El caso de Arles Edison Guzmán, una oportunidad para esclarecer lo que sucedió durante la Operación Orión

Por: María Isabel Moreno Muñoz

El 30 de noviembre de 2002 alrededor de las 8:30 p. m. dos paramilitares entraron al restaurante “Asados el 20”, ubicado en el barrio 20 de julio de la Comuna 13, San Javier, de Medellín, a pocos metros de un puesto de control del Ejército y la Policía. Allí trabajaba Arles Edison Guzmán Medina, por quien los dos hombres preguntaron y luego de conversar varios minutos se lo llevaron en un taxi “con la orden de que tenía que responder preguntas al comandante”.

Desde ese momento y hasta la fecha aún no se conoce ninguna información del paradero de Guzmán Medina a pesar de la búsqueda imparable de su esposa, Luz Enith Franco, y su familia. Este es el segundo caso ocurrido en el contexto de la Operación Orión en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual ayuda a esclarecer lo ocurrido durante las operaciones militares.

El 16 de octubre del 2002 la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, Colombia, vivió uno de los episodios del conflicto armado más complejos y dolorosos de su historia. Bajo el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez se ordenaron una serie de operaciones militares que se desplegaron a lo largo de dicho año en la ciudad, las cuales se fortalecieron bajo el Estado de conmoción interior y los decretos que otorgaron facultades especiales a la fuerza pública.

“Orión” fue la última de estas intervenciones en la cual miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, de la Policía Metropolitana de Medellín y de Antioquia, del Departamento de Seguridad (DAS), del GAULA, del Comando Especial Antiterrorista (CEAT) y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), ingresaron a la zona.

La confrontación armada en contra de las milicias de los Comandos Armados del Pueblo (CAP), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), produjo que estas salieran huyendo de la zona. Sin embargo, el Ejército mantuvo los operativos y el confinamiento en la Comuna 13 varias semanas después. En el desarrollo de la Operación Orión se dieron 6 desapariciones forzadas, pero los días más fuertes de desaparición fueron del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2002.

Bajo el dominio territorial de la fuerza pública se hizo abierta la connivencia de estos con grupos paramilitares. Se trataba de miembros del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quienes ejercían permanente control y vigilancia del territorio junto con los uniformados del Estado.

Al día siguiente de que los paramilitares se llevaron en un taxi a Arles Guzmán, Luz Enith recibió una llamada telefónica donde le dijeron que su esposo estaba bien y que regresaría. Sin embargo, al no llegar a su casa Luz Enith decidió ir a buscarlo a una finca en el corregimiento de San Cristóbal, donde se rumoraba que residían los comandantes de las AUC.

Cuando Luz Enith llegó al lugar y comenzó a indagar, un paramilitar le respondió que “Ie iba a lIegar en una bolsa de basura picada” y la amenazó para que se fuera del lugar.

Como Arles Guzmán cientos de personas fueron sacadas de sus casas acusadas de ser colaboradores de la guerrilla y posteriormente fueron descuartizados y sus cuerpos tirados zonas aledañas a la Comuna 13 y desaparecidos. Lo sucedido con Guzmán Medina fue denunciado por el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual admitió el 4 de enero de 2011 a través del Informe de Admisibilidad.

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2021 la CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Arles Edisson Guzmán Medina.

En su informe la CIDH determinó que este hecho se trata de una desaparición forzada y que “existen una serie de indicios que comprueban que los grupos paramilitares operaban con el consentimiento de agentes estatales (…) en el contexto específico de la Comuna 13 donde ocurrieron los hechos”.

La Comisión también señaló la negligencia del Estado para poner en marcha la búsqueda inmediata de Arles Guzmán luego de haber sido notificado de su desaparición el 6 de diciembre de 2002. Además, “dos años después (2004) de la desaparición y detención de Arles Edison la Fiscalía decide no seguir investigando porque no han logrado encontrar a los responsables. Un año pasó archivada la investigación y la desarchivaron solo porque había una demanda ante la CIDH”, explica María Victoria Fallón, abogada quien lleva el caso de Arles Guzmán y miembro del GIDH.

Es así como la CIDH concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, y a la protección judicial. “No consta que el Estado haya realizado diligencia alguna para proporcionar una respuesta sobre el paradero de la víctima”, señala el informe.

