Por: Campaña Imprescindibles
Con delegaciones de lideresas y líderes de 8 subregiones de Antioquia y la presencia de diferentes instituciones del orden local, departamental y nacional se desarrolló el día 17 de abril la audiencia de balance de la Mesa Territorial de Garantías – MTG. Este es un espacio de interlocución entre las organizaciones defensoras de Derechos Humanos del departamento y las instituciones del Estado para la gestión de políticas y acciones orientadas a la garantía, prevención y protección a la labor de defensa de los DDHH. La Mesa fue instalada en diciembre de 2015, luego de varios años de discusiones y debates entre las organizaciones sociales y la institucionalidad.
Este encuentro se da en medio de la crisis humanitaria que se agudiza en varios departamentos de Colombia, entre ellos Antioquia. Según el Informe sobre la situación de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y agresiones contra la labor de las y los defensores de derechos humanos en Antioquia 2022-2023 elaborado por la Corporación Jurídica Libertad “durante el 2022 se documentó 153 agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos (72 casos tras la posesión de Gustavo Petro, entre ellos 11 homicidios): 104 hombres, 43 mujeres, 5 LGTBIQ+ y 1 caso fue de carácter colectivo.”
A esto se suma el aumento de combates, desplazamientos forzados, confinamiento, amenazas y masacres, situaciones que dejan en evidencia el incumplimiento de los Ceses al Fuego Bilaterales y Temporal de Carácter Nacional por parte de las AGC, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia.
En el marco de la audiencia de la MTG, las intervenciones de las y los líderes giraron en torno a la debilidad en las rutas de atención por falta de personal idóneo en las diferentes dependencias, la constante estigmatización contra los liderazgos, la ausencia de investigaciones cuando se presentan denuncias y, en los casos en que son atendidas, los pocos avances en éstas ya sean de carácter disciplinario o judicial. También se evidenció la falta de implementación de los enfoques de género, étnico y territorial y la lentitud en la formulación e implementación de políticas públicas en materia de derechos humanos por parte de las alcaldías del departamento. Además, se denunciaron hechos de reclutamiento forzado a menores de edad y la connivencia de miembros de las fuerzas armadas con los grupos armados, especialmente las AGC, lo cual provoca que muchas lideresas y líderes no se atrevan a denunciar.
La respuesta institucional estuvo a cargo de los funcionarios de la Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección, UARIV, Gobernación de Antioquia, Procuraduría General, Secretarías de la No violencia y de Inclusión social de la Alcaldía de Medellín, Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo. El Ejército Nacional brillo por su ausencia. Cada representante de estas instituciones hizo un listado de las actividades realizadas durante el año pasado en materia de protección y garantía para el ejercicio de liderazgo social y la defensa de los derechos, en las cuales se percibió la desarticulación institucional en esta materia. Además, la mayoría de los funcionarios reconoció las enormes falencias en el alcance de estas actividades escudándose en la complejidad de los territorios por la presencia permanente de los grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo encabezada por Yucelly Rincón, entidad que ejerce la secretaría técnica de la MTG, reconoció la delicada situación del departamento y afirmó que “estamos muy lejos de no garantizar la repetición en los territorios pese a las advertencias proferidas desde años atrás. Las alertas tempranas desarrolladas en algunas subregiones desde 2012 así lo demuestran: el Nordeste paso de tener 2 municipios críticos a 5 y en el Norte, 8 de los 17 municipios viven en alerta de riesgo”.
Desde el gobierno nacional se contó con la participación del subdirector de derechos humanos del Ministerio del Interior Harold Vargas, quien expreso que, en medio del debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio impulsará la política pública de derechos humanos, la de prevención y garantías.
“Mas allá de las dificultades surgidas en el primer debate sobre el PND en la cual el Congreso orienta la política exclusivamente a la prevención de amenazas a defensores de derechos humanos, para el gobierno nacional esta política debe ser más amplia. Lo que estamos buscando es garantizar 13 mil millones de pesos para fortalecer las medidas colectivas, como por ejemplo darle viabilidad a la conformación y consolidación de las mesas territoriales de garantía a nivel nacional”, afirmo el funcionario.
La audiencia finalizó con varias propuestas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Una de ellas, en materia de prevención consistió en el llamado a una reunión de la Subcomisión de Prevención de la Dirección de Derechos Humanos de la Presidencia con el encargado nacional en materia de Derechos Humanos de la Policía Nacional y el responsable nacional de la Procuraduría encargado de estos mismos asuntos. También se propuso que las próximas sesiones y audiencias de la MTG sean descentralizadas en las subregiones.
Por último, se demandó a la Secretaría Técnica y demás entidades oficiales asumir un mayor compromiso con la Mesa Territorial de Garantías de Antioquia. Mayor compromiso en lo político para avanzar en la prevención y garantías a la labor de lideresas y líderes, y en asuntos presupuestales, pues son las mismas organizaciones sociales, quienes, en medio de permanentes dificultades, hacen todos los esfuerzos económicos para que estos escenarios tan importantes para la construcción de paz sean posibles.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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