Según el informe ‘El proyecto minero-energético en la región del Oriente Antioqueño: sus impactos sobre el territorio’, realizado por la Corporación Jurídica Libertad, se han documentado más de 250 casos de desaparición forzada en San Carlos y Nariño (Oriente Antioqueño)en los últimos 24 años provocados, entre otras causas, por la violenta reacción en contra de los opositores a la implementación de proyectos hidroeléctricos en la zona.
En estos municipios golpeados por el conflicto armado y por la presencia de distintos grupos armados, las desapariciones forzadas empezaron a ser utilizadas como herramienta de guerra.
Cabe resaltar que esta modalidad de victimización tiene gran impacto psicológico en la población y fue una de las técnicas de mayor utilización por los grupos paramilitares.
A partir del año 1995, el crecimiento exponencial de esta modalidad coincide con el fortalecimiento de la presencia militar de estos grupos ilegales y se reafirma en su permanencia en el año 2005, momento en el cual no se registra presencia guerrillera en el municipio.
Por lo tanto, su utilización deja ver el interés de estos grupos por ejercer control sobre el territorio.
En San Carlos, las centrales hidroeléctricas de Punchiná, Jaguas, Playas y Calderas alteraron las tradiciones productivas de los campesinos de la región, generando desplazamiento y alteración en las formas de vida en las décadas de 1970 y 1980. En los últimos años el Grupo Empresarial Antioqueño, ha desarrollado importantes proyectos hidroeléctricos como Porvenir II de la empresa CELSIA.
En Nariño, los “Chechos”, grupo familiar de gran poder económico y social, hoy tienen licencia para desarrollar una micro central hidroeléctrica y poseen un contrato de concesión para explotación de oro. Dicho grupo también es dueño de la empresa Termales Espíritu Santo, ubicada en la subregión de Páramo.
La consolidación del proyecto minero energético en el Oriente Antioqueño evidencia cómo los intereses de las élites regionales por controlar los recursos naturales a través del control militar del territorio se han ido incrementando.
Asimismo, se continúan violando los Derechos Humanos de los habitantes de estos municipios y despojándolos de sus territorios.
En el marco de las acciones de las comunidades campesinas, pesqueras y mineras artesanales que se ven afectadas por la ejecución del proyecto de San Carlos, el pasado 3 de Julio se celebró en el municipio la Audiencia Pública Ambiental adelantada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA.
En el acto, que contó con la presencia de más de 1700 personas de los cuatro municipios afectados por el proyecto, se escucharon argumentos a favor y en contra del proyecto por parte de autoridades y organizaciones sociales y ambientales.
Estas comunidades que sufrieron los efectos de la guerra en sus territorios, hoy se sienten nuevamente amenazadas por la construcción de megaproyectos hidroeléctricos.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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