Sesión territorial de Antioquia

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

• En el encuentro convocado por la Mesa por los derechos humanos frente al poder empresarial, que tuvo lugar el 25 de abril de 2024 en la ciudad de Medellín, participaron más de 70 personas de diversas organizaciones a nivel nacional e internacional.
• El objetivo del encuentro era propiciar el diálogo entre instituciones del Estado nacionales y regionales, con comunidades que padecen riesgos e impactos por la operación y licenciamiento de proyectos de generación de energía que afectan los derechos humanos y deterioran los ecosistemas. Destacó la ausencia de varias entidades.

La Mesa por los derechos humanos frente al poder empresarial es un espacio autónomo, activo desde el 2016, de organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos de la sociedad civil de Colombia, para el diálogo, la disertación, los aprendizajes mutuos y la búsqueda de propuestas comunes alrededor del análisis crítico de la conducta empresarial en el país.

Las apuestas por descentralizar la acción colectiva de las organizaciones de la Mesa, y apoyar los ejercicios de apropiación y participación que tienen las comunidades en los proyectos de generación de energía, fueron los ejes detonantes que llevaron a realizar el foro Territorializar la transición energética: retos para garantizar los DDHH y la justicia ambiental, un ejercicio para  conocer y dar lugar a las experiencias sociales y comunitarias alrededor de la diversificación de la producción de energía, reconociendo  todo el proceso social, cultural, económico y ambiental de los territorios.

El foro pretendió poner en diálogo las posturas técnicas con las experiencias territoriales y demandas de organizaciones sociales de las subregiones de Bajo Cauca, Oriente, Suroeste y Nordeste del departamento, quienes han sido objeto de violaciones a los derechos humanos a causa de grandes proyectos empresariales de generación de energía.

A este espacio fueron convocadas diferentes entidades, entre ellas el Ministerio de Minas y Energía, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Corpourabá, Corantioquia, Cornare y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, de las cuales sólo asistió esta última, y de manera virtual. Pese a la invitación con suficiente antelación y la debida notificación, algunas entidades ni siquiera respondieron y otras informaron de su no asistencia, situación que dejó más preguntas e inquietudes a las organizaciones asistentes, con respecto a los proyectos y procesos de licenciamientos en las subregiones anteriormente mencionadas.

Como organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y de la sociedad civil, MANIFESTAMOS que:

• Es indispensable el diálogo del Estado con las comunidades que habitan los territorios y que padecen los cambios sociales, económicos, culturales y demográficos derivados de la instalación de proyectos, que violan sus derechos fundamentales, en contravía de lo que debería ser una apuesta territorializada para una transición energética realmente justa para la ciudadanía.
• La transición energética no puede restringirse a los procesos empresariales y las soluciones del mercado, imponiendo un modelo corporativo de arriba hacia abajo. Instamos a generar espacios efectivos de participación y decisión sobre las agendas y apuestas por la transición energética justa y popular, no queremos más dinámicas y modelos de acaparamiento y despojo de tierras y territorios de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
• Es indispensable replantear el sistema económico actual. No podemos continuar bajo modelos que fomentan la mercantilización de los bienes comunes, aun cuando se evidencia que sobrepasamos los límites de la tierra. Debemos combinar la justicia social con la justicia ambiental, transformar la desigualdad radical que existe en relación con la manera en cómo se distribuyen los bienes comunes, a través de la promoción y participación en la democracia energética.
• Es importante implementar y garantizar el derecho al consentimiento, pues la consulta previa, libre e informada es insuficiente en el escenario actual donde se imponen modelos extractivos. Las comunidades tenemos el derecho de participar ampliamente en la planificación y proyección de nuestros territorios; no puede ser que los escenarios participativos se reduzcan a de socialización de las empresas, la mera notificación, excluyendo nuestras opiniones y experiencias.
• La transición energética justa no puede ser entendida exclusivamente como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la innovación tecnológica de energías renovables. Debe propiciar la discusión sobre los impactos socioambientales de las energías y reconocer la continuidad de las violencias, las injusticias, las conflictividades y los extractivismos sobre los cuerpos, las vidas y los territorios que están en medio de la promesa transicional.
• No pueden dilatarse más las acciones de acompañamiento, la implementación de protocolos de protección y las garantías a los derechos a quienes defienden la vida, los bienes comunes y los territorios. Las personas defensoras de derechos humanos son señaladas, estigmatizadas, querelladas, amenazadas, desplazadas, desaparecidas y asesinadas. Defender la vida, la tierra y el territorio no es un delito, los ataques deben cesar de inmediato y el Estado es el responsable de garantizarlo.
• Reconocemos los retos y el trabajo mancomunado que debe materializarse entre las comunidades y el Estado, razón por la que convocamos a este encuentro y seguiremos abiertas al diálogo. Sin embargo, queda el sinsabor de la no asistencia, de las sillas vacías y las respuestas incompletas a las preguntas y exigencias que tenemos y hemos expresado por décadas, desde nuestras experiencias de vida como comunidades que habitamos los territorios.
• Consideramos que estos espacios de encuentro y diálogo son una oportunidad de acceso a la información, la cual no se debe limitar a procesos de solicitud formal a través de mecanismos como los derechos de petición y las PQR, como alude el Acuerdo de Escazú. Es indispensable que las instituciones públicas y privadas faciliten el diálogo con las comunidades y brinden información suficiente, oportuna y clara frente a los proyectos empresariales que permitan el debate público.

Mesa por los derechos humanos frente al poder empresarial

Procesos sociales de Antioquia que adhieren:

Asociación de afectados del cañón Porce, AFEPORCE
Movimiento Social por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, MOVETE
Red Pluriétnica por la defensa del territorio y los derechos humanos del Bajo Cauca