Las garantías aún no llegan

Informe primer semestre 2023

A un año de posesión de un nuevo gobierno, esta vez con un discurso y agenda progresista, la realidad es que en Colombia los cambios estructurales esperados aún no llegan, sin embargo se considera como parte de los avances: la reforma tributaria, la declaración del campesinado como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria, la formalización y titulación de tierras, aprobación de Zonas de Reserva Campesina (4), aumento del presupuesto de educación (54,8 billones) y agricultura (4,2 billones), aumento del aporte social para mujeres cabeza de hogar (500.000 mensuales), la creación del Ministerio de la Igualdad[1] y la sanción de la Ley 2307 del 2023, «por la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas”; la ratificación del Acuerdo de Escazú, la defensa de la Amazonía y el posicionamiento internacional de la necesidad de un cambio de enfoque en la política de lucha contra las drogas, así como en el campo del modelo extractivista y de la transición energética.

En materia de paz se cuentan como avances importantes: 1) los resultados que viene dando el proceso de negociación entre el ELN y el gobierno nacional de cara a una agenda de diálogo[2], el pactar un Cese al Fuego (protocolo y Veeduría Social) por 180 días[3] y la instalación del Comité Nacional de Participación[4]. 2) nombramiento de negociadores[5] en el proceso con el Estado Mayor Central- EMC, que después de instalada una mesa se podría presentar un nuevo Cese al Fuego con este grupo, esta vez con un protocolo, y 3) los acercamientos entre el gobierno y 12 estructuras urbanas de Antioquia, así como en Quibdó y Buenaventura. Estos tres casos, si bien son escenarios que pueden ser importantes para la paz, presentan poca claridad para las comunidades en especial por no existir un marco jurídico.

Por otra parte, el gobierno nacional no ha podido adelantar reformas estructurales como la de salud, pensiones y laboral debido a la decisión de gran parte del Congreso de la República, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, de obstaculizar esta agenda transformadora que beneficia a millones de colombianas y colombianos empobrecidos, en una abierta batalla por asegurar los intereses de las élites políticas y grupos económicos. A esto se suma una baja ejecución presupuestal anual por parte del gobierno nacional, 40% (El Nuevo Siglo, 2023) lo que ha provocado numerosas críticas, pero sobre todo efectos en la ejecución de la política social.

La crisis humanitaria y de derechos humanos no da tregua, no solo por la persistencia del conflicto político, social y armado, sino también porque la política de Paz Total, que fue tramitada en el Congreso, ahora Ley de Paz Total, la firma de cuatro Ceses al Fuego[6]y la adopción del Plan de Emergencia para la protección a líderes y lideresas sociales, personas defensoras de DDHH y firmantes de paz, todas acciones respaldadas por los movimientos sociales y la comunidad internacional, no tuvieron el impacto esperado.

Parte de los retos del gobierno para esta nueva legislatura 2023-II es poder avanzar con la implementación del Acuerdo de Paz, tramitar las reformas propuestas en el Congreso, lograr un marco jurídico para los procesos de sometimiento, expedir la política pública de desmonte del paramilitarismo y de otras estructuras que ejercen violencia y lograr frenar la crisis humanitaria que viven los territorios. Además de configurar un sistema integral de protección para los líderes y lideresas sociales.

En el campo de los Movimientos Sociales será indispensable retomar las agendas de movilización social en la medida en que las reformas históricas que se han reivindicado y que son necesarias para avanzar en el goce efectivo de derechos humanos están siendo truncadas por sectores políticos y económicos dominantes.

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