La Corporación Jurídica Libertad participó este 11 de junio en la Audiencia Pública “Empresas y Derechos Humanos: balance del cuatrienio y perspectivas de futuro”, convocada por la Mesa por los Derechos Humanos Frente al Poder Empresarial y el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz. El espacio tuvo como propósito evaluar los avances alcanzados durante los últimos cuatro años en materia de empresas y derechos humanos, identificar los resultados concretos de las políticas públicas implementadas y señalar los principales desafíos que deberá asumir el próximo gobierno.
En representación de la Corporación Jurídica Libertad intervino Vanessa Vasco Vargas, quien presentó un balance sobre la situación de las personas defensoras ambientales y del territorio en Colombia y expuso los retos pendientes para garantizar su protección en contextos de operaciones empresariales.
Durante su intervención, Vasco advirtió que la defensa de los derechos humanos y ambientales continúa siendo una actividad de alto riesgo en el país. Los ataques contra quienes defienden el agua, la tierra y los territorios abarcan desde homicidios, desapariciones e intimidaciones hasta el acoso judicial y administrativo.
“Es así como nuestro país es uno de los más peligrosos para el ejercicio de la defensa de los derechos, pues los riesgos a los que se enfrentan personas y colectivos no ocurren sólo en los sectores tradicionales como la minería, los hidrocarburos y los agronegocios, sino que se extienden a proyectos asociados a la transición energética”, señaló.
La intervención destacó que las diferentes formas de violencia y amenaza ocurren a lo largo de todo el ciclo de los proyectos económicos y generan impactos colectivos sobre los derechos territoriales y comunitarios.
Como parte de la exposición se recordó el testimonio de Gustavo de Jesús Arboleda Cardona, campesino del municipio de Jericó, quien ha enfrentado procesos de criminalización por su labor de defensa territorial:
“Defiendo el territorio hace como quince años, desde que llegó la empresa minera nos juntamos con varios compañeros de la vereda Vallecitos, La Soledad y gente del pueblo. Quiero terminar mis años en la vereda, la región, cuidar el agua, dejar a mis hijos un futuro, una región productiva de alimentos y rica en agua”.
Y agregó:
“De la citación de la Fiscalía sentí que la empresa minera quiere aplastarnos, encerrarnos y así a ellos les queda más fácil meterse al territorio y acabar con los campesinos que defienden el agua y el territorio”.
Cifras alarmantes para las personas defensoras ambientales
La intervención también llamó la atención sobre la persistencia de la violencia contra liderazgos ambientales en Colombia.
Según INDEPAZ entre los años 2024 y lo que va de 2026, en el país han asesinado a 571 líderes y defensores de derechos humanos. En estos 6 meses la cifra asciende a 23 homicidios de los cuales 6 corresponde a líderes/as y defensores ambientales y del territorio.
De acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre 2016 y septiembre de 2024 fueron asesinadas 248 personas defensoras ambientales en el país. Solo durante 2023 se registraron 44 asesinatos de personas dedicadas a la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio.
Por su parte, la organización Global Witness documentó que Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras ambientales durante 2023, con 79 casos registrados.
Criminalización y reducción de los espacios cívicos
Otro de los aspectos señalados durante la audiencia fue el uso de mecanismos jurídicos y administrativos para restringir la participación social y la protesta de comunidades afectadas por proyectos económicos.
Según lo expuesto por la Corporación Jurídica Libertad, diversos sectores empresariales han recurrido a formas de instrumentalización del derecho para limitar el ejercicio de libertades fundamentales, utilizando normas como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y diferentes escenarios judiciales y administrativos para perseguir a liderazgos sociales y ambientales.
Esta situación, sumada a la persistencia de la violencia, evidencia que las medidas adoptadas durante los últimos años han tenido un impacto insuficiente en la garantía efectiva del derecho a defender derechos.
Aunque se reconocieron avances institucionales orientados a implementar lo dispuesto en el Decreto 660 de 2018 y fortalecer los mecanismos de protección colectiva, el balance presentado fue crítico frente a los resultados obtenidos.
“Persisten altos niveles de violencia contra los liderazgos sociales y ambientales, sin que se evidencie una disminución significativa de las agresiones en su contra”, advirtió Vanessa Vasco.
Los retos para el próximo gobierno
Uno de los principales desafíos para los próximos años será superar la brecha existente entre la formulación de políticas públicas y su implementación efectiva en los territorios.
Asimismo, la necesidad de avanzar hacia un marco jurídico que establezca responsabilidades más claras para las empresas en la prevención de riesgos contra personas defensoras de derechos humanos y ambientales.
En este sentido, se propuso que los procesos de debida diligencia empresarial incorporen análisis específicos sobre riesgos para liderazgos sociales, medidas de prevención, garantías de no represalia y el rechazo expreso a cualquier forma de estigmatización contra quienes defienden la vida, el agua y los territorios.
La intervención concluyó señalando que la protección de las personas defensoras ambientales no puede entenderse como un asunto ajeno a la agenda de empresas y derechos humanos.
“Proteger a las personas defensoras ambientales no es un asunto separado de la agenda empresarial. Es una condición básica para hablar de debida diligencia, sostenibilidad, transición justa y respeto a los derechos humanos. Donde no hay garantías para defender el ambiente, la vida, los ecosistemas y los ríos, tampoco hay condiciones reales para una actividad empresarial legítima y responsable”.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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