos una posición aún más crítica frente a la construcción de la Hidroeléctrica, “nosotros estamos diciendo, Hidroituango está haciendo las cosas mal hechas, está afectando la vida de los campesinos, campesinas, barequeros y barequeras, y tienen toda la responsabilidad de reparar los daños sociales y ambientales que están ocasionando” comentó Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos.

Ya el 16 de marzo y mientras preparaban el desayuno vieron a lo lejos venir a la policía y el ESMAD gritando y amenazándolos, no tardaron mucho en sentirse los gases lacrimógenos y las granadas de aturdimiento, “como eso es un abismo por allá, muchos cogieron pa´bajo y empezaron a tirarse pa´l río, pero lo peor fue ver un niño de 2 añitos desesperado por los gases” comentó una de las campesinas.

Esta vez retuvieron a 80 personas de las cuales 12 fueron judicializadas, entre ellos un menor de edad. En un helicóptero pagado por EPM., según declaraciones de un campesino, fueron trasladados a Santa Rosa de Osos, donde luego de una extensa audiencia un juez declaró ilegal la captura y fueron dejados dos días después en libertad.

La situación era aún más tensa, pues, los que quedaron allí temían los desmanes de la fuerza pública, más detenciones ilegales y maltratos, máxime si hablamos de una zona con todas las variables del conflicto. Los campesinos se vieron obligados a desplazarse hasta San Andrés de Cuerquia para esperar allí los detenidos, fueron al rededor de 130 kilómetros los que tuvieron que caminar luego para llegar a Medellín.

Ya en Medellín decidieron hacer evidente su situación y el pasado 17 de abril marcharon en compañía de los estudiantes de la U. de A. y SINTRAEMSDES para exigir el respeto a sus derechos y una explicación al Gobernador y las directiva de EPM por el destierro que muchos campesinos y campesinas vienen sufriendo. Como no fueron escuchados decidieron a través de una comisión ir a Bogotá y exponer su situación ante la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Cultura y Medio Ambiente y la Defensoría del Pueblo, que en 3 días ya estaban en la U. de A. escuchándolos y asumiendo compromisos que hasta hoy no se han materializado.

Sus exigencias permanecen: respeto integral a los derechos humanos, prevalencia del derecho a la vida por encima de cualquier otro derecho. Los hijos del Río Cauca sufren las consecuencias de un proyecto que atenta contra la integridad de sus comunidades, y como si fuera poco irrespeta el duelo de las víctimas del conflicto armado, porque hasta que no se tenga verdad y justicia no habrá reparación. Persistirá el recuerdo de las masacres, los desplazamientos forzados y la consecuente revictimización que propicia la represa, pues es injusto con personas en un alto estado de vulnerabilidad desterrarlos, atropellando su dignidad en medio de una negociación empañada por el abuso de poder.

Las condiciones son críticas, pese al incondicional apoyo de muchos estudiantes de la Universidad de Antioquia y por encima de la indiferencia de las directivas del Alma Máter. Cuando llueve se tienen que reorganizar y hasta dormir sentados porque el techo del coliseo está lleno de goteras y del piso frío ni hablar. No han faltado las enfermedades infecciosas, diarreas, gripas, fiebres y vómitos. Carecen de suficiente alimento, atención médica, especialmente para los niños, niñas y ancianos allí albergados, pero sobre todo, les faltan sus tierras, su río, el mundo del que injustamente han sido despojados.

Todavía esperan la continuidad de los censos, una legislación justa para las víctimas y garantías para el retorno. Pero la vida continúa y el camino es largo, no cesará su lucha hasta que el Gobierno Departamental y las directivas de EPM les den la cara y se pronuncien con alternativas de solución viables que permitan el regreso a su lugar o mejor a su hogar. No quieren sentirse más estigmatizados ni señalados, mucho menos amenazados.