Asimismo, entre las recomendaciones emitidas al Estado colombiano están investigar debidamente el caso, conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada, reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos y adoptar las medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares.

A la espera de la audiencia

“Yo llevo 20 años luchando por este caso, por la desaparición forzada de mi esposo. Lo más difícil ha sido la búsqueda y que no me escucharan. Pero espero que se haga justicia”, dice Luz Enith Franco.

Ahora el caso de Arles Guzmán está a la espera de la fijación de la fecha de la audiencia ante la Corte IDH. Para la institución judicial este caso podría constituir una grave violación a los derechos humanos puesto que la desaparición forzada es considerada como uno de los peores atentados a la dignidad humana, ya que se trata de una violación múltiple y compleja de derechos.

Sobre desaparición forzada existe variada legislación, pero de ella vale la pena destacar la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Allí se reconoce la persistencia de esta forma de victimización en América Latina y se establecen obligaciones generales para los Estados.

Asimismo, se define el delito, para lo cual se tienen en cuenta aspectos como privación de la libertad; la intervención directa de agentes estatales y la negación a reconocer la detención o falta de dar información y de revelar la suerte o el paradero de la persona.

Colombia ya tiene varios antecedentes judiciales internacionales sobre desaparición forzada como el Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia; el caso Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia o el Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia.

Pero respecto a la Operación Orión existe un precedente en la Corte IDH. Se trata de la primera condena internacional que recibió el Estado colombiano por dichas operaciones militares en el caso Yarce y otras vs. Colombia. El 22 de noviembre de 2016 el tribunal condenó a Colombia por las múltiples violaciones a los derechos humanos de Ana Teresa Yarce y otras 4 mujeres quienes eran defensoras de derechos humanos y lideresas comunitarias en la Comuna 13.

Sobre estos ejemplos vale la pena destacar algunas medidas de reparación y garantías de no repetición como la búsqueda, identificación y sepultura de las personas desaparecidas; el tratamiento físico y psicológico para los familiares; la realización de actos o monumentos que preserven la memoria; la creación de sistemas de información genética; la educación en derechos humanos para funcionarios públicos y el acceso público a los archivos estatales.

Aunque la esposa y la familia de Arles Edison Guzmán Medina aún no han definido de qué manera se podrían sentir reparados, Luz Enith expresa que su deseo más grande es que “se haga memoria y que se pida perdón” por lo sucedido.

La tierra de La Escombrera se está moviendo

Una nueva esperanza renació hace poco para la familia de Arles Guzmán y su esposa. El 8 de noviembre de 2021 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) junto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) –instituciones creadas con el acuerdo de paz de La Habana–, reanudaron la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en La Escombrera.

Esto se dio luego de que la JEP decretara medidas cautelares sobre la zona con el objetivo de “garantizar la protección, el cuidado y la preservación de cuerpos sin identificar que podrían estar relacionados con los de víctimas del conflicto armado y que esperan ser entregados dignamente a sus familiares”.

La intervención técnico – forense estuvo a cargo de la UBPD, duró dos semanas y el colectivo de víctimas Mujeres Caminando por la Verdad acompañó el proceso. “Esta es una fase de exploración para conocer el terreno, el tipo de escombros, las características del mismo, la planificación para seguir abordando el terreno”, explicó Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.

También señaló que una de las principales dificultades del proceso es el trabajo que se realiza en La Escombrera –la zona donde se inhumaron los cuerpos de las víctimas– por parte de Construcciones el Cóndor, una empresa dedicada a la extracción de tierra y remoción de escombros.

“Tenemos que tener consciencia de que han pasado más de 10 años. Cada año se han acumulado escombros que han alejado la posibilidad del abordaje donde presuntamente dejaron los cuerpos. Entonces tenemos que calcular cuál es la densidad de estos escombros a lo largo de estos 10 años”, expresó Monzón.

Aun así, Luz Enith Franco espera que el proceso se reanude con la segunda fase de intervención y se produzcan resultados para las víctimas: “tengo muchas expectativas, espero que continúe el proceso, que no se demoren y con mucha esperanza de que puedan hallar algo”.

Por: María Isabel Moreno Muñoz – mariaisabelmorenomunoz@gmail.com

*Este artículo fue elaborado como parte de los requisitos para aprobar el “Diploma de Derechos Humanos para Periodistas, V edición” organizado por la Corte IDH y UNESCO.