En su revisión anual, Trial International destacó la querella interpuesta en contra de Álvaro Uribe Vélez por 11 víctimas de ejecuciones extrajudiciales (familias de las cuatro víctimas identificadas y siete víctimas sin identificar) y tres organizaciones defensoras de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad.
Esta es una traducción al español del artículo original. Da click al siguiente enlace y busca el informe completo para leer la versión en inglés https://trialinternational.org/latest-post/universal-jurisdiction-annual-review-new-developments-in-2024/
Las víctimas y las ONG reciben la condición de parte civil en la investigación de los delitos de «falsos positivos» presuntamente cometidos por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez
Cargos: Dado que el caso se encuentra en fase de investigación, el sospechoso no ha sido acusado formalmente. La investigación se centra en los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desapariciones forzadas y en el crimen de guerra de asesinato.
Hechos: Entre 2002 y 2008, el conflicto armado en Colombia (1958-2016) se caracterizó por un aumento de la militarización, una escalada de la violencia paramilitar y ataques contra la población civil. Durante este periodo, agentes del Estado, en particular miembros del ejército nacional, ejecutaron y forzaron la desaparición de al menos 6402 civiles y otras personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Las víctimas eran en su mayoría hombres jóvenes de origen modesto a los que se atraía con promesas de trabajo y luego eran ejecutados por soldados. Posteriormente se les vestía con trajes de guerrilleros y/o se les colocaban armas en las manos y se les presentaba ilegítimamente como combatientes de la guerrilla izquierdista muertos durante los combates. Estos crímenes se cometían con el objetivo de aumentar las estadísticas y crear la impresión de que el ejército estaba ganando la guerra.
Estos delitos, conocidos públicamente como «falsos positivos», se habrían cometido en 31 de los 32 departamentos de Colombia, por todas las divisiones del ejército y con el mismo modus operandi. En ellos habrían participado una amplia gama de miembros de las fuerzas armadas, incluidos los mandos bajos, medios y altos.
Uribe fue presidente de la República de Colombia de 2002 a 2010. Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, puso en marcha una «Seguridad Democrática» encaminada a una mayor militarización del país para hacer frente a los grupos guerrilleros, presionando así a las fuerzas armadas para que aumentaran sus resultados operativos. Uribe es sospechoso de haber tenido conocimiento de la práctica delictiva de los falsos positivos, y de no haber prevenido, investigado ni castigado esos delitos. También habría desestimado numerosas denuncias que se presentaron contra estos delitos y continuó presionando a sus tropas para que informaran de un número significativo de bajas en combate, a pesar de que, según los informes, sabía que las víctimas eran civiles.
La Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal de transición establecido en 2017 para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, ha acusado hasta ahora a un total de 99 miembros de las fuerzas armadas colombianas, entre ellos ocho generales, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Sin embargo, no tiene jurisdicción sobre ex presidentes.
Un análisis preliminar de la situación en Colombia por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se centró en los crímenes de falsos positivos desde 2012. Sin embargo, el análisis se cerró en 2021 tras alcanzar un acuerdo de cooperación con el gobierno colombiano.
Proceso legal: El 7 de noviembre de 2023, 11 víctimas y tres ONG colombianas -el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL)- presentaron ante la fiscalía argentina una querella contra el expresidente colombiano por los delitos de falsos positivos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El caso fue asignado a un juez de instrucción del Juzgado Federal N°2 de Buenos Aires y a un fiscal federal. El 9 de noviembre de 2023, el juez pidió a la CPI que compartiera, con las autoridades argentinas, información sobre cualquier investigación relativa a los crímenes denunciados.
El 19 de diciembre de 2023, el fiscal asignado al caso anunció la apertura de una investigación y solicitó varios actos adicionales de asistencia mutua a Colombia.
Desarrollo en 2024: En junio de 2024, el juez instructor recibió una respuesta de la CPI en la que afirmaba que no tenía ningún proceso activo contra Uribe.
El 1 de julio de 2024, el juez instructor concedió la condición de parte civil a las 11 víctimas colombianas y a las tres organizaciones colombianas, CSPP, CAJAR y CJL. Como partes civiles, pueden participar en el proceso, solicitar pruebas y pedir una acusación si la fiscalía no lo hace. Hasta la fecha, las autoridades argentinas no han escuchado ningún testimonio.
Encuentra el informe completo en https://trialinternational.org/latest-post/universal-jurisdiction-annual-review-new-developments-in-2024/
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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