Hasta que la verdad se haga costumbre

Comunicado, 16 de octubre 2024

• Hace 22 años, en la Comuna 13 de Medellín se llevó a cabo la denominada Operación Orión, una de las intervenciones militares más grandes presentadas en el área urbana de todo el territorio nacional. 

Entre el 16 y 19 de octubre de 2002, con el respaldo de la Alcaldía de Medellín y por orden del Gobierno Nacional, se llevó a cabo dicha intervención militar, en la cual cerca de 1.500 efectivos de las fuerzas armadas, junto a actores paramilitares y funcionarios de organismos de seguridad como el DAS y la Fiscalía, ejecutaron violaciones a derechos humanos, cometiendo crímenes de lesa humanidad contra la población civil. 

En la Comuna 13 de Medellín se llegaron a registrar alrededor de 24 intervenciones militares, entre febrero y octubre del 2002.  Fue un miércoles cuando inició la intervención militar ordenada directamente por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, con el objetivo de desarticular a las guerrillas y a los actores ilegales en la zona, liderada por Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada, junto con Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. Su accionar, en connivencia con paramilitares e informantes encapuchados generó un impacto devastador en la población civil, cuyas secuelas persisten hasta el día de hoy. Esta fue sin duda una manifestación de las formas crudas y despavoridas de la violencia estatal en contra de la población civil. 

Informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad dan cuenta de cómo la operación no solo buscaba a guerrilleros o actores armados, sino que, en su ejecución, la fuerza pública, el DAS, la Fiscalía y paramilitares, actuaron sin distinción. Según informes de la revista Noche y Niebla, se registraron más de 350 personas detenidas arbitrariamente, muchas de las cuales fueron sometidas a tratos inhumanos, sin poder defenderse, sin un debido proceso, y luego, de forma inexplicable, fueron liberadas tras ser sometidas a reconocimientos forzados por informantes encapuchados.  

El operativo, que se extendió hasta finales de noviembre de 2002, trajo consigo un sinnúmero de violaciones de derechos humanos además de las capturas arbitrarias y las detenciones selectivas; como allanamientos violentos, destrucción de viviendas, desplazamientos forzados, desaparición forzada y asesinato. Las cifras de víctimas de la operación incluyen un muerto, 38 heridos, y al menos 8 personas desaparecidas. 

El control territorial y la participación de paramilitares

Para el año 2000, la Comuna 13 era un territorio en disputa, en donde la presencia de milicias urbanas de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP) ejercían control territorial. La intervención militar fue una oportunidad para que los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara se instalarán en la zona. Lo que comenzó como una supuesta operación militar contra actores guerrilleros se transformó rápidamente en una ocupación paramilitar.

El Estado falló en su propósito de protección y garantía de los derechos humanos de los habitantes de la Comuna 13. Con las calles rodeadas de tanques y helicópteros, las familias encarnaron el despojo de sus viviendas, la violación a sus derechos y los desplazamientos forzados sin miramientos; además de padecer la pérdida y arrebatamiento de sus seres queridos, desconociendo su paradero. 

Persistir y resistir

Hace más de dos décadas de ocurridos los hechos, las víctimas de la Operación Orión siguen luchando por la obtención de justicia. La reparación integral sigue siendo un pendiente, pues los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes permanecen impunes. Hoy, de nuevo 16 de octubre, las organizaciones de víctimas, sociales y defensoras de derechos humanos hacemos un llamado en exigencia al Estado, a las instituciones y a la sociedad colombiana para que nunca más se realicen operaciones militares; para que la garantía del cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y la búsqueda se materialicen sin más omisiones. Asimismo, en el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, hacemos un llamado a la magistratura para que se concreten avances en las investigaciones y sanciones a los máximos responsables de los hechos, de manera puntual a Mario Montoya y Leonardo Gallego.

Reconocemos la persistencia de las familias, los hijos, los hermanos, las madres y mujeres que han levantado su voz con el propósito de enaltecer la memoria y la vida de sus seres queridos, haciendo un llamado colectivo a mirar con detenimiento la historia del conflicto armado y su expresión en los territorios. Hoy, desde La 

Escombrera, el lugar que es igualmente escenario de memoria, exigimos que se escarbe la verdad y se desentierre la justicia, hasta que quienes fueron arrebatados de sus hogares, de la vida de sus familias y de la historia de este país, encuentren camino en el lugar de sus creencias y el abrazo material de quienes les buscamos y nos sobreponemos a su ausencia. 

Operaciones militares NUNCA MÁS