Organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos rechazan la forma como la JEP ha impulsado y organizado la Audiencia Pública Nacional de Medidas Cautelares

14 mayo 2024

Las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos que suscriben el presente comunicado, expresan su rechazo ante las formas que ha empleado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la organización y convocatoria de la Audiencia Pública Nacional de Medidas Cautelares que inicia hoy, martes 14 de mayo, en Bogotá y continúa el 16 de mayo en Barrancabermeja. 

Las organizaciones peticionarias de esta Audiencia, desde el 21 de noviembre de 2023, presentaron al despacho del magistrado Raúl Eduardo Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP, un oficio con propuestas de lugares, fechas, metodología y participación de las víctimas, incluyendo la solicitud de reuniones previas al agendamiento de la audiencia, con el propósito de articular con los demás despachos que tienen bajo su conocimiento medidas cautelares y hacer más óptimo y público, el propósito de la audiencia nacional,  pero dicha propuesta no fue tenida en cuenta por parte de la JEP.

En este sentido, mencionamos las irregularidades que se han presentado en este proceso:

1. No se tuvieron en cuenta las propuestas de las organizaciones peticionarias de las medidas cautelares en diversos sitios de interés forense, donde se presume existen cuerpos no identificados o cuerpos identificados no reclamados de víctimas de desaparición forzada. 
2. La segunda fecha de la Audiencia escogida por la JEP en la ciudad de Barrancabermeja coincide con la conmemoración número 26 de la Masacre de Barrancabermeja (16 de mayo de 1998), esto ocasionará el desvío de la atención para dicha conmemoración y centrarse en la Audiencia Nacional, las organizaciones de víctimas de esta región de Santander expresan su descontento por no haber contemplado esta situación. Además, la convocatoria de las organizaciones que hacen parte del colectivo 16 de Mayo se hizo a pocos días de la audiencia y sólo ante el reclamo de las mismas.  
3. Inicialmente, la JEP limitó la participación en la Audiencia de solo dos vocerías de las organizaciones peticionarias, de víctimas y buscadoras, lo que no garantiza una participación efectiva y central de las víctimas. Ante el rechazo y negativa de esta posibilidad, han abierto dos espacios más de participación, pero de una manera desordenada, sin consenso y de manera tardía. 
4. La JEP no ha informado la metodología que se empleará en la Audiencia Nacional, lo que no garantiza una participación efectiva, la cual implica claridad, coordinación e integración de las necesidades y expectativas de las organizaciones peticionarias y representantes de víctimas. Esto tampoco ha permitido, que se integren claramente las medidas, órdenes y procesos que se llevan en los demás despachos que conforman la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. 
5. No se ha dado el lugar correspondiente a las víctimas, quienes deben ser el centro de todas las acciones, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz de 2016.  

Es posible afirmar que no existen garantías para las víctimas de desaparición forzada y las organizaciones peticionarias de las medidas cautelares para el óptimo desarrollo de la Audiencia Pública Nacional de Medidas Cautelares; eso se evidencia en que las mismas no han sido tenidas en cuenta en la organización de este evento. 

En virtud del principio de la centralidad de las víctimas, se debería coordinar la metodología, preparación, organización y la participación en las distintas audiencias. Así mismo, se debería garantizar la posibilidad de ser escuchadas, sin la premura de tiempos y espacios limitados para que conozcan sus necesidades y expectativas, lo cual representa un pilar fundamental del Sistema Integral de Paz y de la JEP, emanado del acuerdo de Paz (2016) y establecido en la Ley 1957 de 2019.

Exigimos a la JEP que mejore sus prácticas de participación efectiva de las víctimas y que garantice la centralidad de las mismas en todas sus acciones y decisiones.

Suscriben:

• Asociación y Familiares de Detenidos Desaparecidos – ASFADDES
• Grupo Interdisciplinario GIDH
• Corporación Jurídica Libertad
• Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
• Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
• Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
• Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social CEDAT Universidad de Caldas 
• Colectivo 16 de Mayo – Barrancabermeja
• Unión Sindical Obrera – USO
• Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU)
• Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS)
• Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS
• Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR)

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forenses y Asistencia Psicosocial (EQUITAS), El Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS y la Fundación para el Desarrollo Comunitario Samaná (FUNDECOS).