Organizaciones y víctimas piden llamar a la JEP a altos mandos militares por paramilitarismo, dentro de macrocaso o8

El Espacio de Litigio Estratégico lanzó este jueves 9 de marzo en Bogotá la tercera edición del boletín La Lupa, una publicación periódica donde analizan los avances de la Jurisdicción en relación con los derechos de las víctimas de crímenes de Estado. En esta entrega que titulan Y los más altos responsables ¿Para cuándo?  abordan los retos y cuestionamientos frente a la apertura del nuevo Macrocaso 08 de nominado “Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa con el conflicto armado colombiano”. 

Para esta edición, el boletín resume lo expuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz en el auto de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad -SRVR- No. 104 del 30 de agosto de 2022, partiendo de una breve descripción de la apertura del macrocaso 08, un resumen sobre los criterios que aplicó la Sala para la priorización de casos, como la gravedad y representatividad de los hechos y la magnitud de la violencia, o criterio objetivo, y la vulnerabilidad de las víctimas y representatividad de los autores, o criterio subjetivo, así como la disponibilidad de la información. También resume los criterios sobre los territorios críticos priorizados por la SRVR y metodología de investigación.  Luego expone las consideraciones de las organizaciones frente a estos aspectos en los siguientes apartados: 1. Los reclamos de las víctimas frente a las audiencias de observaciones. 2. El crimen de la desaparición forzada, 3. El principio de estricta temporalidad como argumento recurrente de la SRVR. 

Frente a la participación de las víctimas, las organizaciones cuestionaron su participación real y la verdadera incidencia que sus observaciones y propuestas tuvieron en la definición de los elementos generales del macrocaso 08. En particular, y en relación con la investigación sobre la desaparición forzada y la decisión de la JEP de no abrir un caso específico, el Espacio de Litigio Estratégico propone un abordaje transversal y señala que «La investigación de la desaparición forzada en todos los macrocasos y en particular en el 08 no debe limitarse a la connivencia y asocio con grupos paramilitares, sino develar este crimen como política y estrategia de la Fuerza Pública». 

En relación con la estricta temporalidad, se refirieron a los escasos avances de la Sala ya que, después de seis meses de haber sido dado a conocer el Auto de apertura 104 de agosto de 2022,  la JEP ha llamado a rendir versión voluntaria a un solo militar, el General (r) Leonardo Barrera Gordillo. Esto pese a que en varias ocasiones la JEP le ha recordado a  las víctimas que tiene un plazo perentorio de existencia ya definido.

Las organizaciones también expresaron su preocupación por la exclusión de esta primera ronda de priorización de regiones donde se cumplen con los criterios para ello y donde tuvieron lugar los múltiples repertorios de violencia que aborda el Auto, como los departamentos de Arauca, Sur de Bolívar, Sucre, Valle del Cauca y Boyacá, en donde además, persisten fenómenos de macrocriminalidad por parte de estructuras paramilitares, disidencias y Ejército. 

Sobre la metodología anunciada por la Sala para abordar este nuevo macro caso, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, (según el rango militar de los involucrados) las víctimas y organizaciones señalan que, si bien es un avance en relación con el macrocaso 03, la metodología de arriba hacia abajo está enfocada en términos de establecer políticas  o patrones de carácter nacional de asociación criminal- oficial/paramilitar para la comisión de graves violaciones a los DDHH, pero no responsabilidades  individuales, y en consecuencia, piden a la JEP llamar a comparecer a altos mandos militares por su presunta responsabilidad en la expansión del paramilitarismo, a fin de avanzar con mayor celeridad y dentro del principio de estricta temporalidad que rige las actuaciones de la JEP.  

Esta es la lista de estos máximos responsables que, a criterio de las organizaciones deben ser llamados a reconocer responsabilidad y aportar verdad dentro del macrocaso 08: Mario Montoya Uribe, Fredy Padilla de León, Jaime Humberto Uscátegui, Oscar Enrique González Peña, Publio Hernán Mejía, Hernán Girlado Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Leonardo Barrero Gordillo,Guillermo Quiñones Quiroz, Reinaldo Castellanos Trujillo, Gilberto Rocha Ayala, Alejandro Miguel Navas Ramos, Carlos Alberto Fracica Naranjo, Luis Antonio Coronado León, Lino Sánchez Prada, Rodrigo Quiñones Cárdenas, Carlos Ovidio Saavedra Saénz , William Fernando Pérez Laiseca y Héctor Alejandro Cabuya de León, Iván Ramírez Quintero, quienes son presuntamente responsables de haberse asociado o colaborado con estructuras paramilitares. 

Las organizaciones acompañantes y las víctimas insisten ante la Jurisdicción Especial para la Paz en la búsqueda de los máximos estándares de participación de las víctimas y de verdad, justicia reparación integral y garantías de no repetición frente al papel de la fuerza pública en estos crímenes.