Lucha desigual entre las víctimas y el establecimiento colombiano

Un artículo de Marleen Bosmans publicado en rebelión.org

El texto de Bosmans denuncia la lucha profundamente desigual que enfrentan las víctimas del conflicto armado en Colombia frente a un Estado cómplice e indiferente. El caso de La Esperanza (corregimiento de El Carmen de Viboral, Antioquia), donde en 1996 fueron desaparecidas 19 personas y asesinado un funcionario por intentar denunciar los hechos, se ha convertido en un símbolo de impunidad estructural. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2017, que responsabiliza al Estado colombiano por su participación y omisión en estos crímenes, la justicia sigue ausente. El fallo, aunque histórico, no ha producido transformaciones reales ni avances sustanciales en la verdad, la reparación o las garantías de no repetición. Líderes como doña Florinda Gallego, quien lleva casi tres décadas en resistencia, encarnan la dignidad y la persistencia de una comunidad que se niega a ser silenciada.

Sentencia de la CIDH (2017):
Veintiún años después de los crímenes cometidos en La Esperanza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que marca un hito en la lucha por la verdad y la justicia en Colombia. En este fallo, la Corte declaró al Estado colombiano responsable por la desaparición forzada de 12 personas y el asesinato del personero municipal, reconociendo que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático de violencia en el que hubo colaboración activa entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares, específicamente las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM).

La Corte documentó cómo agentes estatales facilitaron las operaciones paramilitares, omitieron su deber de protección a la población civil, y no actuaron frente a denuncias reiteradas. Este reconocimiento de responsabilidad estatal no solo es una victoria simbólica para los familiares, sino que obliga al Estado a adoptar medidas concretas, como:

• Investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, sin dilaciones injustificadas.
• Implementar políticas públicas de reparación integral para los familiares.
• Realizar actos públicos de reconocimiento y memoria histórica.
• Garantizar que estos hechos no se repitan.

Sin embargo, a pesar de la contundencia del fallo, su implementación ha sido lenta, fragmentada y, en muchos aspectos, insuficiente, lo que perpetúa la impunidad y profundiza la revictimización de quienes han esperado décadas por justicia. La sentencia pone en evidencia la falta de voluntad política del Estado colombiano para romper con estructuras de poder que aún protegen a los responsables de crímenes atroces.

Desigualdad en la justicia transicional:
Aunque Colombia cuenta con un modelo de justicia transicional que ha sido internacionalmente elogiado —especialmente por la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)—, en la práctica, las víctimas siguen enfrentando enormes obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral.

La JEP, encargada de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado, ha mostrado avances en términos de macrocasos y comparecencias de actores armados y estatales, pero su enfoque a menudo parece más garantista con los victimarios que con las víctimas. El lenguaje técnico, los trámites burocráticos, y la exigencia de pruebas que muchas veces las víctimas no tienen (porque el propio Estado destruyó o escondió los registros), terminan por excluirlas o silenciarlas en los procesos judiciales.

Además, la falta de voluntad política real del Estado —visible en el incumplimiento de fallos, la desfinanciación de entidades clave, y la estigmatización de las organizaciones sociales— impide que la justicia transicional sea verdaderamente transformadora. En lugar de facilitar el acceso a la verdad, muchas víctimas se enfrentan a procesos revictimizantes, donde deben contar una y otra vez sus historias sin que ello implique consecuencias judiciales para los responsables.

Esta desigualdad estructural perpetúa la impunidad histórica en Colombia y refuerza la desconfianza de las comunidades hacia las instituciones. La justicia transicional, en su diseño, prometía ser un camino hacia la reconciliación, pero en su aplicación, ha sido incapaz de nivelar el terreno entre quienes sufrieron la guerra y quienes la promovieron o permitieron desde el poder.

Persistencia de las víctimas:
Frente al silencio institucional, la indiferencia del Estado y el peso abrumador de la impunidad, la resistencia de las víctimas se convierte en un acto de dignidad y de memoria activa. Líderes como doña Florinda Gallego —”doña Flor”— encarnan esa lucha obstinada y profundamente humana por la verdad, la justicia y el derecho a recordar.

Durante casi tres décadas, doña Flor ha exigido saber qué ocurrió con sus seres queridos desaparecidos en La Esperanza (Antioquia), y lo ha hecho en un contexto hostil: rodeada de amenazas, indiferencia estatal, negligencia judicial y una sociedad que, en muchos casos, ha preferido olvidar. Su lucha no es individual; es el reflejo de una comunidad que se rehúsa a aceptar el olvido como destino, que encuentra en la memoria una forma de reparación, y en la verdad, una forma de vida.

Esta persistencia tiene un alto costo emocional. Muchas víctimas no sólo han perdido familiares, sino también la salud, la tranquilidad y la posibilidad de una vida sin miedo. Sin embargo, la resistencia se sostiene en la convicción ética de que la historia no puede ser escrita por los verdugos. Por eso, doña Flor no es solo una madre buscando a sus hijos; es una guardiana de la verdad, una referente moral en un país donde la impunidad sigue siendo norma.

Su presencia constante en audiencias, foros, y actos de memoria es testimonio de que, aunque el Estado falle, las comunidades no están dispuestas a rendirse. En contextos como La Esperanza, la persistencia de las víctimas es más que un acto de denuncia: es un ejercicio de reconstrucción de tejido social, de dignificación de la vida, y de resistencia colectiva frente a un sistema que ha fallado una y otra vez en su deber de proteger, reparar y garantizar justicia.

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