Foto: Corporación Jurídica Libertad
Los líderes reclamantes de tierras en el Urabá antioqueño, han sufrido todo tipo de vejámenes, que van desde persecuciones por parte de la Fuerza Pública hasta amenazas de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia AUC y otros grupos al margen de la ley. Los asesinatos han sido sistemáticos a causa de su labor en la defensa de las tierras de víctimas de despojo.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de la hacienda Guacamayas, a poco más de una hora de Belén de Bajirá, en el departamento de Chocó, donde un grupo de familias, de la mano de organizaciones sociales han luchado durante más diez años para recobrar sus predios, arrebatados por grupos paramilitares presentes en la zona y adjudicada a firmas inmobiliarias que aseguran ser dueños legítimos de esos predios.
El punto cumbre de esta lucha por la reparación a las víctimas de la región, se dio en terrenos de esta hacienda el pasado 15 de mayo, donde la jueza del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, en concordancia con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, hizo la entrega material de los predios pertenecientes a siete de las doce familias reclamantes.
Algunos de los títulos de propiedad entregados, estuvieron los predios de El Descanso, Deja que Hablen, Santa Fe, No Hay Como Dios, Villa Fanny y Carmen Alicia, todos estos inscritos en los terrenos de la Hacienda Las Guacamayas.
El evento estuvo acompañado por diferentes representantes de entidades públicas como los alcaldes de Mutatá y Riosucio, y representantes de la Defensoría del Pueblo, Unidad de Restitución de Tierras, así como las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), organizaciones que presidieron el proceso jurídico de las familias y que las asesoraron durante toda una década.
El caso de Guacamayas marca un precedente en la lucha de restitución de tierras debido a su amplio historial de batallas judiciales y políticas que tuvieron que librar organizaciones y por los múltiples asesinatos de más de los más de 20 líderes y lideresas que estuvieron al frente del proceso de restitución.
El llamado de las familias reclamantes es claro: el Gobierno Nacional debe poner su atención en el Urabá antioqueño, puesto que la restitución por si sola no basta para reparar a las víctimas. Falta mayor protección a los líderes, lideresas y reclamantes de tierras, así como un acompañamiento en proyectos productivos para que la región diversifique sus cultivos y dejen atrás la ganadería extensiva, la cual que vino de la mano con la oleada de violencia que desataron los paramilitares desde la década de los 80.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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